Consenso suspendido

Por Julio Panceri – CPN / Docente / Consultor

La economía tiene un principio básico que se denomina “confianza”, y esto se logra en buena manera respetando los consensos establecidos, habida cuenta que generalmente, al no respetarlos, existe una de las partes que sale perjudicada (por ahora le toca al contribuyente) y en nuestro país el no respeto por los acuerdos logrados se ha vuelto una costumbre.

La gran pregunta sigue dando vueltas: ¿Alguna vez tendremos los argentinos acuerdos válidos y duraderos?

Por ahora esto parece difícil de contestar y la puja distributiva entre el Estado y los particulares, como también entre distintos sectores del estado (nación y provincia), muestra lo que cuesta mantener lo pactado, obviamente que al sector político se le hace bastante más fácil cambiar de opinión ya que los costos los paga otro sector de la sociedad (el poder de imposición es la herramienta).

Recordemos que la ley 27.260 ratifico el Acuerdo por un Nuevo Federalismo (2016) que entre algunas temas establecía: “Compromiso entre el Estado Nacional, las Provincias y C.A.B.A para implementar políticas tributarias destinadas a promover el aumento de la tasa de inversión y de empleo privado, que alivien la carga tributaria de aquellos impuestos que presentan mayores efectos distorsivos sobre la actividad económica, estableciendo niveles de imposición acordes al desarrollo competitivo de las diversas actividades económicas y con la capacidad contributiva de los actores..”

Pasaron cosas.

Es cierto que “nos pasaron cosas” como dijera un presidente para justificar lo injustificable y entre esas cosas la capacidad contributiva de los actores también está resentida. Volvemos a la vieja receta de aumentar impuestos, sin ideas originales y proyectos que saquen a las provincias del atraso, seguimos acentuando la hegemonía del gobierno nacional y todos atados a la coparticipación.

Aunque ya habíamos hablado anteriormente sobre el futuro del Consenso Fiscal y las dudas existentes sobre la vigencia  en su formato original, la semana pasada y basados en el amplio concepto de “solidaridad”, los gobernadores acordaron con el ejecutivo nacional la suspensión por un año de lo pautado  en 2017 (a cambio los gobernadores suspenden la demanda contra el gobierno nacional por la baja en la coparticipación producto de la disminución de impuestos que efectuó el gobierno anterior). Esto implica suspender la disminución de alícuotas en ingresos brutos, sellos y otros, obviamente que lo que representa para la provincia una mejora en su recaudación, representa para el contribuyente un esfuerzo extra (aumenta la transferencia de recursos del sector privado al público), especialmente en impuestos de tanta regresividad como el de ingresos brutos, que en el caso de nuestra provincia representa más del 60% de la recaudación tributaria provincial.

Lo que para el sector estatal es una suspensión en la baja de alícuotas para el sector privado es un aumento de impuestos, no olvidemos que una ley preveía la baja de alícuotas para 2020 (la modificación de la ley solo se aprobó basándose en las necesidades del estado y no en las necesidades y realidades de los contribuyentes)

Dificultades.

Cierto que los tiempos son difíciles para todos, pero también es cierto que las provincias siguen colaborando a aumentar le presión fiscal sobre el sector formal de la economía. Este también es el caso de nuestra provincia, el presupuesto 2020 fue presentado y aprobado con déficit, en tanto que los números de la ejecución presupuestaria (devengado) del mes de octubre indican que el camino negativo en las cuentas públicas sigue firme. La ejecución acumulada 2019 (Enero a Octubre) muestra un déficit financiero de $ 1.930,65 millones, aunque el resultado primario (recursos corrientes – gastos corrientes) muestra un superávit de $ 2.276,63 millones que no alcanza para cubrir los gastos de capital.

Los recursos corrientes acumulan en los 10 meses de 2019 $ 103.109,83 millones y están un 68,25% por encima de los recursos corrientes de octubre 2018 (interanual), en tanto que los gastos corrientes llegaron a los $ 100.832 ,20 millones y se ubican un 67,26% por encima de los gastos corrientes de la ejecución de octubre 2018.

Viendo otros números que conforman la ejecución presupuestaria del mes de octubre, podemos observar que el déficit de prestaciones a la seguridad social (contribuciones – prestaciones) es de $ 10.155,48 millones. En tanto que la deuda consolidada es de $ 51.115,45 millones y la deuda flotante alcanza los $ 10.124 millones.