El productor “no es la gallina de los huevos de oro”, dijo Raúl Boc-hó. Desde CRA, en tanto, también cuestionaron las modificaciones en Bienes Personales. Danilo Lima
La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer) salió enfáticamente a rechazar la posibilidad de que se apliquen nuevos impuestos a los que ya paga el productor y advirtió que “la sequía que quebró al país también desfondó los bolsillos de los productores que aún hoy, endeudados, tienen el gesto de grandeza que les pidió el Gobierno al pagar nuevamente retenciones. No podemos pedirle un esfuerzo más. Es tiempo que otros segmentos de la economía y también de la política pongan el hombro como nosotros, porque entre todos, será más rápida la recuperación de la economía”, señaló Farer ante la posibilidad de que los productores deban afrontar además de las retenciones, un nuevo impuesto como el de Bienes Personales que analiza el Congreso.
Raúl Boc-hó, el presidente de Farer, en este sentido, instó a la reflexión a la dirigencia política y a cada uno de los legisladores. “El campo es un universo muy amplio en el que los medianos y pequeños productores están tratando de sostenerse para poder seguir produciendo alimentos, generar recursos y trabajo”, enfatizó el ruralista, y se quejó porque “tributamos de un mismo bolsillo, ante el municipio, la provincia y la Nación. Es inconcebible que debamos hacerlo por partida doble y en un momento en el que la provincia, que diseña su presupuesto 2019, también nos incrementa el Impuesto Inmobiliario Rural”.
“Muchos de nuestros productores no han podido hacer frente aún a sus compromisos por el fracaso de la cosecha, por lo que es inviable someterlos a un nuevo impuesto cuando aún intentan recuperarse de un ciclo tremendo que desmoronó la provincia y el país. El esquema impositivo no puede ser la única fórmula para alcanzar un futuro mejor, desarrollar el país y ser el supermercado del mundo y tampoco para salir de la crisis. El productor no es la gallina de los huevos de oro ni el manotazo del ahogado. Sentimos que nuestro aporte al país ya es enorme y confiamos en que la capacidad de nuestros legisladores permitirá encontrar una salida que nos acerque a los soluciones que todos los argentinos necesitamos, sin que pese, con exclusividad y nuevamente, sobre la espalda del campo”, concluyó Boc-hó.
El análisis de CRA.
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), por su parte, también cuestionó las modificaciones a la escala de tributación para Bienes Personales. “Esto golpea sensiblemente la percepción de seguridad jurídica y normativa, tan necesaria para la definición de inversiones, y es que estas medidas después de un blanqueo generan muchas suspicacias”, remarcó la entidad que preside el pampeano Dardo Chiesa.
CRA también cuestiona a las provincias porque “tratan de cumplir con su parte del acuerdo del déficit fiscal (recuérdese que inicialmente se hablaba de un ahorro de 300.000 millones de pesos, repartidos 200.000 millones Gobierno nacional y 100.0000 millones las provincias)” pero no sobre la base de “reducir gastos” sino a través del “aumento de la recaudación”.
Al analizar cuantitativamente lo recaudado por el impuesto a los Bienes Personales, observa la entidad ruralista, “nos encontramos con la friolera de que el 58,89 % del total” del gravamen, si se suman la forma directa y coparticipable, va a las provincias.
En su análisis, CRA admite que la AFIP considera exentos en Bienes Personales “a los inmuebles inexplotados”, pero “el tribunal fiscal falla a favor de la exclusión de la totalidad de los inmuebles rurales, basados en que Ganancia Mínima Presunta (GMP) los incluye siempre que su titular sea una persona física”. Ahora bien, el Artículo 76 de la Ley Nº 27.260 “deroga el impuesto a la GMP para los ejercicios que comiencen a partir del 1 de enero de 2019” y esta salvedad “allana el camino a una nueva escala de tributación” del impuesto a los Bienes Personales, con la siguiente escala: Mínimo No Imponible $ 2.000.000; de 2.000.000 a 5.000.000, 0,25%; 5.000.000 a 20.000.000, 0,50%; y de 20.000.000 en adelante, 0,75%”.
CRA entiende, en este sentido, que “un espectro amplio” de los productores quedará alcanzado con el máximo de alícuota, aun después de haber duplicado el monto del Mínimo No Imponible (MNI) porque “la mayoría de los contribuyentes cuenta con otros bienes como camionetas, maquinarias agrícolas, vivienda, dinero en efectivo, etc., que absorberán ese MNI”.
Después de los reavalúos fiscales en los Inmobiliarios Rurales e inmobiliarios complementarios provinciales, que según el caso sufrieron un aumento de entre el 43 % y el 77% en la mayoría de los casos en una primera etapa, llegando al 200% para casos particulares, “hacen que aunque el aumento del MNI dé algo de aire al escalón de menor capacidad contributiva no llegue a mejorar su posición relativa frente al sistema anterior, y sumará una nueva pesa a esta balanza unilateral de la carga fiscal que afrontara el sector productivo”, sostienen la entidad.
Para Chiesa, “no es un dato menor” que esta escala esté establecida en pesos y tenga que establecerse un valor de actualización formal, específico y transparente, que pueda replicar la realidad del sector. “Aquellos productores que tengan un patrimonio valuado de u$s 500.000 tendrán que afrontar un aumento del pago de IBP cercano al 200% interanual”, subrayó el dirigente.
Los productores agropecuarios, añadió Chiesa, “sabemos que no se puede trasladar la incidencia de impuestos a los precios, que se rigen por los precios del mercado. Si se incrementan los impuestos sobre la base de las urgencias de las necesidades de financiamiento sin tomar en cuenta cómo es el mecanismo de agregado de valor del sector agropecuario, lo único que se genera es un incentivo a la pauperización de la producción”, mientras la “alta carga impositiva reduce beneficios y deja menor capital para reinversión productiva”. “La respuesta es casi de manual y la vivimos en el gobierno anterior: producir a bajo costo, sin incorporación de tecnología, con menos producción para el agricultor, las provincias y el país”.
Y para Chiesa, “esto demuestra por lo menos una falencia importante por parte de nuestros legisladores y es la de no saber cómo se compone la rentabilidad del productor”.
