La Cámara de Diputados dio sanción definitiva al proyecto del Poder Ejecutivo que lo habilita revisar, rescindir o renegociar las obligaciones y condiciones emergentes de los contratos de obra, entre otros permisos.Dos Florines
En una nueva sesión, la Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó el proyecto del Poder Ejecutivo que declara el estado de emergencia de las obras y servicios públicos. La iniciativa ya tenía media sanción de la Cámara de Senadores.
Bajo el expediente 26.875, los 31 legisladores presentes en el recinto, votaron a favor del proyecto que declara la emergencia económica y financiera de la obra pública hasta el 31 de diciembre.
Durante la sesión, el diputado Bruno Sarubi (Juntos por Entre Ríos), manifestó: “Considero que es meritorio aprobar esta ley para brindarle al Ejecutivo provincial una herramienta financiera que ponga en igualdad a todos los acreedores del Estado, como también, tener una mejor planificación anual.
Por su parte, el diputado Juan José Bahillo (Más para Entre Ríos), dijo: “Sabemos que hay una problemática latente, pero según la información que nos han aportado los funcionarios provinciales, hay muchas empresas que ya tuvieron su acuerdo con el Gobierno Provincial y solo quedan siete empresas que tienen que terminar su convenio. Por ello, creemos que no es necesario una ley. De todos modos, vamos a acompañar el proyecto del Ejecutivo”.
De esta forma y por unanimidad, la emergencia de la obra pública se convirtió en ley.
¿Qué contempla la emergencia?
La normativa reconoce una deuda de más de 19.000 millones de pesos. La ley brindará la posibilidad de revisar, rescindir o renegociar las obligaciones y condiciones emergentes de los contratos de obras públicas y servicios públicos.
Asimismo, permitirá cancelar la deuda administrativa y judicial concerniente a la obra pública o a los servicios públicos y sus intereses, conforme las posibilidades presupuestarias y financieras de la Provincia. Cabe destacar que se encuentran judicializadas por un monto de 5.000 millones de pesos.
Durante el periodo de la emergencia, quedarán suspendidas las ejecuciones de sentencias dictadas en procesos judiciales, como así también la traba de medidas cautelares preventivas y/o ejecutivas contra cualquiera de los tres poderes del Estado.
