Advierten que en Entre Ríos cada juicio por jurados tiene un costo promedio $5,8 millones

En la Apertura del Año Judicial, el presidente del STJ Leonardo Portela manifestó que “este sistema de enjuiciamiento plantea un reto financiero”. Advirtió por los costos de los juicios por jurados y anticipó que “es insostenible a largo plazo”. Manifestó la preocupación por los recursos para la Justicia y, dentro de las propuestas para 2025, mencionó la de crear un fondo anticíclico”. Dos Florines

El presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), vocal Leonardo Portela, dejó inaugurado oficialmente el Año Judicial 2025. En ese marco, marcó: “A partir de la base de que 2024 fue un año difícil, con obstáculos económicos y financieros que retrasaron, y en ocasiones, frenaron la ejecución de varios proyectos, esperamos que puedan concretarse este año”. Estuvo presente, el gobernador de la provincia Rogelio Frigerio.

En su discurso, brindó un balance de lo realizado el año pasado y marcó los desafíos del sistema judicial entrerriano. En el marco de los cambios que buscan avanzar para acortar los plazos, informó que en 2024 pasado se efectuaron 34 juicios por jurados, superando la estimación realizada al sancionarse la ley que creó ese instituto, que proyectaba 14 debates por año.

En esa línea, reflexionó: “Este sistema de enjuiciamiento plantea un reto financiero, dado que el costo promedio fue de 5,8 millones de pesos por juicio (por jurados). Y para dar una idea de la evolución del tema, la semana pasada un juicio costó 9,4 millones de pesos. Como todos saben, en la Legislatura hay una propuesta de reforma de la ley que realizaron este Tribunal y los Ministerios Públicos, ya que entendemos que el sistema, tal como está planteado, es insostenible a largo plazo”.

Portela no perdió de vista la necesidad de reducir costos, para lo cual valoró el diálogo interinstitucional. “Entendemos que el Estado es uno solo y es nuestra obligación buscar soluciones eficientes”, afirmó, y señaló que junto al Tribunal de Cuentas se trabajó en la optimización de procesos administrativos, lo que permitió un ahorro en licitaciones, mientras que con el Instituto del Seguro se logró disminuir significativos costos luego de analizar los servicios contratados, sostuvo.

También puso de manifiesto la labor de la Mesa interinstitucional, que reúne a diversos organismos públicos y que busca asistir eficazmente a personas vulnerables, como las víctimas de violencia, las infancias y los adultos mayores. “No quisimos incurrir en el error frecuente de plantear objetivos extremadamente ambiciosos porque sabemos que la imposibilidad de cumplimiento lleva a la frustración. Va nuestro reconocimiento a las distintas direcciones de la administración pública que se sumaron a la mesa”, agregó el presidente del STJ.

Más adelante señaló la adopción de un protocolo que abrevió los plazos en el fuero contencioso administrativo. Y puso como ejemplo lo que sucede ante los planteos por concursos convocados por el Consejo de la Magistratura: “Obtienen respuesta en 30 días, algo inédito en la dinámica de un tribunal superior de provincia en el país y más aún en un tribunal de nueve miembros”.

El presidente del STJ estuvo acompañado por la vicepresidenta del Alto Cuerpo, vocal Laura Mariana Soage; el vocal Germán Carlomagno; las vocales Susana Medina y Claudia Mizawak; el vocal Miguel Ángel Giorgio; la vocal Gisela Schumacher y el vocal Carlos Federico Tepsich. Además asistieron el Procurador General de la provincia, Jorge Amílcar García y el Defensor General, Maximiliano Benítez.

Medidas

El presidente del STJ dijo que “el Poder Judicial enfrenta hoy el desafío de asumir responsabilidades que exceden su función, en gran medida porque se desconoce su verdadero rol dentro del sistema de gobierno. Esta confusión genera una tendencia a judicializar problemas que deberían solucionarse en otros ámbitos institucionales”.

Al repasar lo hecho, destacó la convocatoria para cubrir cargos ocupados de manera interina y la regularización de la planta de personal, al tiempo que valoró la renovación de la flota de vehículos del Poder Judicial, sin costo, a partir de la asignación como depositario de vehículos secuestrados a organizaciones delictivas. Además, resaltó la subasta de unidades en desuso o de reparación antieconómica, previéndose para este año el remate de otros siete vehículos.

Ponderó la incorporación del lenguaje claro en la redacción de actos administrativos y sentencias, al tiempo que recordó que durante 2024 se realizaron múltiples charlas, seminarios y capacitaciones para fortalecer esta práctica. “No se trata sólo de una obligación institucional, sino de un derecho ciudadano fundamental: el derecho a comprender las razones detrás de cada decisión judicial”, indicó el presidente del STJ

También aludió al diseño de políticas judiciales mediante la delegación de la administración reglada en profesionales avanzados, para lo que se visitó a los poderes judiciales de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, con la atención puesta en la figura de administrador del Poder Judicial. “Si bien este proceso se inició localmente en 2014, durante la presidencia de la Dra. (Claudia) Mizawak, el estudio de la burocracia de los poderes judiciales mencionados permite observar que es posible avanzar más en este sentido”, precisó Portela.

Tras valorar la creación por parte de la Legislatura de 70 cargos en el Poder Judicial durante 2024, el presidente del STJ indicó que “se trata de un avance significativo, aunque es importante señalar que nuestro pedido inicial, basado en un estudio serio y responsable del 2023, contemplaba la necesidad de 152 cargos para garantizar un servicio de justicia acorde a las demandas actuales”.

En ese sentido, explicó que la mayoría de los nuevos puestos serán asignados a profesionales integrantes de equipos técnicos para cumplir con la normativa vigente, que exige un seguimiento especializado en casos de violencia, tanto de género como doméstica.

Además mencionó que el año pasado se realizó el concurso de ingreso más grande en la provincia, con 4.400 inscripciones y 1.488 personas evaluadas, que se incorporarán en la medida en que se generen vacantes. “Este proceso implicó un esfuerzo logístico y de gestión de recursos muy arduo, por lo que brindamos nuestro reconocimiento a quienes trabajaron en su organización”, añadió Portela.

Entre otras medidas, valoró la descentralización del personal de intendencia, incorporando agentes de mantenimiento y tareas generales en distintos puntos de la provincia, permitiendo que las tareas sean atendidas con mayor rapidez y reduciendo los costos de traslado.

Propósitos y objetivos

Al momento de hablar sobre los desafíos y proyectos para este año, Portela hizo referencia a las restricciones presupuestarias que realizó el gobierno nacional y a las transferencias a las provincias, lo que provocó un impacto directo en la obra pública del ámbito judicial.

En ese sentido, dijo que el STJ resolvió suspender el inicio de obras hasta contar con un panorama más claro de la situación. “El tiempo ha demostrado que fue una decisión acertada por su prudencia, ya que evitó compromisos que habrían derivado en juicios por incumplimientos contractuales contra la provincia”, afirmó el presidente del STJ.

“Este tribunal ha debido agudizar el ingenio e impulsó distintas iniciativas para disminuir gastos y obtener recursos. Las últimas están pendientes de tratamiento en la Legislatura y, aunque algunas son originales y otras no tanto, todas son necesarias”, dijo.

Entre ellas mencionó:

– la presentación de un proyecto de ley ante la Legislatura denominado “de remanentes financieros”;

– la solicitud, a la Legislatura, de autorización para crear un fondo anticíclico, que permita destinar reservas en períodos de bonanza para ser utilizadas en tiempos de crisis;

– la propuesta, presentada ante la Legislatura, para implementar un canon al agente financiero por el empleo que hace de modo gratuito del dinero depositado en las cuentas judiciales que a la fecha supone una suma aproximada de 32.000 millones de pesos;

– respecto al financiamiento de los juicios por jurados, el tribunal ideó un mecanismo de recupero de su costo, a partir del trabajo junto a la Fiscalía de Estado; tratativas con la Embajada de China para obtener el financiamiento de un laboratorio de genética forense; y tratamiento pendiente en la Legislatura del proyecto de creación de Juzgados de Familia en las cuatro ciudades más grandes de la provincia.

Según Portela, “la necesidad de estos organismos es urgente, dada la creciente complejidad y el aumento exponencial de los conflictos familiares”, lo mismo que la creación de un Juzgado del Trabajo en Concordia y otro de Garantías en La Paz.

Críticas a Javier Milei

“Lamentamos que desde la Presidencia de la Nación se haya decidido designar a hombres para cubrir vacantes en la Corte Suprema, cuando quienes conformaban el tribunal en ese momento eran en su totalidad varones. En pleno siglo XXI, es inadmisible que la equidad de género en los órganos de mayor jerarquía del país siga siendo una asignatura pendiente. No hay más excusas para evadir este tema”, advirtió el presidente del STJ.

“Del mismo modo, nos preocupa la forma en que estos dos magistrados fueron designados, ya que se ha eludido injustificadamente el procedimiento previsto en la Constitución. Como actores institucionales de una democracia republicana debemos alzar la voz ante situaciones como ésta, para que no pase inadvertida y señalándolo con firmeza para que se activen las alarmas. En nuestro diseño institucional, la responsabilidad de gobernar la República recae sobre los tres poderes del Estado. El poder soberano es uno solo, dividido en tres funciones, precisamente para evitar la concentración, que tiene un enorme potencial de daño”.