La mayoría de los monotributistas seguirá esperando el alivio

Por Nahuel Amore, editor de Dos Florines

La pandemia dejó expuesta la vulnerabilidad de la mayoría de los monotributistas del país. Quienes no facturan, no generan los ingresos necesarios para vivir. Y si bien la reactivación tras el histórico parate posibilita el regreso a sus actividades, la puesta en marcha es todavía heterogénea y paulatina, en un escenario sanitario en permanente incertidumbre y con severas dificultades para sostener y crear empleos registrados y para recuperar los salarios.

A pesar de este diagnóstico, los cambios en el régimen que tratarán los legisladores nacionales no atacan el fondo de la problemática. Lejos de brindar soluciones para el 95% de los contribuyentes que encuentran en el monotributo una alternativa para generar/formalizar ingresos, el proyecto oficial atiende a un grupo muy reducido, cercano a 10 mil personas que oscilan en las tres categorías más altas.

Por un lado, la iniciativa de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) define una nueva actualización de las categorías a partir del cambio en la fórmula previsional. De todos modos, este cambio, que debiera haber ocurrido en enero, no se constituye en un “beneficio” ya que per sé tendría ser automático por tratarse de una regla de juego básica.

Por otro lado, el proyecto que debatirá el Congreso intenta resolver el paso del Régimen Simplificado al Régimen General, es decir, el puente entre el monotributista y el autónomo. El acento está puesto en atender la diferencia de la carga tributaria en la transición entre regímenes, con beneficios fiscales por tres años.

Sin dudas, el texto oficial prefiere poner el foco en un universo acotado de contribuyentes, de aquellos con niveles de facturación elevados que están en condiciones de cambiar de régimen. Brindar una solución a ellos es necesario pero no prioritario para el contexto actual. Por fuera quedan millones de personas que vienen asumiendo una mayor presión impositiva sin que fuera proporcional a sus ingresos.

Fuera de foco

Encarar una reforma del régimen exige de modo urgente buscar mecanismos técnicos y políticos que mejoren la inserción financiera del abanico de monotributistas que están encuadrados en las escalas más bajas. Más del 60% de los 3,5 millones de contribuyentes están anotados en las categorías A, B y C y necesitan del acompañamiento del Estado para sostenerse allí, impedir la subfacturación y evitar el paso a la informalidad absoluta.

Durante los meses de cuarentena, en sus distintas fases, la mayoría afrontó la caída de los niveles de facturación sin que ello tuviera significativos alivios fiscales, tanto de Nación como de Provincia. Como alternativa, el Gobierno de Alberto Fernández ofreció créditos, que resultaron un arma de doble filo para quienes se endeudaron sin saber qué ingresos tendrían los meses siguientes; recién en enero se brindaron exenciones parciales de hasta seis meses, que en Entre Ríos fueron para los A y B hasta junio.

Así las cosas, el régimen dejó al descubierto el problema de la falta de adaptación a las vicisitudes constantes que presenta la economía argentina. Los vaivenes abruptos, exacerbados en pandemia, quitan previsibilidad de trabajo a todos los sectores que ofrecen bienes y servicios en el país. Ni hablar para los contadores. En ese sentido, ¿cómo hace un contribuyente para mantenerse en una categoría si en seis meses -hasta la próxima recategorización- puede ocurrir cualquier eventualidad? ¿Cómo proyectar ingresos en este país? ¿Por qué seguir pagando, por ejemplo, como categoría C o D si se factura por debajo de las posibilidades?

En esa línea, la principal distorsión que emerge como iceberg es la inflación. El aumento generalizado de precios -o la pérdida de poder adquisitivo de la moneda-, provoca un constante desfasaje entre los límites de facturación por categoría, los ingresos reales que se registran, los tributos que se deben afrontar y los aportes previsionales y sociales que se deben solventar para estar incluidos en la seguridad social.

Por ello, establecer un sistema constante de indexación es indispensable, que atienda no sólo las escalas de facturación y los pagos de impuestos y aportes, sino que, al mismo tiempo, se adapte con mayor agilidad a las subas y bajas repentinas de prestación de servicios o venta de cosas que se registren.

Claramente, la flexibilidad y precarización es de por sí la naturaleza que subyace a este debate. Por ello, la pregunta respecto de qué políticas hacen faltan para revertirlo es necesario recordarla. La respuesta es aún más profunda y exige de una estabilidad macroeconómica que excede estas líneas.

De todas maneras, se podría comenzar con alivios sólidos en esta coyuntura para quienes no pueden aguantar otros años más hasta que diputados y senadores vuelvan a empaparse en el tema. Girar la lente y hacer foco en las prioridades del presente es hacer mayor justicia social.