Todos los actores del amplio y diverso sector inmobiliario están atentos a las señales que se puedan dar desde el Estado para ver la reactivación tan esperada después de un año con resultados magros. Carlos Marcelo Pintos
Los memoriosos dan cuenta que la actividad inmobiliaria en nuestro país ha tenido altibajos durante, al menos, los últimos 50 años; de momento pronunciados, de momentos más atenuados. Pero ha habido etapas de bonanzas muy cortas; razón por la cual es un sector más bien conservador o poco afecto a los grandes riesgos.
“Siempre hay quien vende y quien compra”, esta es una verdad de Perogrullo. El sector, por otra parte es más que la compraventa de inmuebles, lo constituye la construcción privada y la pública (esta última dando mejoras o potenciando a las zonas urbanas o periurbanas).
A veces en los momentos críticos de la economía del país, el mercado inmobiliario se movilizó a contrapelo de la situación, tal como sucedió entre los años 2001 a 2002 -plena crisis de la convertibilidad- en donde la compraventa de inmuebles fue muy dinámica, ya sea porque había propietarios acuciados por los compromisos dinerarios y necesitaban liquides como la de aquellos que necesitaban refugiar sus ahorros en algo más confiable que los bancos (época del corralito/corralón), y muchos apostaron a los fideicomisos al pozo y así se dinamizó tanto el sector de comercialización de propiedades como la generación de puestos de trabajo en el ámbito de la construcción.
A partir de allí vino el viento de los buenos precios de la soja y el campo volcó sus excedentes en las ciudades, especialmente en las capitales de provincia o las ciudades con dotación de centros de estudios universitarios para satisfacer la inminente demanda de alquileres en el ámbito estudiantil.
En Paraná se vio reflejado en un número incontable de edificios de altura y la proliferación de edificaciones con finalidad de renta estudiantil en Oro Verde, la Ciudad Universitaria por excelencia en la Costa del Paraná.
La Costa del Uruguay no se quedó atrás y desde Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Concordia la proliferación de edificios en propiedad horizontal dedicados a la demanda estudiantil logró una época de Oro.
El conflicto del campo, acaecido en el año 2008, frenó intespectivamente las inversiones que veían de los excedentes del agro y alteró, por un buen tiempo, el ritmo de los negocios inmobiliarios; no obstante habiendo permitido dotar a las ciudades referidas de un importante número de unidades funcionales satisfactoriamente adecuadas para cubrir la demanda de alquileres de los años subsiguientes.
En la década precedente siguieron los vaivenes, que el sector supo sortear con diversos mecanismos de incentivos para que el ladrillo siga siendo la mejor opción para resguardar los ahorros, a pura inventiva y creatividad.
El rol del Estado presente
El Estado, por su parte, no supo, no pudo o no quiso hacer su aporte a ese sector de inversores que siguieron apostando al ladrillo.
Hoy en “estado de pandemia” indefinida, el Estado sigue ausente. Sólo presente en aquellos aspectos donde puede entorpecer, complicar o desalentar las mejores intensiones. Eso sí.
Pasó gran parte del 2020 anunciando medidas alentadoras, imaginando escenarios virtuosos con Fondos de Incentivos y Créditos blandos, que nunca se hicieron realidad.
Este año, con nuevo ministro en la cartera de Desarrollo Territorial y Hábitat, da riendas sueltas a grandilocuentes anuncios de obras que son necesarias pero que están sujetas a los avatares de la gestión política y sus expectativas electorales de medio tiempo; especialmente si se tiene en cuenta que hay muchas obras que corresponde a esa cartera que todavía están en ejecución y con dudosas posibilidades de culminación, de modo que la verosimilitud de los anuncios están en tela de juicio.
¿Y en el Congreso de la Nación?
Con el objetivo de reactivar la construcción luego de un año donde los proyectos estuvieron paralizados por el aislamiento obligatorio, el Congreso de la Nación comenzó a tratar en una sesión extraordinaria un proyecto de ley para impulsar el blanqueo de capitales. Los fondos declarados serían destinados exclusivamente a la construcción de obras privadas nuevas y para aquellas que posean un grado de avance inferior al 50%.
El proyecto fue presentado en julio por la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) junto a la UOCRA, la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU) y la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV). “Trabajamos de manera conjunta con todos los eslabones de la cadena. Que se unan empresarios y sindicatos para proponerle lo mismo al Gobierno, de una manera apolítica y capitalizando los aprendizajes de los anteriores blanqueos, es algo inédito”, expresó a los medios de comunicación Carlos Spina, director de Argencons S.A y quien lidera la AEV.
Una de las principales características del proyecto es que se trata de un blanqueo tanto en pesos como en dólares. En base al valor de tenencia que se declare, el Estado cobrará un impuesto especial, en moneda nacional. Sin embargo, la Mesa de la Vivienda buscará discutir la posibilidad de una alícuota diferenciada para quienes declaren pesos: hoy en día – sea en la moneda que fuere – es del 5% durante los primeros 60 días de vigencia de la ley, aunque escala hasta un 20% hacia el final de los cuatro meses que se prevé que durará el blanqueo.
Por su parte Damián Tabakman, quien preside el CEDU, manifestó: “Intentamos que haya un premio por el sinceramiento en pesos, que eso lo abarate. ¿Quién tiene plata no declarada en pesos? Nadie, pero funciona como un incentivo y que haya una tonelada de pesos declarados para meter en pozo. En cualquier caso, es positivo lo que se está sacando, es un paso importante”.
Si hay una cualidad que ha primado en el sector inmobiliario nacional, sin lugar a duda, es la resiliencia, y por enésima vez vuelve a creer en que una Argentina mehjor todavía es posible
