La Feder pide que el Estado también haga el ajuste

La Federación Económica de Entre Ríos envió una carta al Gobernador describiendo su crítica situación y se queja por la presión a la actividad privada.

“…somos contestes de la difícil situación de las arcas provinciales pero creemos que la actividad privada no debe ser la elegida para cubrir el déficit, y debe evitarse seguir expoliando a los pequeños comerciantes, muchos de los cuales ya están al borde de la supervivencia. Considere señor Gobernador que los impuestos afectan al pagar al Estado pero también al abonar los insumos, la mano de obra (en este sentido somos la única provincia que mantiene un impuesto al trabajo) y, también los servicios públicos”, reza en uno de sus párrafos la extensa misiva que la Federación Económica de Entre Ríos remitió a Gustavo Bordet.

En la misma, los comerciantes y empresarios Pymes describen una muy crítica situación económica y despliegan una serie de argumentos en los que manifiestan la necesidad de reducción de impuestos provinciales y revertir la caída de la actividad.

La carta está firmada por Liliana Alzugaray y Jorge López, y se respalda en casi 40 entidades y cámaras de distintos rubros económicos, algunas de peso considerable, y en algunos párrafos se percibe un fuerte malestar y una situación crítica afectada por “la fuerte presión impositiva provincial”.

Ponderación.

Los empresarios que envían la carta aseguran que su sector genera el  65% del empleo privado en Entre Ríos, “en tanto que, de acuerdo con el reporte realizado por ATER en oportunidad de la reforma de la Ley 10557, se asegura que aproximadamente el 97% de los contribuyentes se encuadran en las categorías Mipymes”.

En un duro diagnóstico, el sector considera que posee un peso más que significativo tanto económico como social hoy se encuentra ante una situación de incertidumbre, enfrentando “la competencia desleal en sus distintas modalidades, la venta ilegal; la falsificación marcaria; el contrabando; un sistema Financiero que ha sido el gran beneficiado y que actúa ante las crisis en forma restrictiva; niveles de inflación que alteran la relación de comercializar y afectan los planes a futuro y la toma de decisiones; las demandas salariales justas que no pueden ser satisfechas; el incremento desmedido del costo de los servicios; un sistema tributario nacional regresivo que ahoga, y por último el tema que nos afecta principalmente, una presión tributaria provincial desmesurada”, enfatizan.

Entienden los empresarios que ya han manifestado el pedido de reducción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para los pequeños contribuyentes, pero que ante la demanda sólo han conseguido congelar las alícuotas del año 2019 y no se reducen tal como estaba previsto en el calendario aprobado por la Ley 10557.

“Se prorrogó un año (por ahora) la derogación de la Ley 4035. Para colmo de males, se incrementaron más que significativamente el Impuesto Inmobiliario (más de un 50 %) y el Automotor, conceptos que forman parte de la matriz de gastos de los comercios. En el caso del primer tributo, el impacto es mayor a partir de la modificación legal que considera único inmueble al conjunto de partidas de una misma planta, lindantes o no, pertenecientes a un mismo contribuyente. A la vez, los servicios públicos cuentan con una importante carga tributaria en el precio final, lo que torna aún más onerosos servicios ya de por sí caros y en ocasiones poco eficientes”, denunciaron.

Pedidos.

En el resumen de la misiva sobresale el pedido de Feder en el sentido que “se puede consolidar el futuro de las empresas entrerrianas si solo se toman algunas medidas desde el Estado que acompañen el esfuerzo de permanecer”.

En este sentido, los empresarios piden la implementación de algunas medidas. A saber:

En el corto plazo:

-Impuestos provinciales (incluso Ley 4035): volver al esquema temporal de la Ley 10055. Disminuir el incremento de los tributos patrimoniales.

– Eliminar la carga tributaria sobre los servicios públicos a la actividad económica, solicitando a las municipalidades que actúen de la misma manera.

– Asimismo y en función de la existencia de importantes saldos a favor que no se pueden recuperar, provocados por los perversos sistemas de retención, percepción y de recaudación bancaria, solicitamos que si no se pueden eliminar estos regímenes, al menos se reformulen las resoluciones Nº 318, 319, sus complementarias y modificatorias, para determinar que, una vez presentadas dos (2) declaraciones juradas consecutivas con saldos a favor, se habilite automáticamente la exclusión de sujeto pasivo de retención, por un lado, y por otro, se permita la utilización del saldo a favor para compensar otras obligaciones con la provincia.

– Sistema Financiero: intervenir ante las autoridades del Banco de la Nación Argentina para que los sectores (hoy excluidos) puedan acceder a créditos razonables.

– Tasas Municipales: Un fallo de la Suprema Corte de Justicia en el caso denominado Raffo Laboratorios y luego ratificado en la causa Ivax determinó que “el requisito fundamental para el cobro de una tasa resulta que deben corresponder siempre con una concreta, efectiva e individualizada prestación de servicio”, sentando jurisprudencia sobre su aplicación. Por ende, solicitamos que el Poder Ejecutivo Provincial intervenga ante los municipios para que éstos apliquen las tasas conforme a este antecedente jurídico.

Mientras tanto que retrotraigan o reduzcan los significativos incrementos sancionados en el año 2020.

Finalmente, las Pymes realizan una letanía de reclamos en el largo plazo basadas en cuestiones conceptuales de la economía con un Estado en rol planificador y contenedor de la proyección de las pequeñas y medianas empresas y el empleo genuino provincial.