Es muy posible que la dirigencia política nacional nunca tuvo en sus planes comprometer las arcas del Estado con planes asistencialistas que derivarían en la multiplicación de los problemas que quisieron atenuar o llevar a la mínima expresión. Sin embargo la realidad vuelve a superar las buenas intensiones. Carlos Marcelo Pintos
En los albores de la recuperación de la Democracia, después del 10 de diciembre de 1983, la dirigencia radical puso en marcha un programa de asistencia a un sector que vivía en la probreza y no alcanzaba a suplir sus requerimientos básicos alimenticios, y su líder -Raúl Alfonsín- en cumplimiento de promesas de campaña puso en marcha a mediado de 1984 el Plan Alimentario Nacional -PAN- iniciando la gesta con 700 mil cajas –que luego se aumentaron a 1.200.000- mensuales.
En el año 1989, Menen instauró el plan conocido como del Bono Solidario, y un año después se puso en marcha en Buenos Aires el Plan Integral Alimentario y Solidario (PAIS); luego apareció a nivel nacional el Plan Trabajar, y así continuaron los planes que cada vez incorporaban a más habitantes y necesitaban de más recursos.
Con la crisis del 2001, en donde más de la mitad de la población cayó por debajo de la línea de la pobreza, se sucedieron el programa Jefes y Jefas de Hogar destinándose capas de más presupuesto para cubrir la alimentación de la población. Más cercano en el tiempo apareció la Asignación Universal por Hijo, que posteriormente en el 2016 también incorporó al beneficio a los hijos de los pequeños contribuyentes (Monotributistas).
Pero luego vinieron más de una veintena de Planes Asistenciales que sólo mostraron la incapacidad de los gobernantes, y de la clase política en general, de revertir el empobrecimiento de la población, la impericia para generar fuentes de trabajo y la proclividad a que el Estado se haga cargo de su ineptitud como gestores de gobierno.
Planes para todos y todas
Como apuntáramos al principio el fenómeno del asistencialismo estatal no es cosa de los últimos gobiernos, nos llega de casi 40 años atrás sin solución de continuidad.
Ellos son: 1) Plan Nacional de Seguridad Alimentaria; 2) Plan Nacional de Protección Social; 3) Plan Nacional de Primera Infancia; 4) Becas progresar; 5) Tarifa social de energía eléctrica y gas natural; 7) Programa SUMAR; 8) Incluir Salud; 9) Servicio Nacional de Rehabilitación; 10) Prestación por invalidez, para trasplantes, para madres de 7 o más hijos; 11) Pensión honorífica a veteranos de guerra del Atlántico Sur; 12) Pensión no contributiva por vejez; 13) Pensiones graciables y de leyes especiales; 14) Programa Hacemos Futuro; 15) Proyectos productivos comunitarios; 16) Monotributo social; 17) Jóvenes con más y mejor trabajo; 18) Otros planes nacionales de empleo; 19) Seguro de capacitación y empleo; 20) Seguro de desempleo, con la actualización que tuvo en los montos en momentos de la pandemia; 21) Pensión universal adulto mayor (PUAM); 22) Asignación universal para protección social (hijo e hijo con discapacidad); 23) Asignación embarazo para protección social; 24) Asignación familiar hijo/ hijo con discapacidad; 25) Asignación familiar prenatal; 26) Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
Y a los programas antes mencionados se le suman los millones de beneficiarios de jubilaciones y pensiones sin aporte otorgados por los gobiernos del matrimonio Kirchner.
La claudicación del sector privado
Llevados por los aires estatistas y la preocupante deuda que acumularía un reducido número de inquilinos (de acuerdo a relevamientos llevados a cabo por los colegios de corredores inmobiliarios no superaría el 5 % de los inquilinos) y a consecuencia de las prórrogas de los DNUs [Decretos de Necesidad y Urgencia] 320 y 766 del 2020 y 66 del 2021, la entidad que los nuclea a nivel país -el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios / CoFeCI-, y alegando ser “parte de la solución” en materia de alquileres han propuesto al gobierno, entre otras medidas heterodoxas, la implementación de una Tarjeta para asistir en el pago a los deudores de alquileres aumentando aún más el déficit del erario público y cual bumerán terminarán perjudicando a los propietarios y los mismos profesionales que son agentes obligados de imposición tributaria, sostén del tesoro gubernamental.
Para colmo se sabe que en nuestro país todo programa de “emergencia” termina eternizándose y hará de esta tarjeta un medio de dependencia política que “enrarecerá” aún más el panorama eleccionario que tenemos en vista a los comicios de medio tiempo en octubre.
Considerando que el sector de bienes raíces siempre se ha inscripto del lado del libre mercado, de las libertades civiles y de la autosuperación del ciudadano suena más que absurdo que esté proponiendo una “solución” en donde el Estado adquiera una potestad que luego le permita hacer y deshacer en el ámbito de la propiedad privada.
¿Tan débil está la sociedad civil que no puede proponer alternativas superadoras y sólo le quede resignarse a transitar la senda de la “venezuelización” del mercado inmobiliario?
