Polémica por usurpaciones: 10.000 familias solicitan viviendas sociales en Paraná

El dato corresponde al Registro de Vivienda de IAPV. Sin embargo, desde el organismo explican que no todos cumplen con los requisitos, mientras que la capacidad de respuesta es limitada. Nahuel Amore

La usurpación de terrenos que se originó en Buenos Aires días atrás se comienza a visibilizar poco a poco en todo el país y Paraná no estuvo exenta de esta situación. Diferentes grupos de familias irrumpieron en la escena pública de la capital provincial tras intentar tomar por la fuerza algunos baldíos, con el objetivo de poder distribuir la tierra para construir sus casas. Los hechos motivaron la intervención policial para impedirlo, con el consentimiento de las autoridades provinciales y municipales que decidieron resguardar la propiedad privada y evitar una oleada social conflictiva.

De este modo, la polémica por la ocupación ilegal de terrenos, con su réplica en Paraná, puso en evidencia la problemática por el déficit habitacional, tanto en términos de ausencia de soluciones concretas para vivir como por las condiciones en las que muchos de estos hogares se encuentran padeciendo desde hace décadas. Claro está, el tema no es nuevo, pero se pone en evidencia nuevamente, en un contexto de pandemia que potenció la crisis.

Para tomar dimensión de la problemática en la ciudad, un dato es el que aporta el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV). Según confirmó a DOS FLORINES su titular, Marcelo Bisogni, sólo en Paraná hay aproximadamente 10.000 familias inscriptas en el Registro de Demanda para las distintas operatorias que ofrece el organismo. La cifra representa un tercio de la demanda en todo el territorio entrerriano que asciende a 30.000, pero que actualmente sólo se está pudiendo cubrir con una producción anual de 1.300 casas, de las más bajas de la historia.

El dato de las 10.000 familias que necesitan de una vivienda social no comprende el universo total de hogares que necesitan de la mano del Estado para poder vivir dignamente, sino que muestra una parte de aquellos sectores poblacionales con escasos recursos para poder construir su propio techo, cuyo déficit se sigue agrandando a medida se profundizan los índices de pobreza. De todas maneras, desde IAPV también señalan que estimativamente sólo la mitad de este registro está en condiciones de poder acceder a las soluciones habitacionales, mientras que el resto no cumple con los requisitos.

Requisitos

Desde IAPV recuerdan que para poder acceder a una vivienda social es necesario cumplir con una serie de requisitos básicos. Fundamentalmente, deberán comprobar la constitución de un grupo familiar, sea legal a través del matrimonio o con unión convivencial o demostrar al menos dos años de convivencia en caso de no tener hijos; no poseer otro inmueble; tener garantes; para el acceso a un sorteo de preadjudicación se solicita residencia en la localidad en la cual se pretende el beneficio o antigüedad laboral en la misma superior a dos años, entre otros puntos, como los ingresos de acuerdo a los Salarios Mínimos.

Este último punto no es menor ya que pone un filtro a muchas familias. Los ingresos salariales exigidos por IAPV, que varían de acuerdo a las operatorias, obligan a tener que demostrar comprobantes formales, lo cual deja fuera de juego a aquellas personas que viven de la informalidad. Este aspecto es clave hoy en día para el organismo que, ante el ajuste en obra pública de Nación y Provincia, tuvo que reactivar con mayor fuerza desde 2017 el sistema solidario, que posibilita a través del recupero de cuotas la construcción de nuevas viviendas. De allí que los montos actuales se aproximan más a los valores de un alquiler -entre 6.000 y 8.000 pesos-, que se contraponen con cuotas que quedaron desactualizadas, cercanas a 200, 300 o 400 pesos.

Con estos requisitos entonces, unas 5.000 familias de Paraná estarían en condiciones de participar de los sorteos para una casa de IAPV -en una nueva modalidad que busca llevar transparencia a un sistema que históricamente fue cuestionado por la designación de adjudicatarios-. No obstante, el último proyecto en marcha son las 500 viviendas sobre calle Juan Báez, lo que representa un 10% de solución para ese universo acotado de potenciales beneficiarios. Por fuera quedarían los otros 5.000 que no cumplimentan con todas las disposiciones legales, sin contar muchas familias más que todavía no se han registrado ni están contempladas en ninguna estadística que dimensione la problemática del déficit real.

En este sentido, en tiempos de crisis, es evidente que la capacidad de respuesta del Estado disminuyó y la brecha se agranda. “Los últimos cuatro años deben ser en los que IAPV construyó la menor cantidad de viviendas a lo largo de la historia de la provincia. Siempre el IAPV se manejó con un 34% de fondos provinciales y un 66% de fondos de la Nación. Los últimos cuatro años no ocurrió eso y ahí tuvimos un gran retraso”, admitió Bisogni, en declaraciones a DOS FLORINES días atrás.

Dadas así las circunstancias, las recientes usurpaciones despertaron un gigante dormido. Por ello, el desafío para la pospandemia será no sólo mantener la paz ciudadana y contener a los sectores sociales que reclaman respuestas inmediatas a problemas de ayer y de hoy, sino también comenzar a pensar en cómo desarrollar un programa planificado de la ciudad. El uso de los espacios para brindar viviendas dignas con servicios obliga una vez más al Estado a estar presente, para garantizar también reglas de juego claras que involucren a los privados.