Por Silvio Méndez, periodista de Entre Ríos Ahora.
El juez Ángel Moia, titular del Juzgado Civil y Comercial N° 9, sigue deshojando la margarita para decidir qué hacer con el concurso preventivo de El Diario, de Paraná.
La editora del periódico, Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), ingresó en concurso preventivo en junio de 2018, cuando despidió a más de 80 trabajadores sin un peso en los bolsillos. Pasado el tiempo previsto para enderezar una empresa que sigue a los tumbos, ahora debe saldar sus deudas o ir al remate de sus bienes. Se trata de un escenario traumático para los socios de la firma ya que se encuentran valiosas propiedades a nombre de la SA.
El conflicto por los despidos masivos en el centenario matutino de la capital provincial sigue latente. Desde que comenzó la ola de cesantías, hace casi tres años, los periodistas, gráficos y administrativos que quedaron en la calle no han obtenido el resarcimiento que les corresponde por la ley laboral vigente, además de los seis meses de sueldos caídos a ese momento.
Algunas monedas, sumas insignificantes, han ido cayendo a cuentagotas en concepto de “Pronto Pago”: un dinero que la normativa fija debe destinarse en un mínimo del 3% proveniente de los ingresos que obtenga la empresa que sea admitida en esta situación. Pero por el contrario, SAER se las ha ingeniado para eludir esta carga, lo que ha derivado en embargos bancarios e interminables trámites por tan poca cosa.
Además, la empresa también ha urdido movimientos para evitar que se contabilicen ingresos genuinos que puedan ser debitados por esta obligación. Uno de ellos es a través de “ceder” el cobro de facturas de publicidad del Estado provincial a sus proveedores de servicios, sin ingresar esta plata a sus arcas. Por ejemplo, a mediados de 2020, la empresa registró este tipo de operatoria al entregar facturas por $7.115.630 a tres firmas: a El Litoral SRL –editora del diario El Litoral, de Santa Fe–, a Artes Gráficas del Litoral (AGL) –la titular de la planta impresora en Sauce Viejo, provincia de Santa Fe, cuyos dueños son El Litoral y el Grupo Clarín–, y a Plural SA, una editora gráfica del grupo El Litoral.
La particularidad de esta maniobra es que El Litoral, hasta octubre del año pasado casualmente gestionaba el concurso preventivo. Esto lo hacía como parte de un preacuerdo de opción de compra del paquete mayoritario de SAER. El mandamás del grupo El Litoral, Nahuel Caputto, encomendó al coqueto Estudio Jurídico Prono de la ciudad de Santa Fe la administración de SAER, al tiempo que así pudo asegurarse el cobro por sus aportes auto transfiriéndose el cobro de facturas por auspicio oficial.
Pero la luna de miel llegó a su fin. Sin mayores perspectivas redituables, Caputto decidió retirarse paulatinamente en octubre pasado de la gestión de SAER y anticipó que no haría uso de la cláusula de adquisición. En una situación apremiante, volvieron a la administración de El Diario los propietarios que siempre estuvieron en las sombras. SAER es propiedad en un 66,6% de NEA Capital Creativo SA, cuya cabeza visible es Ramiro Héctor Nieto, un exitoso empresario televisivo de Rosario. El otro 33,3 % está en manos de la familia Etchevehere, que componen Leonor Barbero Marcial –la viuda de Luis Félix Zahorí Etchevehere– y sus hijos: el ex ministro de Agroindustria de Mauricio Macri, Luis Miguel; Sebastián y Juan Diego.
Las joyas de la abuela.
Con el “regreso” de Nieto y los Etchevehere, el concurso preventivo también se enfiló hacia su recta final, ya que van cerrándose los plazos para que la empresa salga de su crisis o vaya a la quiebra para pagar las deudas. De todas maneras, estos tiempos se han tornado elásticos, ya que el titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 9 que está a cargo del expediente, no demuestra una mayor dinámica que la de seguir deshojando la margarita.
El 4 de febrero pasado venció el plazo para que SAER presente una propuesta de pago a sus acreedores. Debería haber sido una de las últimas instancias ya de la convocatoria, porque la misma ya ha sido pospuesta sucesivamente. Pero resulta que Mariano Ricardo Prono, del Estudio Prono –que todavía no se fue del todo– pidió extender 30 días más el plazo de vencimiento del “periodo de exclusividad” para presentar los acuerdos de pago con ex trabajadores y otros acreedores.
Sobre este pedido, el juez Moia –que conoce a los Prono por haber transitado por sus oficinas– todavía no decidió. El magistrado pondrá esta consideración en su despacho luego que un organismo del Estado provincial responda una solicitud de información, en un artilugio administrativo dentro del expediente que ninguno de los abogados laboralista intervinientes logra entender. Es así que cuando este requerimiento sea ingresado comenzará a descontarse la renovación de prórroga que se da casi por descontada.
Con Prono en Tribunales, las negociaciones con los acreedores ahora las timonea estudio de abogados CMS de Rosario, que fue contratado por los empresarios de medios rosarinos Orlando Vignatti y Gustavo Scaglione, y que a su vez fueron por convocados por Nieto en otro intento de una fuga hacia adelante.
Ahora, ¿qué objeto tiene todo este aplazamiento? Todos los indicios evidencian que la idea de “patear” para adelante estos términos tiene el solo objetivo de evitar una quiebra segura y con ello el remate de los bienes de SAER para saldar los créditos abiertos, que tan solo con alguna de sus propiedades podría cubrir.
Justamente a fojas 2.999 del expediente Nº 3.366 “Sociedad Anónima Entre Ríos s/Pedido de Concurso Preventivo” figura el listado de estos bienes. En el detalle se describen los vehículos de la firma, una histórica biblioteca, el valor intangible de la marca y la emblemática casa de Urquiza 1.110 de Paraná. Se trata de un inmueble majestuoso que ocupa toda la esquina en su intersección con calle Buenos Aires, “localizada en pleno centro” de la ciudad aclara el informe de la Sindicatura, con una superficie de 300,40 m2. Tan sólo esta propiedad está valuada en 2,2 millones de dólares. También están incorporados al acervo un galpón en avenida Zanni 1.591, tasado en 480.000 dólares; un lote en el barrio privado La Ribera –de 95.000 dólares– y otro terreno en el country Puerto Barrancas –56.000 dólares–. Esto hace un valúo total de unos 2.831.000 en divisa extranjera.
Y como otros activos de El Diario, el relevamiento del Estudio Mariana E. Cerini y Asociados observó una serie de utilidades asignadas a Luis Félix Zahorí Etchevehere, antiguo propietario de la SA junto a sus hermanos Arturo Roosevelt e Ivar Julio. Justamente de esta distribución, la esposa de Luis Félix y sus hijos la conservan como parte del tercio del paquete accionario heredado y que continúa dentro de la sociedad. Entre estos bienes se distinguieron los siguientes inmuebles: uno en calle Santa Fe Nº 322; otro en calle Santa Nº 366; en Los Vascos 745; “una fracción de campo en Mojones Norte; y un “inmueble en Pueblo El Carmen Racedo”. En este paraje es donde se encuentra “Las Margaritas”, la estancia más grande e importante que tiene la familia Etchevehere y que a su vez le da nombre a la SA que administra todos los campos del grupo. De esta descripción de la sindicatura se aclara que estos últimos “inmuebles continúan a titularidad registral de SAER e incluso abona sus impuestos pese a estar en insolvencia, siendo que éstos ya no formarían parte del activo concursal, si bien se informa de ello para su conocimiento, no se realiza valuación de los mismos hasta tanto se resuelva su situación jurídica”, le dice Cerini y Asociados al juez Moia.
