La tarea está a cargo de la Secretaría de Producción y se basará en un dictamen de la Fiscalía de Estado. Pedirán a Agroindustria toda la información sobre las estadísticas de control de deriva. Danilo Lima
La polémica por las aplicaciones terrestres y aéreas de productos fitosanitarios no cesa en Entre Ríos. Tras el fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que ratificó la prohibición de las mismas en un radio de 1.000 metros para las primeras y de 3.000 para las segundas, con los votos de los jueces Miguel Ángel Giorgio y Daniel Carubia –la jueza Claudia Mizawak lo hizo en disidencia–, ahora el Gobierno provincial piensa apelar la medida y cubrir el vacío legal –o zona gris– del que habla el fallo a través de decreto.
En el Ejecutivo el tema ha generado una enorme preocupación porque, entre otras razones, la prohibición de las aplicaciones de fitosanitarios puede generar una caída de la producción agrícola entrerriana del orden del 20%, según estimaciones preliminares. Para un Gobierno que en forma permanente habla de producción y de agregado de valor, y que además ha hecho inversiones fuertes en materia de infraestructura portuaria, encontrar una solución rápida y equilibrada a la controversia resulta vital.
El tema fue analizado este jueves durante una reunión que mantuvo el secretario de Producción, Álvaro Gabás, con los representantes de las entidades del sector agropecuario. Allí, según pudo saber DOS FLORINES, el funcionario se comprometió a elaborar un decreto, sobre la base de un dictamen que solicitará a la Fiscalía de Estado que conduce Julio Rodríguez Signes, que pueda cubrir aquel vacío legal.
A propósito, la Fiscalía de Estado ya tendría decidido apelar el fallo judicial y, además, solicitará a la Secretaría de Gobierno de Agroindustria de la Nación toda la información sobre las estadísticas de control de deriva tomadas en las más de 30 muestras realizadas en varias ciudades del país, entre ellas, la efectuada hace unos días en Victoria.
En el fallo del STJ, Giorgio y Carubia hablan de una especie de zona gris que hay en la legislación, al sostener que “hasta los galpones avícolas se encuentran protegidos con una franja de resguardo para las fumigaciones, mientras que los niños y docentes que asisten a los establecimientos educativos rurales, no lo están”.
Mizawak, por su lado, consideró que la cuestión debería ser resuelta en el ámbito de la Legislatura a través de una ley o por el Poder Ejecutivo a través de un decreto. En esto está ahora enfrascado el Gobierno provincial.
Pedido de Farer.
Mientras, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer) le solicitó al Gobierno provincial, mediante una nota presentada al ministro de Economía, Hugo Ballay, la eximición en el pago del Impuesto Inmobiliario Rural de los inmuebles cuyas partidas se encuentran afectadas por la prohibición judicial para todo tipo de pulverización aérea (tres mil metros) y terrestre (mil metros) en proximidades de escuelas rurales del territorio provincial.
Farer, asimismo, expresó que “esta disposición, como ha sido fundamentado por profesionales en diversos ámbitos, restringe todo tipo de actividad productiva que requiere el uso de insumos correctamente habilitados por organismos nacionales para el desarrollo de las prácticas agrícolas”.
La entidad consideró que la medida judicial es de “sesgo arbitrario” y “deja sin posibilidades a innumerables productores, en gran parte de escala y capacidad económica pequeña y mediana”, y acotó que estos “no podrán ejercer el derecho laboral de trabajar, generando una situación de precariedad y exclusión, ante la imposibilidad de obtener una reconversión en sus emprendimientos”.
El texto de la entidad que representa a las rurales entrerrianas, a la que se encuentran adheridos más de dos mil quinientos productores, exhortó a la administración provincial a que contemple “en forma urgente” una resolución paliativa que permita resarcir los daños que recibirán los contribuyentes comprendidos por esta determinación de la Justicia”.
Gualeguaychú.
En la ciudad de Gualeguaychú, en tanto, el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que regula el uso y aplicación de agroquímicos dentro del ejido. Según establece en su artículo segundo la nueva normativa, “la utilización y aplicación de agroquímicos en el ejido de Gualeguaychú, queda sujeta a la expresa autorización otorgada por la Dirección de Ambiente Municipal previo cumplimiento de las exigencias determinadas en el artículo 7° de la presente. La mencionada Dirección podrá denegar dicha solicitud de autorización, mediante resolución fundada con criterio técnico, en el marco de la legislación vigente, y prestando especial atención al cuidado del ambiente y la salud”.
Luego de que el oficialismo transformara en ordenanza el proyecto de regulación de fitosanitarios, los integrantes de la Mesa de Enlace Gualeguaychú expresaron su “profundo malestar” por la decisión y remarcaron que “es imposible intentar hablar con quien no está dispuesto a escuchar”, en clara alusión a la administración que encabeza el intendente Martín Piaggio.
“Nos sentimos vulnerados en nuestros derechos. Nos han bastardeado, se han burlado de los productores agropecuarios de Gualeguaychú”, dijo la Mesa de Enlace gualeguaychuense, para quien “estos hechos sólo intentan ampliar una grieta inconducente”. “Quieren enfrentar vecinos contra vecinos, en una disputa estéril, inmadura e irresponsable. Podemos pensar distinto, disentir y también encontrar puntos en común. Lo que no es aceptable es que directamente se nos ignore. Nos tachan de la comunidad. Nos ningunean y después hablan de ciudad de todos”, criticaron.
“Lo que debe quedarle claro a la comunidad de Gualeguaychú es que estamos ante una ordenanza que prohíbe de manera encubierta la aplicación de cualquier fitosanitario imprescindible para la producción agropecuaria a gran escala. Estamos a las puertas de una prohibición encubierta de sembrar en alrededor de 17 mil hectáreas. Es una norma que provoca un daño enorme a los productores rurales de nuestra ciudad y al tejido social. Estas acciones sólo pueden traer perjuicios económicos y de desarraigo a la familia rural”, afirmaron, y advirtieron que “habrá menos trabajo y dinero en el circuito económico local”.
Los dirigentes de la Mesa de Enlace (Sociedad Rural Gualeguaychú, Federación Agraria y Sociedad Rural Argentina), asimismo, fueron especialmente con Piaggio al señalar que “la estrategia de la Municipalidad en contra del campo ha sido tan fuerte como falsa, ya que han intentando emparentar a los productores con los problemas ambientales. Nosotros vivimos de la naturaleza y la protegemos. Y defendemos las buenas prácticas agrícolas en el marco de las leyes vigentes. Pero como la Municipalidad tira toneladas de materia fecal por día al río producto de su desidia en el manejo de la planta de tratamiento de efluentes, debe desviar la atención. Y el campo viene siendo desde hace tiempo el enemigo elegido por esta gestión municipal”.
