Por Sergio Dellepiane – Docente
Todo impuesto que se fija sobre el valor patrimonial de una persona física o jurídica, se estipula por la magnitud que se valúa sin importar la renta que genere. De suyo puede imponerse un tributo a bienes improductivos.
Entonces, todo impuesto al capital, a lo ahorrado o invertido, se transforma en una carga que recae sobre lo no consumido, por lo que, el importe que se obtenga de quienes lo tributen se restará inevitablemente de lo que aquellos sujetos gravados planeaban invertir a futuro, en lo que fuera.
Lo que seguro no impedirá es reducir sus propios niveles de consumo, bajo ningún punto de vista.
El efecto mediato que se logra con una medida como esta es ralentizar aún más, las escuálidas fuerzas productivas, únicas generadoras de riqueza genuina.
Los teóricos que proponen avanzar sobre las ganancias y al acumulación de capital honestamente obtenido, no pueden ignorar aunque quieran, que su prédica y las medidas asociadas que proponen, provocarán, cuanto menos, desánimo entre quienes producen, reduciendo su dinamismo y obturando su potencialidad.
Sólo consiguen, de este modo, minimizar la porción de esfuerzo ajeno que intentan extraer para dar cumplimiento a sus justicieras medidas de equidad y de movilidad social ascendente, con el producido de otros. Nunca con lo propio.
Fronteras.
En el límite sólo consiguen fomentar el éxodo, por tiempo indeterminado, de lo único necesariamente escaso y valioso: la inversión productiva. Capital genuino, local o foráneo, que podría sacarnos de la recurrente decadencia en la que estamos inmersos hace ya demasiado tiempo.
A no equivocarnos, convivimos con desastrosos niveles de pobreza, indigencia y marginalidad; los salarios reales se muestran estancados, perdiendo día tras día la guerra contra una persistente escalada inflacionaria, que se presenta como una de las más elevadas del globo y de las más prolongadas en el tiempo, de la que se tenga memoria.
El poder adquisitivo se encuentra en caída libre, se acelera la destrucción de puestos formales de empleo y empresas de bandera extranjera manifiestan su intención de abandonarnos. Algunas de capital nacional ya se adelantaron.
No saldremos bien parados de este dramático escenario si sólo apelamos a la inversión pública como motor económico. Delirio del estado presente.
La historia económica de las naciones demuestra que las economías capitalistas de mercado, permiten y alientan el crecimiento simultáneo de cada uno de los agentes económicos que componen el entramado productivo de cualquier país, evitando entorpecer u obstaculizar el dinamismo propio de su interacción.
La obligación de los gobiernos de cualquier estado es la de no desalentar la acumulación de capital ni la de obstruir y menos atacar o combatir, ni abierta ni solapadamente la inversión privada, único motor, real y efectivo, del crecimiento económico nacional.
Al profundizar un poco, con razonamiento lógico, es dable observar que quienes más capital han obtenido han sido los que resultaron más exitosos compitiendo, a su propio riesgo, en el mercado en el que decidieron participar.
Al ingresar aportaron capital, dieron empleo, asumieron sus obligaciones y así, a su modo, colaboraron efectivamente al incremento del bienestar social.
Déficit.
Por lo que, ningún impuesto, solidario o no, extraordinario o no, de emergencia o no, por única vez o no, puede justificarse con el fin de buscar, en apariencias, cubrir un déficit fiscal inabordable sin modificaciones estructurales, en diferentes ámbitos de exclusiva responsabilidad estatal, que se presentan como inexcusables.
Toda decisión en otro sentido que involucre a la política fiscal sólo provocará una disminución en la cuantía de la inversión privada de la misma magnitud, al menos, de la exacción que se obtenga al final del proceso recaudatorio.
Este menor volumen de dinero a invertir en el futuro, generará obviamente una menor producción y el estado obtendrá una menor recaudación tributaria próxima.
No resulta razonable ni puede ser justificada técnicamente por ningún idealista de izquierda, derecha o de centro.
Termina siendo simplemente un error de dudosa intencionalidad, al equivocar el análisis de los efectos futuros que se originarán, agravando la dimensión de la crisis económica actual.
Perjuicio del conjunto sin culpables a la vista.
Resulta, a todas luces, inadecuado e inapropiado, en las actuales circunstancias, promover medidas gubernamentales que desalienten la formación de capital. Elemento escaso que precisamos imperiosamente y que, a lo largo de nuestra historia como nación, sólo hemos aprendido a expulsar.
