Deuda entrerriana; como juega el gato maula con el mísero ratón

A cuatro meses de reestructuración de la deuda nacional con los tenedores privados, en la Provincia hay quejas de los acreedores, dilaciones y desinformación. Gustavo Sánchez Romero

Transcurridos 120 días del principal logro de Martín Guzmán al frente del Ministerio de Economía al lograr reestructurar una deuda superior a los 65 mil millones de dólares con acreedores privados tras arduas negociaciones, la deuda de la provincia de Entre Ríos por 500 millones de dólares parece haber entrado en un desinteresado, anodino y exteriorizado proceso de latencia.

Sin embargo, no es tan así.

Aunque signado por silencios, declaraciones y evidentes dilaciones, el proceso de reestructuración entrerriano hoy tiene más interrogantes que certezas, al tiempo que el Gobierno provincial de Gustavo Bordet parece haber optado por no hacer olas y esperar-ahora- que se aclare el panorama de la también dilatada negociación entre el Ejecutivo nacional y el Fondo Monetario Internacional por 44 mil millones de dólares.

A mediados de octubre, el periodista Juan Bracco -en su portal Valor Local- arrojó un piedrazo al avispero al publicar una declaración de un grupo de inversores tenedores de deuda entrerriana que, tras rechazar la primera oferta del Gobierno, presentaron una propuesta propia y que como respuesta recibieron la suspensión de las conversaciones.

Según la fuente, a través de un comunicado oficial, expresaron que “la Provincia formuló una propuesta para la reestructuración de los títulos, que el Comité estimó inadecuada por no reflejar la verdadera capacidad de pago de la Provincia ni contar con un diseño que abordara sus necesidades a corto plazo”. Según la información a la que accedió el portal informativo, el Comité ha expresado su disposición para trabajar con la Provincia en el manejo de sus desafíos financieros actuales, entre los que se incluye el impacto de la Covid-19. Sin embargo, las obligaciones fiduciarias de los integrantes del Comité frente a sus respectivos inversores exigen que cualquier medida de alivio se diseñe estrictamente para abordar las necesidades a corto plazo de la Provincia. En tal sentido, el Comité observa que “la Provincia es una de las provincias menos endeudadas de la Argentina”.

Entre Ríos contrató para estas cuitas al Banco de Entre Ríos S.A. y a la entidad internacional HSBC para la identificación de los tenedores, la presentación de la propuesta y la negociación para la reestructuración.

Es que suele suceder que los inversores corporativos e institucionales que operan con los bonos de las provincias suelen repetirse en emisiones de otras provincias y el HBSC tiene experiencia en lidiar con ellos en procesos similares en otras negociaciones y eso facilita el proceso.

La propuesta a los acreedores -en contraposición con lo sucedido en otras provincias- no fue hecha pública, y ambos bancos y el Gobierno la guardan celosamente. Sin embargo es dable observar que un pago de unos 22 millones de dólares previsto para agosto fue incumplido, pero Hugo Ballay, ministro de Economía provincial- aseguró que este tramo no puede ser defaulteado porque fue notificado a los acreedores que el mismo ingresaría en el proceso de reestructuración.

El próximo desembolso está previsto para el mes de febrero.

Allá por septiembre de 2019 el ministro aseguró que había logrado adquirir dólares oficiales antes de la devaluación de Mauricio Macri, y que eso le daba algo de oxígeno para el proceso que venía. No obstante, las diarias y consecutivas sangrías de la gestión Alberto Fernández se convierten en la tortura china de la gota para el gobierno provincial ya que son devaluaciones cotidianas que horadan las finanzas para afrontar los compromisos. Con este escenario se convive por estos días.

Nueva York.

El 11 de noviembre pasado se conoció una carta fechada en Nueva York -en proceso de verificación de parte de este portal informativo pero que posee gran verosimilitud- donde un grupo que se presenta como Comité del Grupo Ad Hoc de tenedores de bonos de la provincia de Entre Ríos lanzó una declaración en el portal www.PRNeswire.com donde asegura que poseen el 45 % de los títulos pendientes de pago emitidos por la provincia y que han contratado al estudio jurídico White & Case LLP para llevar adelante la reestructuración de la deuda.

En el parte no queda claro si este grupo incluye o no a los anteriores acreedores decepcionados y lleva la firma de Erin Hershkowitz, residente en la Gran Manzana, donde el estudio tiene su sede principal.

En este texto se asegura que “el Comité hizo llegar a la Provincia una respuesta formal a su propuesta, en la que establece tres principios rectores que deben regir toda reestructuración de deuda de la Provincia: (i) al momento de la liquidación, todos los intereses devengados y no pagados deberán liquidarse en su totalidad a las tasas establecidas en el contrato; (ii) el interés devengado de los títulos durante un período de alivio provisorio deberá pagarse en efectivo a una tasa no menor del 5 %; y (iii) tras el período de alivio provisorio, el interés devengado de los títulos deberá retornar a la tasa contractual de 8,75 %, a menos que la Provincia esté en condiciones de ofrecer una garantía que mejore el perfil crediticio de los títulos”.

Renglón siguiente, el texto aludido asegura que “la Provincia suspendió las conversaciones y publicó los términos de la propuesta rechazada. El Comité se mantiene dispuesto a negociar de forma constructiva con la Provincia con miras a alcanzar un acuerdo de reestructuración que refleje su capacidad de pago actual. No obstante, a falta de una actitud constructiva por parte de la Provincia, el Comité se verá obligado a llevar adelante otras medidas para el cobro de la deuda”.

DOS FLORINES consultó a un reconocido consultor en materia de mercados y bonos y acciones y expresó no estar al tanto de las condiciones que se prescriben en el contrato. Sin embargo, aseguró que  “la existencia de un comité que represente a los acreedores en la reestructuración me parece muy posible y se da mucho en estos casos; lo que no queda claro es cuáles son los condicionantes del Gobierno y dónde se sustentan”, expresó.

Por su parte, si bien el Gobierno provincial no respondió la consulta de DOS FLORINES acerca si efectivamente continúa la mesa de negociación, el ministro Ballay le habría asegurado a algunos coelgas y colaboradores que “las negociaciones continúan, la mesa sigue conformada y sólo estamos esperando mejores condiciones para cerrar el acuerdo”.

El tema no es menor. Se trata nada menos que de cómo quedará el perfil fiscal de la provincia en 2021 en función de sus compromisos externos.

Este sólo dato ameritaría que la Provincia tenga una definición meridiana ante la opinión pública en el corto plazo.

Complejidad.

“Tengo entendido que sí, que las negociaciones continúan. Sin embargo, no estoy en condiciones de asegurar cosas que no conozco bien. Lo que sí puedo decir es que esto viene para largo, para muy largo”, confirmó una fuente cercana al círculo oficial que toma las decisiones, y que pidió reserva de su nombre.

Todo indicaría que el Gobierno no abandonó la mesa de diálogo, pero que se está tomando su tiempo y espera que el desgaste, el cansancio o la crisis de la Argentina terminen jugando a su favor.

Hoy se lo ve ambivalente, pero juega como el gato maula con el mísero ratón.

Los especialistas aseguran que la negociación de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional lograría una solución de continuidad, en principio, para marzo o abril.

La pregunta es si el Gobierno entrerriano espera esto; cuáles serían las ventajas y si tiene el margen para tomarse ese tiempo sin que los acreedores accionen medidas.  

Pero, nobleza obliga, no es sólo un problema de Entre Ríos.

Esta semana se conoció que la ciudad de Córdoba obtuvo una aceptación del 83,79% a la reestructuración de su deuda. Según lo comunicado, los  nuevos términos y condiciones del título cordobés implican una reducción aproximada del 24% de la tasa de interés que, originalmente, ascendía al 7,875% y que ahora será del 2,125% para 2021 y luego irá creciendo paulatinamente hasta un cupón promedio de 5,9%.

También se modificó la amortización del bono que, en lugar de ser en tres pagos anuales desde 2022, será de 8 pagos iguales y semestrales a partir de 2024 y hasta el 2027, lo que permitirá extender en el tiempo los pagos de capital y así aliviar la carga financiera de la ciudad y mejorar la sostenibilidad de su deuda pública en el largo plazo.

En forma paralela, la provincia de Córdoba trabaja en la reestructuración de su deuda externa, que incluye tres bonos bajo ley extranjera por US$ 1.685 millones y que ya propuso a sus acreedores cambiarla por nuevos títulos con dos años de plazo de gracia y quita de intereses, pero no de capital. El nuevo esquema propuesto por Córdoba incluye un pago del 20% de capital cada año entre 2023 y 2027, y un pago de cupón de intereses del 1% hasta 2022 y del 5% entre 2023 y el vencimiento del bono, dos puntos porcentuales por debajo de lo que hoy pagan los bonos que tienen la provincia.

En total hay once provincias que están buscando reestructurar sus compromisos de deuda externa por unos US$ 12.700 millones, de los cuales Buenos Aires concentra la mayor parte con un total de US$ 7.148 millones en bonos a renegociar.

El detalle es el siguiente: sólo Mendoza terminó su reestructuración de US$590 millones en estos meses y Chubut (US$650 millones) anunció la semana pasada un principio de acuerdo. Neuquén (US$694 millones), Salta (US$383 millones) y Tierra del Fuego (US$170 millones) siguen negociando al mismo tiempo que cumplen con los vencimientos; mientras que Buenos Aires (US$7148 millones), Chaco (US$250 millones), La Rioja (US$300 millones) y Río Negro (US$300 millones) están negociando en default, según un relevamiento de la consultora Aerarium.

“Las razones son varias. Es que, a diferencia de lo que se creía, tras anunciar el acuerdo del canje del soberano, el 4 de agosto pasado, las variables económicas empeoraron en vez de mejorar: se aceleró la caída de reservas del Banco Central y la salida de depósitos, los tipos de cambio paralelos se dispararon, se restringió aún más el cepo, el riesgo país se mantuvo en niveles arriba de 1360 puntos y los bonos argentinos cotizan al 15%, cuando la reestructuración de la deuda se había negociado en base a una exit yield del 10 o 11%, lo que implica una pérdida de capital mayor para los bonistas”, aseguró en un reciente artículo La Nación.

Según se elucubra, las provincias, al mismo tiempo, piden en sus ofertas de canje un período de gracia de uno o dos años, una baja en los cupones en promedio del 8% o 10% al 2% para los primeros años y extensión de plazo de los vencimientos. Todas concesiones que los acreedores no quieren ceder, a pesar de que las tasas de interés en el mundo se derrumbaron y hay abundante liquidez.