Por Sergio Dellepiane – Docente ///
Todo individuo que manifieste interés en el proceso que permita “dolarizar la economía nacional” debe interiorizarse acerca de cada una de las tres modalidades bajo las que puede alcanzarse el cometido propuesto. Se puede dolarizar de modo No oficial (de facto); Semioficial y Oficial (de Iure).
Se dice que una economía está “no oficialmente dolarizada” cuando cualquier moneda extranjera desempeña, en la vida cotidiana, las funciones que, de suyo, cumple la moneda nacional; es decir sirve y de hecho se emplea habitualmente, como reserva de valor, unidad de cuenta y medio de cambio y pago indistintamente, aunque no haya sido declarada formalmente como moneda de curso legal.
La segunda alternativa se reconoce en economía como sistema bimonetario o de dolarización semioficial. Ocurre solamente cuando la moneda extranjera es declarada como de curso legal por la autoridad competente y puede, por su magnitud transaccional, igualar o hasta incluso sobrepasar los depósitos bancarios existentes en moneda local, pero sigue jugando un papel secundario en la economía doméstica pues con ella no se pagan salarios, impuestos, ninguna de las obligaciones oficiales para con el mercado interno y tampoco se realizan a través de ella las transacciones económicas cotidianas.
Por último, la dolarización oficial se materializa cuando una nación abandona legalmente su moneda, adopta la de otro país como propia y reemplaza, en un breve lapso, a un determinado valor convenido por Ley, hasta el último centavo existente de lo que fue su moneda soberana.
En pleno siglo XXI existen 11 países que han adoptado, hasta el momento, la dolarización De Iure.
Ventajas.
Entre las ventajas de tomar esta decisión se encuentra la estabilización de los precios internos pues induce a una baja en su variabilidad relativa, lo que empuja a frenar la espiralización inflacionaria dominante. Así, la inflación del país “dolarizado”, inicialmente converge hacia la tasa de inflación de la nación propietaria de la moneda elegida como reemplazo de la propia. Se elimina el riesgo devaluatorio y se reducen sustancialmente los costos asociados a la volatilidad del tipo de cambio. Se dinamiza el intercambio de bienes y servicios con el país de referencia.
En estos procesos oficiales suelen destacarse tres desventajas principales. La primera es que se elimina absolutamente la potestad para administrar la política monetaria nacional, es decir, se obtura la posibilidad para utilizar la variación del tipo de cambio con el fin de permitir absorber los efectos de posibles shocks financieros externos y con ello, ganar en competitividad. La segunda radica en que la eliminación de la moneda autóctona conlleva asociado un costo fiscal elevado, derivado de la pérdida de ingresos por el denominado “Señoreaje”. Por último, el uso de la moneda extranjera para la intermediación financiera local elimina de cuajo la capacidad de intervención del Banco Central en cualquiera de los mercados de divisas que operen en el país. Pierde su función como prestamista de última instancia, ya que la impresión de la moneda de curso legal vigente no le es propia y, por tanto, no puede ni podrá intervenir en el salvataje de ninguna institución bancaria o similar en caso de ser necesario y/o conveniente a los intereses nacionales.
Desde el punto de vista de la teoría económica, una dolarización exitosa debe poder ser percibida como beneficiosa, de modo permanente, por toda la población afectada pues, en el caso en el que el programa de estabilización elegido fuera percibido como transitorio, la convergencia buscada quedaría trunca, con una fragilidad manifiesta y dejando una inflación residual que transformaría la economía local pues lo convertiría en un país caro en dólares. Consolidaría precios relativos elevados e inconsistentes con el crecimiento económico realmente posible, lo que haría colapsar inevitablemente el planteo propuesto, en un futuro cercano.
Conversión.
En este sentido vale recordar que el sistema de convertibilidad implementado en Argentina hace 30 años, fracasó en 2001 cuando el gasto público rozó el 25% del PBI y la presión tributaria promedio alcanzaba al 21% de los ingresos totales. Hoy, esos porcentajes están en niveles del 43% y del 37% respectivamente, lo que torna inviable cualquier proceso dolarizador que se pretenda implementar si previamente no se encaran decididamente ajustes extremos que, a juzgar por los desequilibrios que muestran las variables macro, ninguna autoridad gobernante, presente y/o futura, al menos en lo inmediato, estará dispuesta a ejecutar y por ende, asumir los costos asociados que tal determinación conlleva.
Debe incluir necesariamente una reforma integral del sistema jubilatorio y del marco regulatorio que engloba a las empresas prestadoras de servicios esenciales, ya que ambos son importantes fuentes de gasto y agravan el, de por sí abultado y crecente, déficit fiscal. Dinamizar y asegurar la libre movilidad de capitales ($5,5 Billones de Leliqs en poder de los bancos comerciales), habilitar sin restricciones el comercio internacional (cada vez más restringido), sanear y reformular el sistema financiero y el mismo BCRA, son exigencias “sine qua non” para modificar el sistema monetario vigente.
Todo harto complicado para un país como el nuestro que carece de confianza en sí mismo y que ha acostumbrado a una mayoría de su población a utilizar atajos ventajeros antes que a conseguir lo que se propone en base al propio esfuerzo y sacrificio.
Sin credibilidad y voluntad de cambio no hay ni habrá reformas imprescindibles que rieguen la alicaída esperanza. El estado de situación sólo permite la inviabilidad del “statu quo” actual, que no motoriza la energía necesaria para alterar el rumbo hacia ninguna parte que estamos empecinados en perseguir.
En las actuales circunstancias, dolarizar la bancarrota no es más que abrazar otra quimera.
“No existe régimen cambiario y monetario alguno que sea invulnerable a la indisciplina fiscal” – Stanley Fischer – Gdor. Bco. Israel – BM – R. F. EE.UU.
