Dos Florines
La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) emitió un comunicado en el que destaca el proyecto de reforma del Código Procesal Laboral de Entre Ríos como “un primer paso concreto y necesario para enfrentar el crecimiento de la litigiosidad que atraviesa la provincia”.
Según manifiestan el texto enviado a DOS FLORINES, la iniciativa avanza sobre herramientas centrales para devolver previsibilidad y objetividad al sistema: propone la creación de un Cuerpo Especializado de Profesionales Médicos dependiente del Poder Judicial, establece la aplicación obligatoria del Baremo vigente y desvincula los honorarios periciales del monto del juicio y del porcentaje de incapacidad determinado.
Señalaron que se trata de avances relevantes frente a una situación que requiere respuestas urgentes. En 2025, Entre Ríos registró 2.502 nuevos juicios por Riesgos del Trabajo, un 25% más que en 2024, mientras que su índice de judicialidad aumentó de 69 a 87 demandas cada 10.000 trabajadores cubiertos. La tendencia se aceleró durante 2026: en los doce meses comprendidos entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, la cantidad de juicios creció 38%, el mayor aumento entre las nueve principales jurisdicciones del país.
Desde UART expresaron que este proyecto constituye el inicio de un camino que debe completarse con una implementación efectiva, rápida y consistente. “La conformación y adecuado funcionamiento del cuerpo médico, la aplicación uniforme del Baremo y, especialmente, la validación del accionar técnico de las Comisiones Médicas como instancia administrativa especializada, son condiciones necesarias para que la litigiosidad vuelva a ocupar el lugar que corresponde: ser la excepción y no la regla”, indicaron.
Precisaron que en 2025, Entre Ríos registró 87 juicios cada 10.000 trabajadores cubiertos; una tasa muy superior a la observada en sistemas comparables como España, con alrededor de 8,5, y Chile, con aproximadamente 5,8. “Si la cobertura y la siniestralidad se mantienen dentro de parámetros comparables, la litigiosidad también debería tender a niveles consistentes con esas experiencias”, añadieron.
Finalmente, concluyeron: “El desafío es lograr que las herramientas se apliquen con celeridad y eficacia. Es urgente recuperar una lógica básica del sistema: que se cumpla la regla y se judicialice la excepción, evitando incentivos que alimenten una litigiosidad que no guarda relación con la evolución de la siniestralidad laboral. La judicialidad excesiva y sin fundamentos atenta contra la productividad de las empresas y la creación de empleo en la provincia”.