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Aseguran que Masisa se desprende de sus activos forestales por u$s 70 millones y abandona el país

De acuerdo a la publicación realizada por el sitio especializado Iprofesional, la mayor productora de energía del país desembarca en el negocio forestal adquiriendo la compañía con fuerte presente en Entre Ríos y Corrientes.

Con firma del periodista Andrés Sanguinetti, el portal www.iprofesional.com anunció que la compañía Central Puerto, la mayor productora de energía del país, desembarca en el negocio forestal al adquirir por 70 millones de dólares los activos que la empresa Masisa, grupo de origen chileno, posee en el país.

De este modo, con esta operación, Masisa abandona el mercado local mientras que la empresa argentina se convierte en el principal jugador en el sector forestal, mercado en el que mayormente operan compañías de capitales extranjeros.

Según fuentes del sector se trata de la mayor transacción en el sector forestal de los últimos 30 años en el país, que le permite a la compañía energética sumar más de 72.000 hectáreas de campos con potencialidad forestal, distribuidos entre las provincias de Entre Ríos y Corrientes, de las cuales aproximadamente unas 43.000 hectáreas se encuentran plantadas con eucalipto y pino.

Según la especie, Masisa había puesto en venta estos activos en el 2019, tras contratar al Investment Bank para encarar su salida de Argentina, cediendo las acciones de su firma local Forestal Argentina, encargada del desarrollo de plantaciones forestales y que fue creada en 1996 con el fin de establecer, manejar, cosechar y administrar bosques que permitan producir madera a partir del cultivo de bosques implantados, y realizar inversiones en el sector forestal.

En el caso de Central Puerto, el objetivo de esta adquisición se tomó luego de que sus accionistas definieran un nuevo plan de negocios enfocado en invertir en todas aquellas industrias que presenten claras ventajas comparativas.

De hecho, en septiembre pasado su directorio aprobó modificar el artículo 4 del Estatuto de la compañía relacionado al objeto social con el fin de no considerar únicamente a la generación de energía como línea principal de negocios y expandir el alcance analizando otras industrias, como minería, forestal, gas y petróleo y agropecuaria.

Contexto.

La decisión se tomó teniendo en cuenta los desafíos de un contexto cambiante que obliga a explorar oportunidades de negocio en otros rubros.

Según el acta de la asamblea en la cual se definió este cambio, “la modificación del objeto social se alinea con la tendencia mundial de desarrollar proyectos innovadores que tengan como objetivo elevar el desempeño ambiental de las empresas y contribuir a los objetivos globales de descarbonización”.

Al respecto, Fernando Bonnet, gerente general de Central Puerto, agregó que “la compañía sigue dando pasos para el fortalecimiento de su presencia en Argentina, a la vez que estamos analizando alternativas de inversión alineadas con la tendencia mundial de desarrollar proyectos innovadores que elevan el desempeño ambiental de las empresas y contribuyen a los objetivos globales de descarbonización”.

En este sentido, los expertos aseguran que el país tiene una de las tasas de crecimiento más altas no solo de la región, sino del mundo ya que los árboles crecen aproximadamente 10 veces más rápido que en el hemisferio norte.

“Es por eso que el sector forestal en el que ingresa Central Puerto proporciona uno de los negocios con mayores ventajas competitivas y mayor potencial de crecimiento como generador de divisas de la Argentina. También puede significar una fuente de oportunidades de negocio futuras ligadas a bonos de carbono y generación de energía con biomasa”, señaló el ejecutivo de esta empresa de capitales nacionales fundada hace más de 100 años.

Composición.

La empresa es controlada por Sadesa, que a su vez es propiedad de los empresarios Nicolás Caputo (23%); Carlos Miguens Bemberg, (33,9%); Guillermo Reca, (22,5%); la familia Escasany, (13,6%) y los hermanos Ruete Aguirre, (7%).

Actualmente cuenta con 13 plantas de generación de diversas tecnologías que incluyen centrales termoeléctricas; hidroeléctricas, así como unidades de cogeneración, además de ofrecer servicios relacionados al mantenimiento y reparación de componentes de plantas eléctricas, incluyendo turbinas de vapor y transformadores.

Da trabajo a 800 empleados y alcanza un 10,3% de market share. También cuenta con una capacidad instalada de generación de 4.709 MW, a los que se suman 100 MW de proyectos que se encuentran en construcción.

Finanzas recompuestas.

En lo que va del año, la compañía logró recomponer en parte su ecuación económica y revertir las fuertes pérdidas que venía acumulando y que en el primer semestre del 2021 le causaron un rojo de $6.073 millones.

Esto se debió a que durante este año ya acumula ganancias por $14.200 millones, considerablemente mayores a los $2.500 millones que obtuvo en igual período del 2021, gracias a un aumento de 20% de la generación de energía que llegó a los 12.797 GWh, en comparación contra los 10.664 GWh del período anterior.

En el 2020, Central Puerto estuvo al borde del default cuando intentó ampliar los plazos de pago de un crédito que suscribió con los bancos Citibank; JP Morgan Chase Bank y Morgan Stanley Senior Funding INC destinado a financiar la adquisición de la planta Brigadier López.

En ese momento y a partir de las nuevas normas para refinanciar pasivos en dólares emitidas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), bajo la Comunicación “A” 7106, Central Puerto debió presentar un nuevo cronograma de amortización del préstamo.

En este contexto, logró refinanciar la primera cuota de amortización del crédito por u$s36 millones que no había pagado en fecha y suscribió con los acreedores un acuerdo de espera (forbearance agreement) por medio del cual no sufrió ninguna acción judicial o extrajudicial tendiente a reclamar el pago del monto adeudado.

Más allá del nuevo esquema de negocios ampliado que la compañía pondrá en marcha a partir del 2023, también viene llevando a cabo una estrategia de protección financiera ante la incertidumbre económica local y los vaivenes del mercado.

Lo hace mediante la adquisición de acciones propias por un máximo de hasta u$s10 millones o hasta alcanzar el 10% del capital y por un período de 180 días corridos.