Por Daniel Urcía, vicepresidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (Fifra).
Desde Fifra destacamos el fin de las restricciones a las exportaciones y la intención oficial de contar con un status sanitario único. Pero nos preocupa la intención de aumentar retenciones en un contexto de suba de costos, caída del consumo y probable incremento de la marginalidad comercial.
Iniciamos el año con una agenda muy cargada de temas, indudablemente la difícil situación del país lo amerita.
Corresponde en primer término reconocer y valorar que se terminaron las restricciones a la exportación de carne vacuna. Culminó el período de vigencia de la prohibición de embarques de cortes denominados “preferidos” por el ex Presidente Alberto Fernández, medida que no impidió en ningún momento el aumento de precios internos como lo vimos claramente en agosto y diciembre, por citar dos ejemplos cercanos. Fue una medida ineficiente que causó perjuicios al sector privado como el incumplimiento de contratos durante su vigencia y mayores costos en la integración del negocio.
Queremos resaltar la propuesta de reforma incluida en el Capítulo VII Bioeconomía Sección I Carnes, que forma parte de la iniciativa del Poder Ejecutivo denominada Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que inicia el camino para el mejoramiento del estándar sanitario nacional acorde al Siglo XXI y que debería ser aprobada por unanimidad porque vela por la salud de nosotros, los consumidores.
Con la llegada del nuevo gobierno, quedó en claro que el mercado demostró ser el sheriff más eficiente en la regulación de precios. Ante un aumento inusitado de las cotizaciones de la hacienda en la segunda semana de diciembre, la no convalidación por parte de los consumidores retrotrajo los valores a los niveles previos, actualmente vigentes. El mismo proceso, aunque con ritmo más lento, se dio en las carnicerías y góndolas, donde hubo una clara disminución de precios en la primera y segunda semana de enero.
El esfuerzo que lleva sincerar los precios de la economía, atrasados intencionalmente por el gobierno anterior, genera los inconvenientes actuales al soportar aumentos siderales como los de combustibles que impactan directamente en los costos de logística y distribución de la carne.
Otro factor que se deberá tener especialmente en cuenta serán los costos laborales. Por un lado, la recomposición paritaria es justa, debe llevarse adelante, pero lo debemos hacer teniendo la precaución de que la actividad industrial caerá 10% respecto del año pasado y que es probable que aumente la marginalidad del negocio lo que afectará a la competitividad de las empresas formales. Estos aspectos son ajenos al trabajador, pero limitan la capacidad de los empleadores y por ende será imperioso el acompañamiento de los organismos de fiscalización del Estado para ayudar a los operadores formales.
Finalmente, queremos resaltar que sería muy positivo que, en la ley antes mencionada, la ley Omnibus que envío el Gobierno al Congreso, se establezca una quita progresiva de los derechos de exportación para la carne vacuna que sería una señal muy clara de estímulo al incremento de la producción e incluso de la industria que vería mejoras en la competitividad exportadora.
Si, por el contrario, se decidiera el aumento al 15% se podría producir el efecto contrario: la producción no recibiría incentivos a producir más hacienda y más pesada, por ende. se produciría menos carne lo que afectaría también la oferta al mercado doméstico y a la exportación se le complicaría más el acceso a los mercados internacionales en un contexto de creciente demanda global por lo que, una vez más, se perderían oportunidades de negocios y crecimiento sectorial.
