Agroquímicos: el campo valora el anuncio de Bordet, pero pide celeridad

Integrantes de la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias piden al gobernador que se tome el proyecto consensuado entre los sectores. Instan a los legisladores a impulsar cuanto antes una ley que sea garantía para la producción. Nahuel Amore

Durante el discurso ante la Asamblea Legislativa, el gobernador Gustavo Bordet volvió a prometer que avanzará en regular, de una vez, el uso de agroquímicos en la provincia. Se trata de un capítulo largamente esperado por parte de los sectores productivos y que, al mismo tiempo, despierta rechazos de manos de grupos sociales y ambientales.

 “La regulación de los agroquímicos es una materia que está pendiente en Entre Ríos”, reconoció el primer mandatario, quien lo incluyó dentro de la lista de temas vinculados al cuidado del medio ambiente, en el marco de un mensaje sin grandes anuncios y con materias pendientes.

Al hablar, Bordet planteó la necesidad de regular el uso responsable de estos productos y aseguró que la provincia debe contar con una ley “que garantice la salud de todos los entrerrianos”. “La ley no fue posible en el año que pasó, con lo cual voy a enviar un nuevo proyecto se debata en el ámbito de la legislatura”, anticipó.

Las palabras del gobernador fueron bien recibidas por diferentes actores del campo entrerriano y, especialmente, de aquellos que vienen trabajando en el Proyecto de Buenas Prácticas Agropecuarias para el Uso de Fitosanitarios. En ese sentido, en base a la rueda de consultas realizadas por DOS FLORINES, el pedido ahora apunta a darle celeridad a la iniciativa, incluso con acuerdos en aquellos puntos pendientes.

Del mismo modo, los referentes de las entidades e instituciones agropecuarias plantean al Ejecutivo provincial que se ponga a disposición de los legisladores el proyecto “consensuado” en “resguardo de la producción”. Así pues, la intención es impedir que interfieran en el recinto voces que generen nuevas dilaciones.

Pablo Guelperín

El coordinador de la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias de Entre Ríos valoró como “súper positivo el hecho de que el gobernador impulse nuevamente el tema en la legislatura, por lo menos que se discuta”. De igual manera, se anticipó y planteó que sea el texto consensuado el que llegue a manos de los legisladores.

“En la forma que lo presenta Bordet, pareciera que el proyecto surgió de la nada, pero fue elaborado por la Secretaría de Agricultura y Ganadería, trabajado largamente en muchas reuniones, artículo por artículo junto a la Mesa de Buenas Prácticas, y terminamos en un proyecto de consenso en casi su totalidad. Hoy está en manos de la bicameral que conformó Bordet el año pasado”, recordó.

No obstante, reconoció que hay puntos pendientes que discutir. “Por ejemplo, está la situación de acopios y pequeñas industrias que manejan granos almacenados dentro de los ejidos y entrarían en el proyecto en una zona de prohibición total. A una cooperativa le impactaría, no pueden trabajar más”, advirtió.

Consultado respecto de cómo quedarían expresadas las distancias, informó que “la Mesa propone incrementar el área de resguardo de aplicación de fitosanitarios: en escuelas es a 150 metros, mientras que en destacamentos, centros de salud o poblaciones, se propone pasar de 50 a 100 metros”.

Asimismo, dijo que el proyecto disponía duplicar la franja de prohibición desde una zona natural, sea arroyo o laguna. No obstante, desde el sector plantearon “que no era necesario, que la sociedad no es ahí donde está pidiendo mayor grado de resguardo sino donde está la población”. “Entre Ríos, con su invalorable y extensa red fluvial, esa diferencia entre 50 y 100 metros, a nivel de predios es tremendo”, opinó.

Sobre este tema no menor, centro de discusión con grupos ambientalistas, consideró que a mayor distancia, miles de tierras quedarán improductivas. A su entender, esto terminará perjudicando primordialmente a los pequeños productores que viven en inmediaciones de los pueblos.

Por otro lado, hizo un especial pedido: “Esperamos que tenga un rápido trámite legislativo. El proyecto viene explicado y apoyado con el consenso de más de 30 instituciones de la comunidad agroalimentaria, inclusive con funciones sociales distintas. Tiene un amplio respaldo también desde el punto de vista técnico”.

Desde esta perspectiva, resaltó: “Los legisladores van a tener que tener la convicción y firmeza necesaria para que alguna minoría disonante tenga algún tipo de propuesta un poco soñadora, llevarla al terreno de lo factible, de lo real y de lo que puede significar un proceso de transición hacia un campo que vaya aplicando mejores prácticas agropecuarias”.

Alfredo Bel

El dirigente de la Federación Agraria Argentina Filial Entre Ríos expresó que el anuncio del gobernador “no hace más que insistir en la necesidad de que se logre una ley, luego de la judicialización en 2018 y 2019 con una definición del Superior Tribunal de Justicia; parte de esa resolución, además de avalar el decreto, marcó la necesidad de la conformación de una nueva ley”.

En ese sentido, destacó el debate en la Mesa y acotó que “tiene una cantidad de cambios y una modernización respecto de las herramientas, tanto para la fiscalización como en relación a las obligaciones de los productores y aplicadores y los roles de cada uno de los involucrados”.

Además, señaló que el proyecto incorpora “garantías en relación a las aplicaciones con mecanismos de cajas negras para que cada equipo registre en las condiciones que hicieron las aplicaciones, como también disponer de medios para ver si están dadas las condiciones para hacerlo, inclusive para mejorar la fiscalización”.

Consultado por las polémicas generadas detrás de este tema, expresó: “Entendemos y estamos a disposición de generar un debate con todos los medios científicos que hay disponibles a nivel de organismos de ciencia y técnica. En su momento se hicieron grandes aportes al debate y fue lo que en definitiva adoptó el propio poder Ejecutivo”.

“Nuestro interés es un debate serio, con niveles técnicos, con las posibilidades de nuestra provincia, a su vez diversificada, porque no sólo está la parte agrícola sino otras actividades que requieren del uso de fitosanitarios. Todo debe estar encuadrado y pensado para los próximos años”, se explayó.

En ese sentido, consideró que es clave impulsar “una ley moderna que atienda todas las necesidades, siempre con la visión de preservar la salud de las personas y, a su vez, compatibilizando esto con la producción”.

Finalmente, respecto del planteo de grupos ambientales por un cambio de modelo productivo, sostuvo: “No es una cuestión de coyuntura política o de vaivenes de algunos sectores más interesados en hundir la producción y generar condiciones que hoy no son posibles, como por ejemplo transformar toda provincia en agroecológica, que no se hace en ningún lugar del mundo”.

Héctor Martínez

El gerente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos valoró “con beneplático que el gobernador se haya parado nuevamente en esta apertura de la Asamblea Legislativa para hablar de este proyecto de ley y su tratamiento en las cámaras”. “Es un regocijo y esperemos que suceda en plazos breves para tener una ley superadora”, acotó.

Según destacó, resulta necesario avanzar en la norma debido a que “una tarea tan delicada como son las aplicaciones de fitosanitarias están limitadas por un decreto reglamentario cuando una ley sería la forma de llevar adelante todo lo que concierne”.

Asimismo, valoró que el proyecto fue consensuado en la Mesa de Buenas Prácticas y dijo que “tiene artículos que son importantes y sensibles” que se van a legislar. “Hay situaciones sensibles, específicamente a las distancias de las aplicaciones respecto de los poblados o escuelas”, puntualizó.

Sobre este punto, interpeló a los legisladores. “Van a tener que sacar mucho de sí y escuchar mucho a la ciencia y la técnica para que quede realmente una distancia por la cual sea la específica para que no cause ningún daño a la población que, de hecho, no sucedía si se hacen dentro de los parámetros que se deben hacer las aplicaciones”.

La normativa sobre el uso de agroquímicos dependerá si se trata de aplicaciones terrestres o aéreas. Para Martínez, “si se toma muy radicalizada esa distancia, el sector productivo agrícola o ganadero se va a ver perjudicado”. “Si las distancias son mayores, la provincia va a dejar de tener entre 200.000 y 350.000 hectáreas sin producir. Además, esas áreas rápidamente se van a ver pobladas de malezas y animales”, opinó.

José Colombatto

El presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), valoró el compromiso de Juan José Bahillo y del gobernador para retomar el proyecto. “Lo vemos con buenos ojos de que una vez por todas se empiece a tener una ley superadora”, afirmó.

Además, recordó que era un tema que en lo personal venía reclamando desde que era presidente de la Sociedad Rural de Gualeguaychú. “Es uno de los departamentos que primero empezamos a tener problemas el municipio con el tema de la aplicación de fitosanitarios. Se sacó una ordenanza que prohibía dentro del ejido el uso del glifosato”, se quejó.

En este contexto, dijo que desde Farer vienen “peleando para que la ley se apruebe y se hagan las cosas como deben hacerse, ajustándose a la ley y tratando de ser amigables con el medio ambiente y con la gente que tanto vive en el campo como los chicos que van a la escuela”.

Respecto del espíritu del proyecto, consideró: “Hoy la ley todo eso lo abarca y es superadora, trabajada con todas las entidades y el mismo gobierno. Fue cajoneada por Urribarri por un motivo netamente político y llegamos a esta realidad por la mezquindad política por sobre la producción entrerriana y la forma de encarar una actividad”.

Ahora bien, a partir del anuncio del primer mandatario provincial, enfatizó: “Quizá habrá que tocar algunas cosas, pero la decisión política está y es lo que nosotros vemos como positivo. Es necesaria una visión política para trabajar sobre el tema. Esperamos con ansiedad el tratamiento para promulgarla y que el productor cuando salga a sembrar sepa que hay una ley que lo ampara”.

Juan Diego Etchevehere

A su turno, el titular del Distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina (SRA), se mostró cauto respecto de la iniciativa que elevará el Ejecutivo a la Legislatura. “Si bien el gobernador Bordet anunció el envío a la legislatura provincial de un proyecto de ley sobre la aplicación de fitosanitario, no tenemos aún conocimiento sobre el mismo”, afirmó.

En este sentido, indicó que debería tenerse en cuenta el proyecto logrado entre los actores de la cadena. “La Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias, donde confluyen 32 instituciones entrerrianas y organismos del Estado provincial, consensuó un proyecto de ley que busca equilibrar la producción, el cuidado del medio ambiente y la salud”, destacó.

Por ello, sugirió: “Desde el campo esperamos que el gobernador tome ese proyecto para ser impulsado desde el Ejecutivo provincial, ya que el mismo cuenta con un mayoritario y representativo respaldo”.