La puesta en marcha de la denominada «ley de blanqueo» – 27.613 – , que contó con el apoyo de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) y de la Unión Obreros de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) no tuvo gran acogida en los tenedores de divisas no exteriorizadas, y se espera que los plazos se extiendan y el perfil económico del gobierno muestre confiabilidad para lograr su éxito. Carlos Marcelo Pintos
Sin lugar a dudas todo intento de seducir a los tenedores de ahorros en pesos o moneda extranjera no declarado ha sido motivo de desvelo de casi todos los gobiernos en las últimas dos décadas. Se sabe que sólo dentro del territorio nacional y bien guardado en cajas fuertes, cajas de zapatos o bien debajo del colchón (por ende fuera del sistema bancario y financiero) hay una cifra superior a los 280 mil millones de dólares que esperan ser exteriorizados ni bien las reglas de juego políticas y económicas sean confiables.
En los últimos «blanqueos» las cifras exteriorizadas son significativas: en 2009 los argentinos blanquearon US$ 4.200 millones; en el de los Cedines, en 2013, que también era para la construcción, US$ 900 millones fueron exteriorizados. Pero el más exitosos de estos intentos resultó ser el acontecido en 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, con US$ 117.000 millones.
Sin embargo, y a pesar que la reciente Ley 27.613 parecía mostrarse tentadora, no cubrió las expectativas del gobierno de turno y el sector al que estaba destinado: la construcción; por la exigua cifra de cuestas abiertas, y todo a pesar que los bancos trabajaron «a toda máquina» para adecuarse al desafío.
Sólo se habilitaron 1.300 cuestas y la cifra a exteriorizar no movió el amperímetro del mercado como se esperaba.
La corredora inmobiliaria y periodista especializada en Real Estate, Vanesa Armesto, publicó en «Real Estate Data» un breve informe que bien vale el tiempo considerar:
Los plazos para adherirse y obtener los beneficios propuestos en la Ley de Incentivo y Blanqueo para la construcción llegó a su fin, pero aún nos queda la ilusión de una posible prórroga.
Los tiempos actuales parecen tenernos acostumbrados a tener que hablar de medidas bien intencionadas, pero con pésimas implementaciones. En este caso, la Ley de Incentivos y Blanqueo para la Construcción.
Una alternativa ideal para dinamizar el sector de la construcción y por consecuencia reactivar la economía. Una economía que viene en caída tiempo antes de la pandemia, y que, con la llegada del coronavirus, aceleró su derrumbe vertiginosamente.
El 9 de Julio pasado el blanqueo llegó a su fin, y podríamos decir que casi no existió. Poco más de 1300 cuentas se abrieron a lo largo de todo el país para obtener los beneficios propuestos por la Ley.
La mirada optimista no puede dejar de reconocer que una cantidad de dinero ingresó a la economía formal y por ende al mercado.
Pero ocurre que esta Ley fue diseñada, elaborada y gestada para motorizar el sector, y esta ínfima adhesión no cumple con su cometido.
Dos son los factores principales por los que, hasta el momento, el blanqueo no tuvo el resultado esperado.
1 – Desconfianza
La desconfianza es la enemiga principal de la acción. Nuestra economía no logra brindar la confianza que el inversor y ahorrista, principalmente, necesitan. La incertidumbre que genera este estado de alerta a nuevas restricciones, a un inexistente plan económico, a la inflación que sigue en aumento, continúan retrayendo el mercado y desvaneciendo las posibilidades únicas que ofrecía esta medida.
La crisis económica arrastra inevitablemente al mercado inmobiliario.
2 – Los tiempos
Quizá este sea el factor principal de la escasa adhesión. Los tiempos para regular y establecer el formato y su implementación, se demoraron y se devoraron más de la mitad del plazo total.
Algo que podría haberse evitado postergando el comienzo de este periodo una vez finalizadas todas las reglamentaciones. Incluso el Registro para los Proyectos Inmobiliarios recién estuvo disponible a partir del 7 de junio, es decir que recién a partir de esa fecha los desarrolladores o matriculados responsables podían ingresar los emprendimientos que cuadraban dentro de las características que marca esta Ley. Y, por ende, a partir de que esto se cumplimentara, los interesados podían optar por el proyecto al cual ingresar su capital; solo 30 días los separaba del último plazo.
Y como si esto no fuera suficiente para hacer fracasar esta medida, en el medio de los tiempos de vigencia, el sector de la construcción tuvo que sortear una medida de restricción que dejó sin actividad a una cantidad importante de obras, en algunos puntos del país, incluyendo CABA.
Muchos somos los interesados en que esta Ley obtenga el éxito que se merece, y por eso levantamos la bandera en pedido de una prórroga.
Desde hace meses se solicita una prórroga para restablecer los tiempos y contar nuevamente con los 3 periodos, con los beneficios de cada uno, pero esta vez con la reglamentación en funcionamiento, haciendo mucho más viable su adhesión.
En la agonía del final, tres días antes de su vencimiento, volvió la esperanza de que esto suceda. La Ley para prorrogar lo plazos por 150 días obtuvo dictamen de comisión, ahora solo resta que sea tratada en Diputados. Son tiempos electorales, ojalá esta medida no quede presa de una lucha de poderes.
Consultado sobre el tema, el contador y doctor en economía Julio Budasoff, coincidiendo con lo expresado por Vanesa Armesto, consideró que la ley es muy buena, “es incluso oportuna y podría dinamizar el alicaído sector de la construcción, pero los plazos deberían ampliarse” asevero Budasoff, y confía que en diputados, de la mano del presidente de la cámara Sergio Masa, se logre “una prórroga de 150 días para que los tenedores de dinero no exteriorizado puedan acogerse a los beneficios del blanqueo y volver virtuosa la intención gubernamental”.
