Para Farer, expropiar Vicentín es una pésima idea

“La pagaremos todos los argentinos”, advirtió la entidad ruralista. CRA, por su parte, instó a cuidar la división de Poderes. Dos Florines

La intervención de la cerealera y aceitera Vicentin y el consecuente proyecto de ley para expropiarla “genera preocupación y obliga a un enérgico rechazo de la medida, ya que el involucramiento del Estado en empresas privadas ha demostrado históricamente el más rotundo fracaso generando, además, ámbitos de corrupción”.

La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), de esta manera, se sumó a los cuestionamientos a la medida adoptada por el Gobierno nacional. “Lo lógico y natural hubiese sido que la empresa siga con el concurso judicial que estaba en marcha. Estas ideas atrasan décadas y nos remontan a la Junta de Granos cuando el Estado intervenía en el comercio exterior de la agroindustria. O, en Entre Ríos, cuando se provincializó el frigorífico de Santa Elena con los tristes resultados conocidos. Claramente, este intento de estatización es una señal negativa y peligrosa para el momento de la economía, para la industria, los productores y los mercados”, agregó la entidad que preside el gualeguaychense José Ignacio Colombatto.

Farer tiene “la absoluta convicción que debemos defender los mercados transparentes en el marco de reglas claras de oferta y demanda sin la intervención perniciosa del Estado en el proceso, que absolutamente siempre generó profundas distorsiones que terminaron provocando graves problemas”.

Soberanía alimentaria y deuda.

La entidad, además, entiende que “en el marco de un fuerte proceso de desinformación por parte del Gobierno, resulta necesario desmitificar que la expropiación de Vicentín ayuda a la soberanía alimentaria, ya que esta empresa exporta porotos de soja, harinas y aceite que no compiten puertas adentro. Es la misma soberanía de la que hablaron cuando se apoderaron de Aerolíneas Argentinas o YPF y hoy seguimos pagando la fiesta del Estado. En síntesis, esta operación tiene mucho más que ver con una solapada intervención del mercado de granos y nada con la soberanía alimentaria que nos quieren ‘vender’ a través del relato”.

Farer tampoco acepta “la excusa” de la deuda de Vicentín “como factor decisivo para el apoderamiento de la empresa por parte del Estado, ya que es el mismo proyecto político que ha condonado deudas y realizado salvatajes a gremios y empresarios que operaban con una matriz de corrupción gigantesca”.

“Lamentablemente estas ideas intervencionistas nos acercan cada día más a modelos como el de Venezuela, donde un Estado ineficiente intenta apropiarse de la producción y la economía con los resultados por todos conocidos: caos, corrupción, deuda y enfrentamientos sociales interminables y desangrantes”, advirtió la entidad en el comunicado.

En resumen, desde FARER “reiteramos el repudio a la medida y hacemos un llamado público a reconsiderar la decisión ya que conllevará consecuencias económicas y productivas desastrosas que pagaremos como siempre todos los argentinos, como cada vez que el Estado se puso a jugar a ser empresario”.

Las preguntas de CRA.

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), entidad a la que adhiere Farer, por su parte, señaló haber recibido “con sorpresa” el anuncio del presidente Alberto Fernández del decreto de intervención de la empresa Vicentín y el próximo envío del proyecto de expropiación. “Como resulta casi habitual, estos anuncios cargados de efusividades políticas, dejan muy poca información real, por ejemplo: ¿El Estado nacional se hará cargo del pago de los créditos verificados en el proceso concursal, lo hará, cuándo, cómo y por qué monto?”, se pregunta la entidad que lidera el entrerriano Jorge Chemes.

CRA también se interroga soi el Estado nacionalizará una deuda totalmente privada. “El concurso tiene un juez y un ámbito, este sistema de decisiones del Ejecutivo por encima del Judicial, ¿es el que viviremos a futuro?”, agrega la entidad en un comunicado.

¿Empresas endeudadas en concurso, empresas nacionalizadas? ¿Cuál es el resguardo institucional que tenemos los argentinos frente a decisiones políticas del Gobierno nacional? ¿Quién responde a estas preguntas? ¿El señor Presidente, el ministro Kulfas o la senadora cuyas ideas fueron derrotadas electoralmente en Mendoza y ahora luce como protagonista de esta medida?”, son otras de las preguntas de CRA.

Advertencia.

La entidad ruralistas considera que las actividades y criterios de los empresarios privados y el manejo de sus empresas, tienen a la Justicia como evaluadora y sancionadora de sus conductas, “pero si aceptamos que el Poder Ejecutivo arremeta contra los jueces naturales, habremos convalidado la quiebra del principio republicano de la división de Poderes”.

La expropiación, añade CRA, “la debe determinar el Congreso de la Nación y lo vemos con preocupación porque vemos que hay una línea orientativa del Gobierno para avanzar sobre las empresas privadas, y la historia de la Argentina demuestra que los avances del Estado sobre las empresas privadas no han sido positivos. Cuando el Estado ha administrado en el sector privado no ha sido eficiente. No creemos que la expropiación sea la única herramienta”.

CRA, por último, remarcó que “sólo después de restaurar la institucionalidad se podrá discutir la política comercial de los granos”.