Envuelta en una polémica, la medida generaría inversiones en Paraná pero sumó rechazos de distintos sectores.
El parlamento paranaense sancionó este jueves un proyecto impulsado por la concejala María Marta Zuiani (Cambiemos) que restaura la vigencia de la ordenanza 8563 del año 2005, en sus artículos 123 a 128, derogando la ordenanza 9130/13, posibilitando de tal manera el establecimiento y/o formación de Barrios Privados y/o Cerrados y de Clubes de Campo en la ciudad de Paraná.
Según se informó desde el área de Comunicación del cuerpo deliberante, la medida, que entrará en vigencia el 1º de abril de 2019, fue aprobada con el voto afirmativo de los cinco concejales de “Cambiemos” (Karina Llanes, María Marta Zuiani, Carlos González, Claudia Acevedo y Emanuel Gainza); los representantes de “Paraná de Pie” (Elsa Ermácora y Santiago Gaitán) y Luis Díaz (Una – Frente Renovador), en tanto que su compañera de bancada, Silvina Fadel, no participó de la votación al haberse retirado minutos antes de la misma.
Por la negativa lo hicieron los legisladores del “Frente para la Victoria – PJ” (Sergio David Cáceres, Cristina Sosa, Stefanía Cora, Juan Enrique Ríos y Sebastián Bértoli).
Oposición.
En el espacio “Voz y Opinión Ciudadana”, otorgado en el plenario de hoy a la “Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná”, expusieron su opinión, contraria a la ordenanza finalmente sancionada, los arquitectos Abelardo Llosa, Mora Uriburu y Clelia Zapata.
Llosa, al sintetizar la opinión de los disertantes manifestó que “los Barrios Cerrados no son emprendimientos convenientes para un desarrollo sustentable de las ciudades, ya que fragmentan a la sociedad, tienden al aislamiento y desprecian el espacio público, cuando las ciudades del futuro deben ser ciudades abiertas, democráticas e inclusivas”, para acotar que estos emprendimientos urbanísticos “no aportan a ese modelo”.
Añadió que “la idea es que los mismos no proliferen, dado el escaso suelo del ejido de la Municipalidad de Paraná”.
“Si tuviéramos cien emprendimientos de esta naturaleza, se agotaría el suelo disponible dentro del ejido municipal, quitando la posibilidad que el mismo quede disponible para otros tipos de uso”, ejemplificó.
Llosa enfatizó que “este no es un tema menor y debió ser discutido en el contexto de una planificación urbana mayor”.
Destacó que “representa un asunto importante tanto por lo social, como por lo territorial”, y mencionó: “Esos son los argumentos que sostenemos, reclamando que este proyecto vuelva a Comisión, no se derogue la ordenanza 9130/13 y que apostemos a la planificación de una ciudad más integral y no con medidas tan aisladas”.
Posición.
Al impugnar los argumentos esgrimidos por la concejala María Marta Zuiani (Cambiemos), al sostener la iniciativa, en el sentido de que una ordenanza (Nº 9130) “en tanto de norma inferior, no puede contener preceptos opuestos al Código Civil y Comercial de la Nación”, Llosa manifestó: “Entendemos que esto no es así, al tema lo hemos analizado con asesores jurídicos expertos en derecho urbanístico”, acotando que “incluso dentro de la pirámide jurídica hay ámbitos de autonomía y la cuestión de las localizaciones de los usos del suelo, son parte precisamente de las autonomías municipales”.
Al respecto indicó que “a esto lo reconoce la Constitución Nacional en su artículo 123 y la Constitución Provincial en el artículo 240, por lo que hay que distinguir claramente -advirtió- lo que es la figura jurídica del Conjunto Inmobiliario, de lo que son los Barrios Cerrados”.
A renglón seguido, puntualizó que “el Conjunto Inmobiliario es una figura jurídica que crea el Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y que se puede aplicar a un Barrio Cerrado, a un Cementerio, a un Parque Empresarial y a diferentes tipos de uso del suelo”.
“El municipio es quien tiene reservada la facultad de regular los usos de ese suelo y al decir que no permite Barrios Cerrados o un Parque Empresarial, lo que está haciendo es regular esos usos, no se está oponiendo a la figura del Conjunto Inmobiliario”, aseveró. El representante de la “Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná” se preguntó finalmente a quién beneficia la derogación de la ordenanza 9130, cuáles son los intereses que busca defender y en qué aporta dicha medida a superar el contexto de crisis económica y social del país. “Seguramente no son los intereses de la mayoría de los habitantes de Paraná y mucho menos, los de las generaciones futuras como exige el paradigma del desarrollo sustentable”, concluyó.
