Control de precios; curitas en la inflación

Por Federico De Cristo – profesor de la Facultad de Ciencias Empresariales y del IAE Business School de la Universidad Austral. //

La resolución 1050/2021 publicada ayer en el Boletín Oficial obliga a productores de 1430 productos de consumo masivo a retrotraer los precios de venta al 1 de octubre, y a mantenerlos hasta el próximo 7 de enero.

Dicha resolución fue publicada en el contexto de negociaciones que el nuevo secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, mantiene con empresas y cámaras que las representan. Tras la publicación, se están reanudando las negociaciones, de modo que no se descarta que pueda haber algún cambio en la resolución publicada.

La percepción de que los empresarios se cubrieron aumentando fuerte los precios en previsión a un congelamiento de precios explica la orden de retrotraer los precios a inicio de mes. La percepción de que los empresarios buscan exagerados márgenes de ganancia explica la medida del congelamiento para contener el aumento de los márgenes.

La duración de la medida se explica por la coyuntura electoral y el fin de año. Por un lado, se intenta contener o anular las consecuencias indeseables de medidas que se fueron tomando durante los dos últimos años y crear un poco de estabilidad para minimizar las bancas que se perderán en el Congreso tras las elecciones de noviembre. Por otro lado, se intenta prolongar dicha estabilidad hasta después de las fiestas para no dar excusas que pudieran justificar protestas y disturbios hacia fin de año.

Las medidas que se han tomado para combatir la inflación responden a una visión particular del fenómeno inflacionario. En la realidad uno observa un conjunto de variables que se mueven en la misma dirección, pero esa correlación no permite determinar causalidad. La causalidad es difícil de demostrar y responde a la construcción teórica que explica el fenómeno. En una magistral monografía de 1986 titulada “Tres ensayos sobre inflación y política de estabilización” (CEPAL), Daniel Heymann describe con mucha claridad las teorías que explican las causas últimas de la inflación. Las medidas de política económica que se toman para combatir la inflación responderán a la visión teórica que se tenga sobre el problema.

Visiones.

Por un lado, la visión monetarista postula que “la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario” (Friedman). Pero si bien la causa de la inflación es el exceso de emisión monetaria, reconoce que hay situaciones donde la causa última es el déficit fiscal financiado con emisión monetaria. El exceso de demanda que se genera por la política fiscal y monetaria expansivas serían los responsables del aumento de precios.

Los canales por los cuales podemos pasar de la emisión de dinero al aumento de precios son múltiples, pero hay dos más significativos. Por un lado, la emisión de dinero no demandado por el público para transacciones (lo que se precisa para ir al supermercado y otros gastos del mes, por ejemplo), reduce la tasa de interés e induce una salida de capitales que puede, bajo tipo de cambio fijo, reducir la oferta de dinero y las reservas internacionales. Pero, si el tipo de cambio es flexible o “administrado”, la mayor demanda de divisas por la dolarización de los ahorros aumentará el tipo de cambio y encarecerá los productos de importación y exportación (bienes transables). Por otro lado, las menores tasas inducirán al público a ahorrar menos y a tomar crédito para consumir en cuotas, aumentando la demanda y generando aumentos de precios cuando hay escasez de bienes.

Existen teorías alternativas para explicar el fenómeno inflacionario. Si se le pregunta a un productor porqué aumenta los precios, responderá que está trasladando a precios el aumento de costos, por ejemplo un aumento del costo salarial. Si se le pregunta al sindicato porqué pidió un aumento de salarios, responderá que quiere que le compensen la pérdida de poder adquisitivo que produjo la suba de precios de bienes y servicios en los últimos meses. ¿Quién empezó? Difícil saberlo… pero de la espiral de aumentos de precios y salarios se suele salir con un congelamiento o acuerdo de precios y salarios para coordinar dichos aumentos y frenar la espiral de crecientes ajustes (lo cual requiere cierto poder político), o bien con políticas contractivas (fiscal y monetaria) que generan desempleo y caída de la demanda, frenando las subas de precios y salarios con elevado costo social.

Puja.

Esta visión de puja distributiva supone que el productor aumenta los precios para aumentar sus márgenes de ganancia y que los trabajadores luchan por mantener el poder adquisitivo del salario pidiendo aumentos que compensen la inflación pasada y, si las expectativas a futuro son muy negativas, adelantándose también a compensaciones por la inflación venidera. La aceleración de la inflación podría llevar a acortar el horizonte temporal de los ajustes (pasando de anuales a semestrales, trimestrales o mensuales) y acelerando la espiral de precios y salarios. Adicionalmente, el Gobierno se ve sometido a presiones para aumentar el gasto público (subsidios a las tarifas, rebajas impositivas, ajuste de jubilaciones, planes y salarios de empleados públicos) y si no tiene el margen político para frenar las presiones, el resultado puede ser un déficit fiscal creciente. Un congelamiento de precios responde a esta visión de la inflación, pero no debe ignorar la presión inflacionaria del déficit fiscal financiado con emisión y de la suba del tipo de cambio para evitar atraso cambiario.

Otra visión alternativa es la de la inflación estructural. Es posible que en la economía deba haber una recomposición de precios relativos, pero en un contexto de precios rígidos a la baja, el mecanismo para que se acomoden los precios relativos será la inflación. Algunos rubros aumentarán sus precios por debajo de la inflación y otros por encima, resultando en nuevos precios relativos. Típicamente, nos referimos a dólar y salarios, pero también a precios de transables (precios de importación y exportación) y no transables (servicios cuyo precio depende mayormente del costo de mano de obra). En Argentina podría pensarse en precios regulados y no regulados, siendo las tarifas uno de los rubros que más quedaron atrasados respecto del resto de los precios. Un ajuste de tarifas llevaría a un repunte inflacionario que resultará en un cambio en el precio relativo de los servicios públicos respecto del resto de los precios de la economía (otros bienes, tipo de cambio y salarios).

Medidas.

Sin embargo, estas medidas de congelamiento de precios, precios máximos, precios cuidados y otras variantes, no pueden ser consideradas un plan antiinflacionario. Para combatir la inflación hay que tomar un conjunto de medidas que incluyan converger al equilibrio fiscal y disminuir el ritmo de aumento de la cantidad de dinero y del tipo de cambio en un contexto de credibilidad política y económica. A modo de complemento, transitoriamente podrían utilizarse también medidas tales como congelamientos de precios y salarios.

Bajo una visión estructuralista y de puja distributiva, se buscaría mejorar la coordinación y contener la inflación haciendo política de ingresos, que suele incluir el compromiso de tres actores a fin de: los empresarios que se comprometen a mantener los precios dentro de determinado rango de aumento, los sindicatos se comprometen a contener las demandas salariales dentro de un rango similar, y el Gobierno que se compromete a administrar el crecimiento de los medios de pagos y el tipo de cambio dentro de un rango compatible con las metas fijadas. Obviamente, para que el compromiso del Gobierno sea sostenible y creíble, el déficit fiscal y el financiamiento deben estar alineados.