Unos 60 millones de dólares de obra privada esperan autorización y la Comuna busca desburocratizar el trámite

Se trata de unos 159 expedientes de todo tamaño y volumen y mientras se constituyó una Mesa con todos los sectores, la gestión Bahl emitió un decreto con un plazo de 15 días para la factibilidad y quiere reducir el trámite a seis meses. Gustavo Sánchez Romero / Dos Florines

Si bien toda burocracia es indignante, cuando se trata de salud o desarrollo social debe ser inaceptable. Sin embargo, cuando su subrepticio pero no por eso menos efectivo brazo afecta a temas vinculados con el empleo, los ingresos y el desarrollo de una comunidad los dirigentes y los ciudadanos deberían movilizarse para evitarlo con el mismo ímpetu.

La ciudad de Paraná ha agudizado en los últimos años un grave problema que atraviesa a todas las gestiones, y habrá que bucear quizá hasta los primeros años de la recuperación de la democracia para determinar su germen. Ninguna gestión le puso el cascabel al gato al intríngulis de los plazos totales de autorización para la obra privada en ciudad, desde edificios a mejoras en casas particulares.

Esto impacta directamente en los términos de la inversión en un país con alta y permanente evolución de los indicadores inflacionarios y resulta una paradoja que afecta a los privados por la dilación y la variación de costos, pero también a la Comuna que pierde la oportunidad de recaudar, de generar empleo directo e indirecto y retrasa ingresos en más de 200 rubros vinculados al sector. En definitiva, le pone un talud al círculo virtuoso que debe tener toda ciudad y que para advertirlo sólo hace falta cruzar el charco, ora por el Túnel Subfluvial, ora por el enlace vial que nace en Victoria.

Naturalmente que de esto se quejan los actores directos -incluso los profesionales que paradójicamente les ha tocado estar en ambos lados del mostrador- y los números actuales alertan también a una comunidad que ve deteriorada su calidad de vida, en parte por la pandemia y su larguirucha cuarentena, en parte por la ineficacia de las gestiones de gobierno de estas décadas que no han encontrado nunca la punta del ovillo para sacar a Paraná de su atraso estructural. Como dato sólo habrá que recordar que en el últimos indicador de pobreza nuestra ciudad se posiciona en los primeros lugares con el 11.3 %. Que no parezca poco.

Veamos los principales datos que aportó a este cronista la flamante Mesa de la Cadena de Valor Agregado de la Construcción de Paraná y que define un punto de inflexión en lo que, en principio, parece haber encontrado respuesta de la actual gestión; a saber: a) Actualmente existen unos 159 expedientes pendientes de aprobación de parte de la Municipalidad; b) se trata de 100.000 metros cuadrados que se podrían construir en 2021 en la ciudad ; c) esto implica una inversión con un total de unos 60 millones de dólares ; d) el Estado municipal podría recaudar unos 16.200.000 pesos en los seis períodos fiscales en concepto de Tasa Inmobiliaria Urbana, esto se contrapone con los casi insignificantes 5 pesos que se paga por metro cuadrado baldío, atendiendo también que el costo por mejoras es cero pesos; e) sin perjuicio de esto, la Comuna recibiría también unos 9.932.820 pesos por derechos de construcción a 11.522 pesos el metro cuadrado; f) según el Ieric hay en la ciudad unos 5.409 trabajadores de la construcción con un variación interanual de -29,7 %, producto de la caída de la inversión interanual y -según consignan los privados- una obra promedio de 3000 metros cuadrados ocupa unos 40 trabajadores en forma directa y con carácter de formalizado.

Avances.

Mientras los empresarios y profesionales decidieron organizarse en lo que llamaron Mesa de la Cadena de Valor Agregado de la Construcción de Paraná y buscan darle visibilidad al tema, el gobierno municipal tomó el guante y le puso un plazo de 15 días al lapso que debe suceder entre la presentación del proyecto y la respuesta sobre su factibilidad. Todo un avance.

Lo hizo a través de un largo y complejo decreto de 35 páginas cuyo número es el número 2028/20 fechado el primero de diciembre pasado y por el cual se busca la reorganización de las áreas pertinentes para evitar atomización y dilación en la administración de los mismos.

En diálogo con este portal, uno de los miembros de la flamante mesa -que pidió no publicar su nombre para no dañar susceptibilidades internas en una organización todavía incipiente- aseguró que los datos sobre las obras privadas fueron recogidos por la Cámara de la Construcción (privada) delegación Paraná y el Colegio de Arquitectos, y que todos los otros sectores colaboraron en la sistematización. “Nos preocupa el paráte económico que genera esto en la ciudad atendiendo al contexto de pandemia en el que estamos y lo necesario que se vuelve cualquier inversión genuina en Paraná.

Lo que vemos es la pérdida de una oportunidad valiosa para muchos y nuestra idea no va allá de lograr agilizar la normativa para que esto se pueda revertir y activar. Es importante hacer visible esta realidad y no tenemos ninguna intención de confrontar con la Comuna porque tenemos la convicción que sólo si nos complementamos y trabajamos articuladamente podemos marcar una nueva realidad en este sentido”, expresó ante Dos Florines.

La Mesa está compuesta por arquitectos, agrimensores, desarrolladores corredores inmobiliarios, empresarios, comerciantes y otros más porque la cadena es realmente muy larga e involucra a numerosos actores. “Por lo pronto queremos tener una aparición formal como Mesa a su debido tiempo y por ahora estamos consolidando la herramienta, por lo cual es importante que tengamos un mensaje unificado e institucional, más allá de cualquier posicionamiento individual o de alguna institución porque lo verdaderamente importante es lograr el impulso que la ciudad necesita y el aporte que puede hacer nuestro sector, algo que el Ieric o el Indec mismo lo prescribe con sus indicadores”, expresó este miembro justificando su solicitud de no dar a conocer su nombre.

Los profesionales enviaron una carta esta semana al intendente Adán Bahl donde se puede leer como primero y segundo punto de una propuesta la disponibilidad al trabajo en conjunto y el “agradecimiento al Municipio por haber escuchado los reclamos y la disposición a realizar transformaciones” para mejorar el estado de cosas.

Seguidamente se detallan un puñado de puntos donde se abordan los cambios que deberían implementarse, según la visión privada, al respecto. 

Activá cambios.

Dos Florines se comunicó con el subsecretario de Coordinación de Gestión,  Nicolás Parera, quien asumió de algún modo la responsabilidad emanada por el Intendente quién le pidió que se involucrara en el tema ya que, según dijo, “no podemos seguir perdiendo la oportunidad de generar empleo genuino y riqueza por la burocracia municipal y que estén parados tantos proyectos”. Sin embargo consignó que hay muchos en los datos que circulan que ya han logrado autorización y que con el nuevo sistema desde el decreto de inicio de diciembre ya hubo nuevas firmas desde el Estado municipal.

El funcionario parece poner al gobierno a la altura del problema y asegura que si bien viene de antigua data, es su deber intentar resolverlo de una vez por todas. “El intendente lo tiene ponderado así y no es casual que se haya emitido el decreto 2028, lo que muestra la preocupación de la gestión. En él se establece un nuevo procedimiento para la aprobación de la factibilidad de los proyectos y eso es un gran paso. Esto surge del diálogo con la Cámara de la Construcción y los colegios de profesionales. Ellos nos prepusieron algunas cosas que consideramos acertadas y si bien varias se pudieron resolver con el decreto, otras requieren una ordenanza y ese es otro proceso”.

Parera explica que en realidad no es muy distinto el procedimiento anterior  y sólo hay dos cambios fundamentales que evitan y dilatan la atomización que había antes. Por un lado se dividen en áreas de pertinencia administrativas precisas que van viendo los proyectos, pero en la misma secretaría, y lo más innovador es que se establece un plazo de 15 días para generar la respuesta acerca de la factibilidad. Luego viene la evaluación del proyecto propiamente dicho donde se requiere un análisis más riguroso, pero “siempre se hará con el espíritu de disminuir los plazos actuales”.

Asegura el subsecretario de Coordinación de Gestión que con la idea de dar más agilidad y desburocratizar y agilizar se refuerzan las áreas con más recursos técnicos y se incorpora una directora en Obras Particulares y nuevos profesionales que apoyarán la gestión.

“El proceso queda simplificado dentro de la secretaria de Planeamiento y Desarrollo Territorial, y en dos semanas estaría resuelto lo que antes llevaba ocho meses. Entendamos que la factibilidad es lo primero, pero es un trámite necesario para empezar con la obra  El  proceso incluye la presentación del proyecto y se autoriza el volumen en función de la zona con los servicios públicos requeridos y se analiza si no colisiona con el código de edificación que tiene la ciudad”, expresó el funcionario.

La pregunta final parece esperanzadora para un nuevo tiempo.

-Finalmente, ¿en cuánto estima que se disminuirá el tiempo de todo el trámite y por el cual se quejan empresarios y profesionales y que denuncian que hoy demanda dos años?- consultó Dos Florines.

– Nuestra aspiración es reducirlo a un 25 % de ese tiempo. Estamos trabajando y pensando bien este problema, y el decreto demoró mucho tiempo de análisis y logramos lo mejor que pudimos atendiendo a los verdaderos tiempos en que podemos cumplir. Si todo sale bien en seis meses debería estar todo el proceso concluido- sentenció Nicolás Parera.