Advierten sobre “irregularidades” en la concesión de la Hidrovía

El presidente de la Fundación Procurar notificó a Perotti y Bordet sobre situación anómala que ya denunció en el mes de julio pasado.

Enrique Millán, presidente de la Fundación Protección a Consumidores y Usuarios de la República Argentina (Procurar) se dirigió a DOS FLORINES -a través de la agencia de comunicación Vértice- con el  fin de recordar que en el mes de julio de 2019 realizó una denuncia pública y que ahora reitera en sus contenidos a los gobernadores de Entre Ríos, Gustavo Bordet y de Santa Fe, Omar Perotti.

Se trata de la descripción de una “irregular” situación que atraviesa la concesión de Hidrovía S.A., que administra la ruta que une -a través del río Paraná- Asunción con el Río de la Plata.

“Recientemente, el presidente Alberto Fernández manifestó públicamente su deseo de que la administración de la hidrovía sea transferida a las provincias limítrofes. Es por esta razón, que Procurar se ve obligado a informar a los gobernadores de las provincias de Santa Fe y de Entre Ríos sobre la situación actual de la concesión otorgada por el Estado Nacional, hace más de 25 años, a Hidrovía S.A. Estas cartas no excluyen la posibilidad de remitir cartas por parte de Procurar al resto de los mandatarios de las provincias mesopotámicas, también interesados en lo expresado por el Presidente”, expresó Millán en su comunicado.

Recuerda también Millán que en julio de 2019, Procurar interpuso ante el ex presidente Mauricio Macri una denuncia de ilegitimidad a través de la cual se requería la declaración de nulidad del decreto 113/2010. “Ese decreto fue el que admitió la prórroga de la concesión. Sin embargo, está viciado de nulidad absoluta debido a que el propio Gabriel Romero –por 25 años titular de Emepa S.A.- reconoció en la “Causa Cuadernos” haber pagado sobornos para lograr la extensión del contrato. Asimismo, la Fundación realizó la denuncia correspondiente ante el exministro de Transporte, Guillermo Dietrich, solicitando que tanto Emepa como su socio –la belga Jan De Nul- fueran excluidos de la explotación de ese corredor hídrico, el más grande de la Argentina. Ni el expresidente ni el exministro dieron respuestas de ningún tipo”, reseña.

Denuncia.

En el mes de julio, el sitio digital La Política On Line, publicó que la causa cuaderno impactó de lleno en el negocio cuando Gabriel Romero apareció haciendo un aporte 600 mil dólares a Roberto Baratta, en medio de la negociación para lograr la extensión por una década de la concesión en 2010. Concesión que en efecto consiguió gracias a un decreto de Cristina Kirchner.

Esta situación, reconocida judicialmente por Romero, llevó a que se presentarán denuncias contra el gobierno por no revocarle la concesión, como se instruye en la Ley de Administración Pública. Es por esto que en el mercado consideran un hecho que Emepa no se presentará en la nueva licitación, había aventurado el sitio seis meses atrás. Pero, por esos días, los directivos de la belga Jan De Nul, dejaron trascender en las últimas semanas que ellos sí se presentarán a la nueva licitación, con el argumento que “no estaban al tanto” de lo que hacía su socio.

“En la sociedad que comparten Jan De Nul se ocupó del dragado, mientras que Emepa, contrató expertos en balizamiento y se dedicó a ese segmento del trabajo. Si bien son múltiples las irregularidades que se han informado en el último tiempo sobre la administración del corredor hídrico, hay dos temas centrales. Uno es el pago en 2010 de 600 mil dólares no declarados a funcionarios de aquel entonces, para lograr una extensión en la explotación de la Hidrovía. Este hecho fue el detonante para que Procurar considerara necesaria la intervención de oficio por parte del Estado Nacional e interrumpa de manera unilateral la explotación en manos de Jan de Nul y Emepa. Asimismo, el precio actual del peaje es de más de tres dólares por tonelada, y según diferentes estudios, es entre el 30 y el 50 por ciento más de lo que debería ser”, había denunciado Milán, declaración que repite por estos días.

 Futuro.

La Fundación Procurar volvió al ruedo luego que el presidente Alberto Fernández remarcara su intención de transferir a ambas provincias la administración de la Hidrovía, e insiste en poner en autos a los gobernadores Bordet y Perotti acerca de lo que considera una “situación irregular”.

“Luego de las declaraciones del Presidente de la Nación, consideramos que es nuestro deber, en cumplimiento de los objetivos por los cuales fue creada nuestra fundación, informar, con la mayor celeridad posible, a los mandatarios de las provincias implicadas sobre las diferentes situaciones irregulares que atravesaron la administración de una concesión vital para el comercio y desarrollo de la región”, destacó Enrique Millán.

La concesión de la autopista hídrica más importante de la Argentina se vence en el 2021 y la hidrovía es la obra de dragado y canalización del Río de la Plata y el Paraná, por la que pasan nada menos que dos tercios del comercio exterior argentino. Los puertos de Rosario y Quequén buscan mejorar la competitividad de la hidrovía Paraná-Paraguay.

“El tema de fondo que sobrevuela esta polémica licitación es la eterna necesidad del país de bajar sus costos logísticos, como suelen pregonar Macri y Dietrich. Para diversos especialistas, el costo de “peaje” que pagan los barcos que circulan por la Hidrovía es demasiado alto, además de estar en dólares”, había publicado la fundación en su denuncia y allí se reseñaba que “en el mercado señalan que en los hechos, se termina pagando un costo de tres dólares por cada tonelada transportada por la Hidrovía, el doble de lo que se estima sería un precio razonable. Se trata de un tema fundamental cuando el país atraviesa una nueva crisis de falta de divisas, que en su mayoría vienen de la mano de las exportaciones agrícolas que salen del país por la hidrovía”.

Millán denuncia que Jan de Un, un gigante belga del dragado que pertenece a los hermanos Peter y Dirk De Nul, en el 2002 fueron condenados en Bélgica a tres años de prisión por pagar coimas a funcionarios locales. Y en el 2016 en enfrentaron otro escándalo en Ucrania, que les quitó la concesión que tenían en el puerto de Yuzhny, frente al Mar Negro.

La denuncia de Millán pide también investigar los aparentes incumplimientos de las obras de mejora del canal que establece el pliego de concesión.