El campo entrerriano insiste en hablar con el Gobierno por el Inmobiliario

Los ruralistas quieren analizar con los funcionarios los porcentajes de aumento del gravamen.  

Remarcan, en este sentido, que el cálculo debe realizarse sobre la base del promedio de rendimientos físicos y precios del último quinquenio anterior a la emisión 2018. El incremento promedio, según los números de Farer, debiera ser del 22%.

Como sucede en cada inicio de año, los productores agropecuarios entrerrianos comienzan a preocuparse por el Impuesto Inmobiliario Rural, temerosos de que las boletas lleguen con aumentos significativos respecto del ejercicio fiscal anterior. En 2017, por ejemplo, las entidades del sector se quejaron porque los incrementos fueron superiores a los que en su momento habían acordado con las autoridades provinciales y, además, denunciaron que en no pocos casos las subas se dieron en zonas agroecológicas que tienen menor valor por las características productivas.

El último viernes, en Villaguay, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer) llevó a cabo su primera reunión de 2018 y el tema del Inmobiliario, obviamente, estuvo en la agenda.

Raúl Boc-hó, el presidente de la entidad, anticipó que el 23 del corriente se reunirá la Mesa de Enlace provincial y se reiterará la solicitud de audiencia al Ejecutivo para analizar el incremento del Impuesto Inmobiliario Rural 2018.

Farer ya le envió una nueva nota al secretario de Producción, Álvaro Gabás, pero la intención de los dirigentes es lograr una entrevista con el gobernador Gustavo Bordet.

Las entidades del campo, vale recordarlo, vienen requiriendo desde junio de 2017 la conformación de una mesa de trabajo de equipos técnicos para analizar los valores de actualización del Impuesto Inmobiliario Rural 2018. De esa manera, entienden los dirigentes, se pueden evitar las “desprolijidades” de años anteriores.

La falta de respuesta oficial “nos preocupa”, dijo Boc-hó, y recordó que Gabás les había prometido un encuentro para el 22 de diciembre pasado, pero la entrevista “por problemas de agenda” fue cancelada. “Me parece que en el Gobierno le están dando vueltas al asunto”, subrayó el presidente de Farer.

El reclamo principal de las entidades, en esta materia, es que se respete y aplique el orden normativo vigente y que los valores medios y la valuación fiscal sean “el resultado de una interpretación acorde a la Ley de Avalúo 8.672, Artículo 9, Inciso C (… las rentas que hace referencia el párrafo anterior se calcularán teniendo en cuenta rendimientos físicos y precios del último quinquenio inmediato anterior al año en que se disponga la vigencia de las valuaciones)”.

Según los cálculos de los ruralistas, el aumento del Inmobiliario Rural debería ubicarse entre el 20 y el 25%, según las zonas agroecológicas. “A nosotros, sobre la base de la metodología que establece la ley vigente, nos da una suba del 22%, en promedio”, precisó Boc-hó.

El temor de los productores, siempre lo subrayan, es que el cálculo oficial no se realice sobre el último quinquenio, como ordena la ley, sino sobre el último año. Los aumentos de este gravamen en otros distritos, como Corrientes, San Luis, Córdoba y Buenos Aires, superiores al 40/50%, acentúan aquel temor.

Danilo Lima