“Asumimos nuestras responsabilidades. Hay que trabajar en la mayor adopción de las buenas prácticas”, destacó Pablo Guelperin, coordinador de la Mesa BPA, espacio integrado por 32 instituciones. Anticipó que el proyecto apartará en otra normativa lo referente a domisanitarios. Nahuel Amore
Tras quedar en stand by durante la gestión de Gustavo Bordet, la nueva Cámara de Diputados de Entre Ríos retomó en marzo el tratamiento del proyecto de ley de fitosanitarios, una normativa clave para regular las aplicaciones de agroquímicos en las actividades productivas. El objetivo central es cumplir con una de las deudas legislativas históricas de la provincia, que permita en el texto y en la práctica dar protección y conservación a la salud, el ambiente y la producción agropecuaria.
Los legisladores de la Comisión de Recursos Naturales son los encargados de escuchar las voces de distintos sectores, atento a que se trata de un tema transversal para el trabajo en el campo, las comunidades y el ambiente. De allí que el proyecto de ley hace hincapié, desde su definición, en las “buenas prácticas en la utilización de fitosanitarios”. Incluso, debido a su especificidad, ahora se prevé apartar en una ley distinta lo referido de domisanitarios, a saber, los productos químicos de uso cotidiano para higienizar los hogares.
Pablo Guelperin es el coordinador de la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias (Mesa BPA), espacio integrado por 32 instituciones vinculadas a las cadenas de valor que vienen impulsando la ley desde hace varios años atrás. En diálogo con DOS FLORINES, subrayó que desde el sector promueven la búsqueda de consensos para aprobar la normativa, revisando si es necesario “artículo por artículo y palabra por palabra”. A partir de esos acuerdos, confía en que este año sería el momento para obtener luz verde.
“Como decía Carlos Toledo (exdirector de Agricultura de Entre Ríos), es la ley posible y se busca lo mejor. Quizá no deje ciento por ciento satisfechos a todos, pero es la búsqueda de los mejores consensos posibles entre el conocimiento científico y la demanda social. Amalgamando esos dos aspectos e incluso los antecedentes judiciales, podría dejar parcialmente satisfechos a todos los involucrados”, evaluó.
Respecto de los puntos más sensibles que se debaten, el profesional de la agronomía destacó la importancia de definir criterios. “Seguramente habrá técnicos y productores que desearían más flexibilidad y más confianza en el accionar de productor y su criterio técnico, y habrá más actores sociales que pretenderían el triple de restricciones de lo que propone la ley. Opiniones se encuentran en todos los sentidos. Lo que nosotros hicimos fue avalar el proyecto”, sostuvo.
Dado el contexto, expresó que espera que este año haya dictamen y se apruebe la ley. También confirmó que será sin incluir los domisanitarios. “Las charlas que hemos tenido con legisladores y también con el ministro de Salud (Guillermo Grieve) han sido muy fructíferas. Encontramos en todos los decisores políticos buena predisposición a informarse, a debatir los temas y a que salga una ley lo mejor posible”, manifestó.
Distancias
Las distancias acordadas para la norma, que habían sido objeto de polémica en años anteriores, son las mismas que se consensuaron en el proyecto anterior. De todas maneras, para Guelperin este es un capítulo más y “no es lo más importante porque la ley, como bien se llama, es de buenas prácticas agropecuarias en el uso de fitosanitarios”. “La ley propone algunas herramientas que son las que verdaderamente van a dar garantías”, acotó.
Sobre este último punto, ejemplificó: “El mecanismo de monitoreo en tiempo real de las aplicaciones permite conocer el lugar por donde transitó la máquina y las condiciones climáticas del momento de la aplicación. Eso es fundamental, al igual que el rol del ingeniero agrónomo como si fuese el médico de la receta, donde a veces estará presente en el lugar. Eso hará que verdaderamente el uso de los fitosanitarios disminuya sustancialmente la posibilidad de error”.
Además, explicó que “las distancias son una concesión que se hace desde la ciencia en función de la percepción social que tiene la sociedad, sobre la necesidad de separarse como medida de resguardo. Si alguien hace las cosas mal, no hay distancia que lo evite y, si hace las cosas bien, las distancias son excesivas. En esta búsqueda de consensos, se llevó a este punto”.
Por otro lado, distinguió que las distancias se establecieron en función del equipo aplicador y según el contexto más próximo: “Una cosa es una mochila que se llama equipo de accionamiento manual; otra distinta es para los equipos terrestres a tracción o automotriz; y otra distinta es para los equipos aéreos, sean aviones o drones. A su vez, son distintas si estamos resguardando un área natural no habitada y un área habitada de forma permanente. A grandes rasgos, es el doble de distancias cuando hay personas”.
Escuelas rurales
Otro tema sensible que emerge cada vez que se habla de la regulación de los agroquímicos es el cuidado de las escuelas rurales. El amparo ambiental presentado por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y el Foro Ecologista de Paraná puso el tema en el tapete en 2019 y motivó una reglamentación específica para el tema que quedó plasmada en un decreto del exgobernador Bordet.
Al respecto, Guelperin aseguró que la normativa dará protección a las 850 escuelas rurales, con modificaciones. “Ese decreto establece un área de exclusión de 100 metros hasta una cortina forestal y 150 metros a partir de ahí de exclusión donde no se puede aplicar. La ley ordena la cortina forestal que estaba mal ubicada a 100 metros porque se le ocurrió a un juez -porque aerodinámicamente funciona mal, ya que levantaría el aire y se bajaría arriba de la escuela, lo cual es totalmente errónea-. Ahora se pondría la cortina en el perímetro de la escuela donde realmente funcionaría y, a partir de ahí, los 150 metros. Eso dice el proyecto de ley”, describió.
En relación a la comunicación necesaria a las comunidades educativas rurales cada vez que se realizará una aplicación con fitosanitarios, indicó que la ley prevé que “hay que dar aviso a la escuela con 48 horas de anticipación y los tratamientos se hacen con la escuela vacía, a contraturno o en feriados”.
Caso Colonia Ensayo
Por otro lado, el ingeniero agrónomo negó que tenga incidencia directa en la normativa la ampliación de las distancias de fumigación a 1.095 metros que dispuso el Superior Tribunal de Justicia (STJ) para el loteo de Tierra Alta en Colonia Ensayo, tras la presentación de un amparo ambiental. En todo caso, argumentó que la ley cumplirá que los pedidos que el Poder Judicial había solicitado.
“No impacta. La persona que pide el amparo es porque ha habido un incumplimiento de parte del Gobierno de una requisitoria que hizo la Justicia en su momento. Uno de los pedidos es que tenía que haber una nueva normativa que permita tener un marco regulatorio actualizado, que sería esta ley; y lo segundo es con respecto específicamente al loteo de Tierra Alta, un análisis del agua del pozo para determinar la presencia o no de residuos de fitosanitarios”, explicó.
Sobre este tema en particular, recordó que “en el gobierno de Bordet no se cumplió con esos pedidos y entonces el STJ, ante el incumplimiento, estableció el principio precautorio; es decir, ante la duda, ante no saber cómo son las condiciones en ese pozo de agua y al no existir una ley, establece esa distancia que no tiene demasiados fundamentos”. Ratificó, pues, que dicha distancia “sólo se aplica en ese caso del loteo de Tierra Alta”.
En relación este punto, finalmente destacó que la presente ley cumplirá con la primera requisitoria y, en segundo lugar, el Gobierno provincia ya hizo la toma de muestra para la determinación de residuos “en un convenio con uno de los pocos laboratorios que puede analizar ese tipo de sustancias”.
Sanciones
Guelperin resaltó que el proceso no terminaría con una eventual ley aprobada, sino que será determinante la reglamentación para que la normativa entre en vigencia. Este decreto especificará diferentes cuestiones, entre las cuales se incluirían las posibles sanciones para aquellos que incumplan la ley, dependiendo el tipo de falta o delito que se cometa.
“Puede ser una sanción provincial por cometer una falta de no tener una máquina inscripta; pero si la falta es del terreno del daño ambiental, le caben sanciones constitucionales con grado de delito penal, donde dice que tenés que reparar el daño cometido y tenés que responder penalmente”, distinguió sobre las diferencias en esta material.
De todas maneras, el profesional destacó que la adopción de las buenas prácticas agropecuarias disminuyeron los riesgos. “En el sector agroalimentario entrerriano asumimos nuestras responsabilidades. Hay que trabajar en la mayor adopción a las buenas prácticas. La conflictividad hoy a nivel de denuncias y problemas es bastante bajas en proporción a la cantidad de hectáreas sembradas, lotes tratados, de recetas emitidas; estamos por debajo del 0,2% de conflictividad. En comparación con otras leyes y campos sociales, no es un foco de conflicto”, valoró.
Sobre este punto, destacó que “el propio productor y los colegas intentan no generar problemas porque un producto más aplicado es un producto perdido, con el costo que conlleva y hasta con la situación laboral del técnico, además de que el productor pierde cosecha o rinde”. También recordó que el Colegio de Ingenieros Agrónomos está atento a las denuncias por mala praxis.
Finalmente, subrayó que en Entre Ríos “se ha visto una mejora muy grande en la adopción de buenas prácticas y uso de fitosanitarios”, lo cual será clave incluso para el futuro. De todas maneras, señaló que los avances tecnológicos son muy acelerados y permitirán, a través de inteligencia artificial, realizar aplicaciones selectivas, lo cual permitirá un mayor cuidado del ambiente y las poblaciones.
Foto portada: Campo en Acción
