El sector inmobiliario, en “modo espera”

Hablar de mercado inmobiliario es mucho más que referirse a la compra venta de inmuebles, de los alquileres, o desarrollos inmobiliarios. Carlos Marcelo Pintos

La actividad inmobiliaria viene padeciendo -en la últimos 12 años- diversos obstáculos en su franco desarrollo. Desde el tristemente célebre conflicto del campo por la Resolución 125, que hirió profundamente la inversión del sector agrario en las urbes, pasando por la mega intrusión de la AFIP con la instrumentación del COTI, con el control estricto del mercado inmobiliario, la puesta en marcha del cepo cambiario en torno al dólar, y las erráticas políticas económicas de las administraciones precedentes -con algunos honrosos respiros interlúdicos-, provocando que se llegara exhausto al 2020.

En el camino se ralentizaron inversiones, se alteraron los incentivos a la construcción -avance fiscalista en los fideicomisos-; se dispararon los precios de los inmuebles a valores inconcebibles (comparado a décadas atrás); el peso perdía valor contra el dólar y el costo de la construcción se potenciaba sin solución de continuidad. Y cuando se esperaba que en marzo -merced al cambio de gobierno- llegara algún tipo de desquite cayó como “peludo de regalo” una pandemia que vino a remachar el clavo que punzaba el sector.

El COVID-19 paralizó los negocios en cierne, desactivó los desarrollos edilicios, desalentó las inversiones o los desembolsos ulteriores para continuar o terminar obras; congeló los precios de inmuebles de tal modo que impidió las transacciones; limitó el accionar de los profesionales involucrados en las operaciones (escribanos, abogados, corredores inmobiliarios, agrimensores, arquitectos, contadores -y la lista sigue-), y desorientó de tal forma al mercado que hoy sobran las opiniones, los vaticinios y comentarios, pero faltan las certezas y concreciones, que como los goles, son amores.

Todo esto -sí, todo esto- constituye una problemática socioeconómica ineludible a la hora de analizar el estado de cosas en que estamos inmersos, y no se puede soslayar su análisis si queremos restablecer los cánones normales de mejoramiento y desarrollo de la ciudadanía.

Según el informe de la Confederación de Pymes Constructoras el déficit habitacional que alcanzó nuestro país en 2019 fue de 3,8 millones de viviendas. Y este déficit no requiere, necesariamente, ser resuelto por el Estado sino que el sector privado, que en otras épocas ha demostrada sobrada capacidad, puede tomar un protagonismo virtuoso.

El sector inmobiliario involucra desde la promoción y venta de inmuebles, la ampliación de la oferta de alquileres, la promoción y desarrollo de emprendimientos edilicios, la urbanización de zonas circundantes, y en esa cadena -apenas  pergeñada- están supeditados la demanda y multiplicación de puestos de trabajo; la dinamización y crecimiento en la oferta y demanda de materiales, de componentes, artefactos e insumos de la construcción y su equipamiento, y por ende la puesta en marcha de muchas industrias -pequeñas y grandes- que son proveedoras.

Es un sector que requiere una atención del Estado que no puede satisfacerse con tímidas o mezquinas medidas políticas. Se necesitan reglas claras y permanentes, incentivos que den confianza a los actores -financistas, inversores, empresarios de la construcción, prestadores y proveedores, compradores y usuarios-, y un marco de estabilidad política y jurídica que no ponga en riesgo a esta cadena de actores, quienes pueden garantizar -junto con otros sectores dinámicos- que son capaces de poner de pié a la economía y que ésta se sustente en el tiempo.

Como colofón se puede afirmar, sin sombras de dudas, que hablar de mercado inmobiliario es mucho más que referirse a la compra venta de inmuebles, de los alquileres, o desarrollos inmobiliarios. Resulta una maquinaria capaz de aportar un plafón laboral y de desarrollo urbano que pocos sectores económicos pueden hacerlo y está a la espera ser puesto en marcha con políticas inteligentes y asertivas.