El Caso Vicentín reaviva diferencias en las entidades agropecuarias

Por Danilo Lima, editor de Dos Florines

La decisión de la administración del presidente Alberto Fernández de intervenir y expropiar la empresa Vicentín, actualmente en concurso de acreedores, además de reinstalar en la agenda pública uno de los eternos debates de la política argentina –más o menos intervencionismo estatal en la economía–, reavivó las diferencias en dos de las entidades que conforman la Mesa de Enlace: la Federación Agraria Argentina (FAA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro).

Al interior de la FAA y de Coninagro hay miradas muchas veces heterogéneas y hasta enfrentadas, algo que no sucede en las otras dos entidades representativas del campo –Sociedad Rural Argentina (SRA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA)– donde las posturas, en general, son más homogéneas, sobre todo, cuando gobierna el panperonismo, como ahora.

En la FAA.

En la Federación Agraria, desde hace un tiempo, persiste una dura puja entre dos grupos internos que tuvo su punto culminante el año pasado, en vísperas del congreso anual de la entidad, cuando en la denominada Asamblea Nacional de Bases Federadas –nucleamiento liderado por el ex presidente Omar Príncipe y que algunos tildan de filokirchnerista–, se desconoció la conducción del presidente Carlos Achetoni, finalmente reelecto.

En aquel momento, los federados “rebeldes”, esencialmente, cuestionaron el supuesto “seguidismo” a la Mesa de Enlace por parte del oficialismo de la FAA y cierta simpatía de productores y dirigentes federados hacia el gobierno de Mauricio Macri. Le enrostraron, también, “no defender las banderas históricas” de la FAA.

El sector del mendocino Achetoni, por su parte, respondió las acusaciones de Bases Federadas tildándolas de infundadas, malintencionadas y falaces. “Esta conducción jamás claudicó en la defensa de ninguna de las banderas históricas de la FAA. Por el contrario, a todos los ámbitos a los que asistió llevó los pedidos y necesidades de los pequeños y medianos productores, poniendo bien en alto los principios federados”, replicó en aquel momento el oficialismo federado.

Todo hacía suponer que el cisma era inevitable, pero la sangre no llegó al río y la entidad se mantuvo unida. Las diferencias entre filokirchneristas y filomacristas, sin embargo, siguieron –y siguen– inalterables.

La primera declaración federada, tras la intervención a Vicentín, fue institucional. El Comité de Acción Gremial elaboró un documento donde se manifestó la “preocupación y alarma” ante la metodología propuesta por el Gobierno y el momento elegido para hacerlo.

En el texto se cuestiona principalmente la intromisión de un Poder (el Ejecutivo nacional) en otro Poder (el Judicial de la provincia de Santa Fe), y la herramienta utilizada para la intervención (un Decreto de Necesidad y Urgencia en vez de una ley del Congreso).

Sobre el objetivo final del Gobierno –la expropiación de la empresa–, la posición del Comité de Acción Gremial de la FAA es, asimismo, institucional: “Nuestra Carta Magna también establece claramente que para avanzar con ese mecanismo tiene que haber una utilidad pública declarada con claridad. En este caso, esa utilidad no se señala, no se fija un precio válido, ni se establece el camino a seguir luego de la intervención estatal”.

La respuesta de la FAA ante la decisión del presidente Fernández fue estrictamente institucional, y está muy bien que así haya sido, pero, desde lo político, no da ninguna señal sobre su postura ante la expropiación en sí. ¿Está a favor o en contra? No lo dice, y no lo dice, acaso, porque aquellas diferencias entre los sectores internos en pugna –ideológicas, en definitiva– continúan intactas.

En esta primera instancia, los federados supieron disimular sus diferencias y, si hubo discusiones internas, esta vez, no fueron públicas.

En Coninagro.

En Coninagro, en cambio, las discrepancias no se ocultaron; por el contrario, los medios de comunicación fueron el escenario donde los principales dirigentes del cooperativismo agropecuario expusieron abiertamente sus opuestos puntos de vista sobre el Caso Vicentín, una circunstancia que generó mucha molestia al interior de la entidad, porque, se sabe, “los trapos sucios se lavan en casa”.

El último lunes, a pocas horas del anuncio de intervención y expropiación efectuado por Fernández, flanqueado en esa oportunidad por Gabriel Delgado –el interventor designado– y por la senadora nacional mendocina, la cristinista Anabel Fernández Sagasti, el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, mendocino también, señaló que “el cooperativismo tiene contenido y gestión para aportar” en la nueva etapa de Vicentín.

Esas declaraciones, suministradas a los periodistas por el área de Comunicación de Coninagro, fueron interpretadas como un claro respaldo a la decisión de la Casa Rosada.

Al interior de la entidad, sin embargo, las palabras de Iannizzotto cayeron como una bomba, generaron malestar y, en algunos casos, indignación. “Me dan pena, me dan vergüenza”, se sinceró, en voz baja, un cooperativista entrerriano, gran conocedor del pensamiento de cada una de las cooperativas que conforman Coninagro. Y vaticinó: “Van a traer cola”.

Al día siguiente, el martes, Iannizzotto salió en los medios y buscó bajarle el tono a sus dichos. “Vemos con preocupación la intervención de la empresa porque no sabemos si hay colisión entre lo jurídico, lo legal y lo político ya que había todo un proceso judicial armado, y no es sano que eso ocurra”, dijo en declaraciones al canal de noticias TN.

Insistió con el tema en diálogo con América 24: “Creemos que el Estado no está en condiciones, en esta situación de colapso, de llevar adelante un proceso productivo ni de saneamiento”, señaló. Pero después volvió a su propuesta original al anticipar que pronto se reunirá con el interventor Delgado para ofrecerle “nuestra fuerza productiva”, aunque aclaró que “hay instancias previas más saludables para fortalecer al sector privado antes que una expropiación”.

Otro cooperativista entrerriano, conocedor también de las internas de Coninagro, anticipó: “A los de ACA esto no les va a gustar nada”.

Y fue el presidente de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Claudio Soumoulou, precisamente, el que salió, a través de los medios, a diferenciarse. “La expropiación de una empresa privada que estaba transitando un concurso preventivo de acreedores no es la mejor herramienta para allanar el camino de la búsqueda de una solución. Por el contrario, sabemos y hemos visto los efectos que ha causado fundamentalmente en la gente donde Vicentín desarrolla sus actividades. Eso nos preocupó y nos puso en alerta, porque no estamos de acuerdo con la implementación de esa herramienta”, enfatizó.

ACA, con 50 mil productores asociados a distintas cooperativas del país, es el jugador más importante de Coninagro, lo que le da un poder muy fuerte en la toma de decisiones de la entidad. Es, además, el principal acreedor comercial de Vicentín.

Iannizzoto, cuyo nombre estuvo en una lista de posibles candidatos a ocupar el Ministerio de Agricultura, es un hombre afable, dialoguista y convencido defensor de las virtudes del cooperativismo.

Abogado, productor vitivinícola y peronista –aunque no kirchnerista, aclaran en su entorno–, amigo de Delgado y de su comprovinciana Fernández Sagasti, el presidente de Coninagro atraviesa un momento complicado de su gestión porque, como graficó un dirigente agropecuario entrerriano que lo conoce bien, el Caso Vicentín lo dejó entre la espada y la pared.