El secretario Gabás recibió a la Mesa de Enlace. Impuesto Inmobiliario, multas de la ATER, tarifas eléctricas para el sector arrocero, fitosanitarios, suelos y ley de comunas fueron los temas analizados. Danilo Lima
El secretario Gabás recibió a la Mesa de Enlace. Impuesto Inmobiliario, multas de la ATER, tarifas eléctricas para el sector arrocero, fitosanitarios, suelos y ley de comunas fueron los temas analizados.
Danilo Lima | Dos Florines
Después de mucho tiempo, el Gobierno entrerriano y la Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias volvieron a estar frente a frente en un encuentro formal para intercambiar puntos de vista sobre temas que generan inquietud entre los productores del campo.
Fue el secretario de Producción, Álvaro Gabás, el encargado de recibir a los referentes de la Federación Agraria Argentina (FAA), Elvio Guía; de la Federación Entrerriana de Cooperativas (Fedeco), Daniel Kindebaluc; de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), Raúl Boc-hó; y de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Walter Feldkamp.
Los dirigentes gremiales le plantearon al funcionario, en primer lugar, los temas que consideran urgentes: la prórroga del Impuesto Inmobiliario Rural (IIR) –“lo hicimos en forma enfática”, dijo Kindebaluc–, las multas que aplica la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) –consideradas siderales por los productores–, y las tarifas eléctricas para el sector arrocero –que por estas semanas comienza a definir las estrategias de siembra–. También se analizó la cuestión de los agroquímicos –debido a la sanción de ordenanzas (tal el caso de Gualeguaychú) que prohíben el uso del glifosato y la “caída” en la Cámara de Diputados de la ley que tenía media sanción del Senado–, y las iniciativas sobre comunas y suelos.
Los temas relacionados con el IIR y la ATER “pasaron a consideración de Economía”, le contó Feldkamp a DOS FLORINES, pero la última palabra, obviamente, la tendrá el gobernador Gustavo Bordet, mientras sobre el tema de la tarifa eléctrica para los arroceros hay “un principio de acuerdo”.
Ruralistas, federados y cooperativistas entienden que la prórroga del pago de alícuotas del IIR debe ser por un año para que los productores puedan afrontar esas obligaciones con la plata de la cosecha gruesa. “Teníamos la palabra de que la prórroga iba a ser por un año y fue por seis meses, así que volvimos a pedir que el tercer y cuarto anticipo también se prorroguen hasta la próxima cosecha, al cierre de la campaña que viene, para mayo”, explicó Kindebaluc.
Guía, en este sentido, confió en que Bordet comprenderá la situación del sector, que este año atravesó la más fuerte sequía en décadas, y, por lo tanto, apeló la buena voluntad del mandatario para resolver la cuestión.
Con relación al tema de los fitosanitarios, Feldkamp señaló que Gabás les dijo que el Gobierno “va a aplicar con toda la fuerza la ley de plaguicidas vigente y si es necesaria alguna corrección se hará”. El ruralista de Gualeguaychú, por otro lado, comentó que las entidades le expresaron al secretario de Producción, y al senador Juan Navarro –presente en la reunión– la preocupación del campo respecto de que la ley de comunas derive en la creación de nuevas tasas municipales en los pueblos, lo que aumentaría la presión fiscal sobre el bolsillo de productores y demás ciudadanos.
Boc-hó, por su parte, se refirió a la ley de conservación de suelos vigente, a la que definió como “pionera y ponderada” en todo el país, pero que “se dejó de aplicar”, por lo que instó a “reimplantar el sistema de estímulos que está en la ley vigente de suelos a través de las prácticas de conservación”.
La voz oficial.
Gabás, por su lado, señaló que el Gobierno escuchó las demandas del sector agropecuario y remarcó que la Administración Bordet “tiene un diálogo abierto, permeable y directo” con el campo, al tiempo que se comprometió “a seguir trabajando de esta manera, mas asiduamente en torno a cada uno de los problemas que tiene el sector”.
El funcionario, sin embargo, no perdió la oportunidad de subrayar –no sin razón– que muchos de los problemas que enfrenta la producción agropecuaria entrerriana obedecen a “la pérdida de competitividad” a raíz del “aumento de los costos internos y de los precios” por las decisiones económicas del gobierno del presidente Mauricio Macri. “Cada uno se tiene que hacer cargo de lo que corresponde”, remarcó, y puntualizó en el impacto de medidas macroeconómicas como la suba de la tasa de interés, la contracción monetaria y fiscal, y la consiguiente merma del consumo interno.
“Esto genera mucho impacto negativo en la economía entrerriana y en la economía regional”, agregó Gabás, quien también aludió al costo de “la apertura económica”.
