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Abogados y empleados judiciales de Entre Ríos buscan destrabar el conflicto

El Colegio de Abogados de la provincia y el gremio de trabajadores judiciales se sentaron en la mesa para dialogar sobre la problemática, en el marco de las restricciones por la pandemia de Covid-19.

Se reunieron en la sede del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos representantes del gremio de empleados judiciales (AJER), la Asociación de Magistrados y el gobierno, representados por la Secretaria de Justicia. Se conocieron los puntos de cada una de las partes en el conflicto que afecta el servicio de justicia en Entre Ríos.

El presidente del CAER, Alejandro Canavesio y el secretario de la institución, Carlos Pacher recibieron a Mabel Pedrero, secretaria adjunta de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), Gabriela López Arango y Alejandro Cánepa, de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, y a Adriana Pérez Galarraga y Fabricio Battauz, de la Secretaría de Justicia del Gobierno de Entre Ríos.

El CAER había convocado a este encuentro para abordar la problemática en el servicio de justicia entrerriano y la garantía de la tutela judicial que manda la Constitución de la Provincia, ante las medidas de fuerza gremiales instrumentadas por AJER.
Desde el gremio afirmaron que las medidas continuarán hasta que el gobierno provincial se exprese sobre la prórroga de la Ley de Emergencia Solidaria que va a cumplir un año de vigencia.

Desde el lado del gobierno provincial, la Secretaria de Justicia, Adriana Pérez Galarraga aseguró que el gobernador Gustavo Bordet, a través de la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, está al tanto del reclamo gremial y de los inconvenientes que conlleva esta situación.

Por su parte, desde la Asociación de Magistrados aseguran que han enviado al gobierno distintas propuestas para solucionar el problema del déficit en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos y que comparten con AJER la oposición a la Ley de Emergencia Solidaria.

Desde el Colegio de la Abogacía se dejó planteado que el art. 65 de la Constitución provincial solicita se garantice el servicio de justicia, amparando la tutela judicial efectiva y continua, para dar respuesta a los más vulnerables de la sociedad. “La necesidad de la gente, es también de cada abogado/a de la provincia que no puede atender y dar respuesta a la sociedad, por lo que solicitamos al gremio mayor empatía con el conjunto de la sociedad en este difícil momento”, aseguró el presidente del CAER, Alejandro Canavesio.

Para finalizar se propuso una hoja de ruta, con distintos temas a abordar para encontrar criterios previsibles y homogéneos. Además, los magistrados se comprometieron a analizar caso por caso cada jurisdicción para optimizar el servicio de justicia.

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