ENFOQUE PORTADA

La “insensatez” del esquema tarifario energético provincial

Por Ing. Alejandro Di Palma – CPN Ubaldo Domingo – CPN Julio Panceri – CPN Mario Moine – Grupo DEC ///

En oportunidad de la privatización de la empresa provincial de la energía (antigua Epeer) se definieron regulaciones que, fundadas en la concepción básica de que la expansión del abastecimiento eléctrico sería asegurada de modo automático por medio de una elevada rentabilidad. Se supuso, de esta manera, que esto sólo bastaría para incentivar y asegurar la oferta “a precios razonables” y en cantidades suficientes de la energía que inclusive, la provincia produce a través de sus riquezas naturales.

A más de 26 años de esa privatización (15 de mayo de 1996), los entrerrianos seguimos pagando la energía más cara del país, sosteniendo en cada audiencia la divergencia perpetua entre los costos más básicos tanto de producción como de sostenimiento de servicios entre nuestra provincia y Buenos Aires (referencia obligada como polo industrial del país). Al sostenimiento de esta “política energética perversa” señalada en el párrafo anterior se le suma la inclusión de cargas municipales, provinciales y nacionales, absolutamente discrecionales que permiten cerrar los presupuestos a costa de la sociedad y su sub-desarrollo.

Trampa.

El esquema tarifario provincial ha quedado dentro de la trampa desmedida de la potestad tributaria de los distintos estamentos del estado, al determinarse sobre el consumo impuestos tasas y contribuciones de carácter regresivo. Tal es el caso de las contribuciones y tasas municipales que se aproximan al 25% del consumo energético, generando una verdadera distorsión de precios y costos que contribuyen a la espiralización inflacionaria, que termina siendo el impuesto más doloroso para la sociedad.

Una “transformada matemática” que permite trasladar a la “energía” desde el dominio de la “sensatez”, donde se propone NO como un commodittie más, sino como la columna vertebral de cualquier proyecto de desarrollo provincial que busque crecimiento económico, con industrialización y redistribución progresiva del ingreso y como dominio de llegada de esta intervención matemática de la “insensatez”. Así se explica la energía, primero del lado de la política como un simple vehículo asociado al aumento de la recaudación fiscal y segundo por el lado de Enersa, un fin en sí mismo, una torpe declamación de “imprescindible”, “esencial”, “irremplazable”.

Nótese, que en ambos casos “la sociedad” es quién paga los costos propios de mantener un elemento central como la energía, en el dominio de la “insensatez”.

Conceptualmente, sabemos que el monopolista (como el caso de Enersa), controla la cantidad de producción y el precio, pero eso no significa que pueda cobrar lo que quiera si pretende maximizar los beneficios.  Para ello el monopolista ha de conocer sus costos y las características de la demanda del mercado (elasticidad-precio, preferencias, etc.), con esta información, decide cuál es la cantidad que va a producir y vender, como también su precio.

Costos.

Desde un punto de vista económico, se puede afirmar que el costo marginal del monopolista (costo marginal = incremento del costo total cuando se varía en una unidad la producción— representa la oferta total del mercado, por lo que se puede afirmar que no existe curva de oferta debido a que la relación biunívoca entre cantidad y precio desaparece), sirve para representar la oferta total del mercado y el ingreso medio del monopolista -precio por unidad vendida- no es más que la curva de demanda del mercado.

Para elegir el nivel de producción maximizador del beneficio, el monopolista debe conocer su ingreso marginal (variación que experimenta el ingreso cuando se vende una unidad más).

Pero siendo Enersa una empresa prestadora de un servicio imprescindible, “con clientela cautiva”, cabe preguntarnos: ¿se conduce con estos parámetros ineludibles? ¿Lleva su producción al punto de maximización del beneficio en un terreno de tarifas políticas y recesión económica? Evidentemente la respuesta es “no”.

Consecuentemente con el razonamiento anterior, “tampoco su cuenta de inversión tendrá correspondencia con un plan de desarrollo provincial”. Aquí también volvemos a preguntarnos ¿Existe un plan de desarrollo provincial?

Ante la evidencia y haciéndonos eco de lo expresado por Aristóteles en cuanto a que “la única verdad es la realidad”, podemos afirmar que tal plan no existe. Entre Ríos debe, de manera urgente, perfilar su futuro económico y social en un plan de desarrollo serio, sustentable y con un horizonte productivo. En este plan, indefectiblemente debemos pensar en el tema energético como un eje productivo y de potencialidad social, proponiendo:

  1. Incluir a la empresa en el plan de desarrollo elaborado. (Vale decir, además de brindar el servicio de calidad y eficiencia hacia el cliente común, poner la empresa al servicio de la producción, todo a precios transparentes).
  2. -Transparentar los costos de producción y prestación del servicio, a los efectos de conocer si el verdadero precio de las tarifas son los correctos.
  3. – Elaborar un plan de supresión de los cuellos de botella (por ejemplo, el VAD) para reducir los costos y por lo tanto los precios de la tarifa eléctrica.

Proyecciones.

Pero en este constante devenir de necesidades, falta de proyecciones en una provincia que parece anestesiada y pierde protagonismo en el contexto económico nacional, nos encontramos con que luego de  combinar el original preconcepto descripto, de sostener una rentabilidad injustificadamente alta, que resolvería las necesidades energéticas “a precios razonables” (cosa que nunca ocurrió), con la “insensatez” de autoprivilegiarse, es cuando aparece un conjunto de difícil justificación compuesto por cinco directores y cinco síndicos con sueldos superiores a un millón de pesos.

La resultante final de este nuevo aumento de tarifa que se está proponiendo será: el mantenimiento en términos inalterables de la divergencia de los costos entrerrianos contra los del AMBA y otras provincias, la profundización de la desigualdad, afectando principalmente el poder adquisitivo de los sectores medios y productivos y el sostenimiento de la actitud de autoprivilegiarse que se verifica…sin ninguna duda.