Reggiardo: “Estamos colapsando; muchas personas y empresas caerán en cesación de pagos”

31/05/2020

El abogado analiza escenarios, herramientas y propuestas para un momento dantesco. Cree que estamos ante una insolvencia general. Gustavo Sánchez Romero

Acudir a Sergio Reggiardo para que arriesgue describir un escenario anticipatorio de corto plazo para el reticulado de empresas en esta coyuntura es asimilable a llegar al consultorio de la endocrinóloga con el análisis de glucemia marcando 400. Quizá pueda ser redundante porque sabemos el diagnóstico, conocemos el tratamiento y percibimos el futuro, aunque no tengamos certezas del cuándo y el cómo, lo que dependerá de muchos factores, endógenos y exógenos.

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Sin embargo, parece inevitable escuchar lo que tiene para decir un abogado de dilatada experiencia laboral en materia de derecho empresario, societario, contractual y concursal -con no menos recorrido académico- que, además, está vinculado a cámaras y entidades empresarias desde hace muchas décadas. Con el antecedente relativamente cercano y relativamente lejano de la crisis de 2002 como espejo inevitable, quizá parezca una ingenuidad preguntar si padezco diabetes.

En este caso, apelando a su bagaje jurídico y experiencia profesional, la pregunta ingenua puede no serlo tanto, pero la respuesta, por su contundencia, sorprende a este cronista.

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-¿Es optimista o pesimista?

– Creo que lo que vivimos es peor que 2001/2002, y respondiendo a la pregunta, soy muy pesimista. Este paráte de dos meses fue terrible. Si bien existen similitudes, esta crisis será peor para las pequeñas y medianas empresas. Vemos una caída total o muy importante de la actividad, inclusive en aquellos sectores permitidos dentro de la cuarentena para trabajar. Ellos también están resentidos. El corte de la cadena de pagos es muy profundo, inclusive de la venta ya efectuada que no se puede cobrar. La caja se va reduciendo progresivamente, con lo cual los recursos que genera la actividad han caído enormemente. Las que tenían reservas se las fueron consumiendo, no se pueden asumir las obligaciones de ningún tipo y las Pymes ya priorizan sus gastos. Nadie está pagando impuestos, y se privilegian los salarios de los sus trabajadores o a los proveedores más exigentes- responde el profesional como para definir sus sensaciones desde el inicio.

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Dicho esto, Reggiardo siente la obligación de excusarse ante el grabador y expresa un sentimiento que lo aborda y abruma, y a la que el mensajero suscribe en grado sumo: “Créame que lejos estoy de querer ser alarmista, pero la incertidumbre se ha apoderado de todos”.

Y en esta incertidumbre y en la simetría que se plantea con 2001 conviene abundar en lo que vinimos a buscar, que no es otra cosa que conocer de concursos y quiebras, y de cómo harán los empresarios para afrontar la pandemia y no morir en el intento.

Habrá que graficar que lo concursal tiene que ver con la situación de empresas en crisis e incluye lo relacionado a lo patrimonial. La insolvencia tiene en la Argentina dos herramientas legales para enfrentarlas a través de trámites judiciales: el concurso preventivo y la quiebra. El concurso preventivo tiene la finalidad de generar un escenario para proteger la empresa. Pretende llegar a un acuerdo preventivo entre el deudor y los acreedores para permitirle superar la crisis. La quiebra es un proceso liquidativo, es decir liquidar los activos para pagarle a los acreedores.

También el abogado dedica un párrafo para describir al Acuerdo Preventivo Extrajudicial, al que ubica como la acción del deudor de querer homologar los acuerdos logrados con parte de los acreedores para hacerlo aplicable o extensible a aquellos que no lo firmaron.  El APE nació en la Argentina en el año 2002 y es tomado de la Ley Federal Concursal norteamericana.

 

-En este contexto de 70 días de cuarentena extendiéndose, ¿Cuál es el escenario que prevé?

-Se irá agravando y más irán cayendo. Creo que habrá más empresas y más personas que van a caer en cesación de pagos de las que ya hay. Es inmedible pero todo indica que hay 600 o 700 mil Pymes en el país que están en cornisa -según datos de CAME y otras entidades-. No hay que olvidar el impacto que esto tiene en la fuerza de trabajo. Por eso a mí me sorprende que alguna dirigencia sindical plantee mantener las normas como en una situación de normalidad. Me parece que  no se alcanza a ver el impacto.

-Pareciera que tampoco los empresarios lo están viendo en su real dimensión…

-Sí totalmente, comparto. Pero la verdad es que a mí la visión del futuro me angustia mucho.

Opciones.

Un informe reciente de la consultora CERX muestra cómo las familias se han endeudado durante la cuarentena y marcadamente prefirieron contraer deudas no bancarias, en un orden del 26 %. Parecería que ciudadanos y empresas decidieron dejar de pagar impuestos al unísono, como primera medida, pero también le han seguido proveedores, servicios, comercios y hasta deudas parentales. Reggiardo dice que no cree que la gente no quiera pagar, es que ante la carencia de recursos decide a quién pagar y a quién no. “Nadie sabe cuánto va a durar esto y se privilegió la fuente de trabajo y no se despidió gente aún, no porque el Estado lo prohíba con la doble indemnización u otra barrera, sino porque la empresa quiere conservar sus empleados y les ha ido pagando a medida que ha podido”, prescribe.

-¿Usted afirma que hay una crisis patrimonial muy fuerte en el subsuelo de la realidad?

-En la Argentina y en gran parte del mundo se define a la situación de insolvencia como un estado de cesación de pago. Es un estado de impotencia patrimonial en forma más o menos permanente -no son situaciones esporádicas de iliquidez- de hacer frente a obligaciones exigibles. Es decir afrontar lo que venció o está venciendo en el corto plazo con recursos genuinos o créditos accesibles de mercado. Es decir que con recursos que están dirigidos a ese destino. Porque si yo para pagar mi deuda tengo que vender el camión de la empresa o tomar un crédito a tasa usuraria, no es sustentable. Si tengo recursos genuinos o créditos reales no estoy en insolvencia, el problema nace cuando afrontar esa obligación se hace en forma irregular. Cuando liquido mercadería o insumos, malvendo lo que tengo para hacerme de liquidez para pagar las deudas.

-¿Entonces cree que hoy atravesamos una estado de insolvencia general?

-Sí, totalmente. Es más, dicen que los que saben que una Pyme, en promedio, no dura más de 25 días sin trabajar, y acá estamos a más de 60 días, porque aunque trabajen no tienen ventas. Esto ya venía mal. No es que fue un paráte en seco como le pasó a muchos países de Europa. Argentina venía muy mal anteriormente.  Yo creo que esto es desastroso. Se deterioran los activos, hay un incremento del endeudamiento generalizado, no solamente en las  empresas sino también en los particulares. No hay financiamiento genuino, creo que esta situación es tremenda porque no hay demanda. Las reglas que nosotros tenemos para afrontar las crisis de las empresas, que son las reglas de derecho concursal son para situaciones de normalidad. Es decir, el derecho concursal interviene en un contexto de normalidad a una empresa le va mal. El derecho concursal es un derecho de excepción. Entonces, modifica las relaciones normales. En este momento la situación es al revés, lo normal es la crisis. Creo que si bien los remedios del derecho concursal son empleables a este momento del país, es previsible que venga una catarata de concursos.

Las noticias del mundo acerca de los efectos de la pandemia son dramáticas. Más de 40 millones de desocupados en EE.UU., empresas monstruosas que quiebran o abandonan mercados, y Reggiardo considera que estamos percibiendo la realidad amortiguada, como apantallada para que no pasen los verdaderos efectos.

El abogado reconoce que cada día llegan más clientes a su estudio y la frase remanida es “No aguanto más, no sé qué hacer”.

“Estamos colapsando”, dice sin eufemismos. “El principal problema son los empleados. No quieren echarlos pero tampoco tienen herramientas para disminuir las plantillas y bajar costos que le permita rearmar estrategias. Muchos me dicen que si es tan complejo prefieren cerrar, porque avizoran lo que viene”, confiesa. Y dice más. Asegura que muchos le plantean directamente evaluar la posibilidad de ir a la quiebra. Es que los empresarios saben que el concurso preventivo no extingue las relaciones laborales, mientras que la quiebra suspende las relaciones laborales por 60 días y si en ese lapso no se reanudó la actividad empresarial, los contratos se extinguen. “Aquí hay algo que no se entiende mucho y es que si en una quiebra la deuda es demasiado grande, en relación a los bienes que puedan satisfacer esa deuda, el problema pasa a ser del acreedor, no del deudor”, describe.

El abogado -en un tono más proyectivo y dejando salir un haz de optimismo- considera que son necesarias medidas para reactivar la demanda y generar recursos. Y deja caer un rosario de necesidades de las empresas y el Estado para una situación de extrema urgencia. “Hay que bajar costos, es esencial contar con nuevos convenios laborales para sostener el empleo. El virus no respetó nada y dio vuelta todo y no podemos seguir como si no pasó nada. Hay que actuar en función de la crisis que tenemos. Cuidar el empleo pero con reglas laborales de otro tipo; hay que reducir la presión impositiva; hay que ampliar la base imponible, es más fácil decirlo que hacerlo, lo sé, pero hay que reducir todos los costos laborales y de seguridad social; reducir el costo financiero- He escuchado que se está postulando autorizar a las entidades financieras  permitir el otorgamiento de créditos con la tasa atada al rendimiento de la empresa. Y básicamente se impone un ajuste al sector público, que no significa echar empleados”, enumera.

Procesos.

Dos Florines le pide al especialista que describa en forma operativa cómo es el proceso por el cual una Pyme comienza a degradarse y termina a la impía bifurcación de un camino que labró durante años y parece ineludible. Concurso o quiebra; la sartén o el fuego.

“La secuencia puede ser conocida. Una empresa comienza a postergar el cumplimiento de obligaciones. Primero no se pagan los impuestos; se empieza a renegociar con los trabajadores hasta dónde se puede, pagándole en cuotas el sueldo. Estamos viendo empresas que están pagando el día 10 y otra parte el 15 o 20 del mes, y el que hace dos meses que no les paga. Son diferentes situaciones. Después siguen los proveedores y los bancos. Esto tiene dos costados. Por un lado el tema de no poder seguir generando recursos, como primer tramo del problema y el otro es el endeudamiento. Todo conlleva a morosidad y deuda y más deuda”, precisa Reggiardo.

-¿Entonces llega el momento en que el empresario dice “basta”, hasta acá llegué?

-He visto muchos casos de esto últimamente. Hay situaciones donde se pelea hasta dónde se puede. Está el que ha podido reiniciar la actividad y empieza a tener algo de aire; están las actividades que yo creo que por más que autoricen su reapertura va a tardar mucho tiempo en retomar normalidad, como la gastronomía o la hotelería. La gente sigue teniendo miedo.

-¿Cuando dice “basta”, lo llama a usted?

– (Sonríe). Sí, pero también hay diferentes actitudes. Una actitud posible es acudir a un abogado con su contador y sus papeles (en Entre Ríos hay tres juzgados especiales para concursos) y se pide el concurso acompañando muchísima información y aquí las Pymes tienen la desventaja de la informalidad. Frecuentemente están flojitos de papeles. Una vez que están todos los requisitos cumplidos, el juez abre el concurso. El concurso permite conservar la administración de sus bienes pero bajo la fiscalización de un síndico.  Se ingresa en un régimen especial y se convoca a todos los acreedores y ahí empieza una etapa de negociación.  

-Recordemos que aquí la empresa sigue trabajando…

-Sí, a diferencia de la quiebra donde desaparece la actividad. El deudor tiene que llegar a un acuerdo con los acreedores quirografarios, es decir los que no tienen privilegio. Los que tienen privilegio son los que tienen prenda, hipoteca, el fisco, los trabajadores, con lo cual tendrá que hacer acuerdos preventivos. Este acuerdo es con los quirografarios. Y si hay una mayoría de acreedores, que son la mitad más uno que representan dos tercios del pasivo, le dan su conformidad, y puede continuar. Se suspenden los juicios y demás circunstancias.

-En este contexto de crisis general e incertidumbre, ¿Qué puede negociar una Pyme?

-Bueno, yo creo que este remedio, a mucha gente le va a servir y le va a alcanzar, depende del contexto y de la situación que tenga al momento; pero a muchos otros empresarios y comerciantes les va a servir pero no le va alcanzar y le va a resultar insuficiente. En mi opinión, el objetivo general de la crisis debería ser una reactivación acelerada de la actividad económica y salvataje masivo de las Pymes. Tenemos el antecedente de la crisis del 2001. En ese momento la ley madre de la emergencia fue la ley 25561. En febrero de 2002 sale la ley 25563, que reformó la Ley de Concursos que introdujo pautas -en este momento hay proyectos en el congreso que de alguna manera replican aquella situación-. La situación económica de este momento no tiene nada que ver con aquello. Hoy tenemos un peor contexto macro, por si fuera poco  con una situación del Estado más comprometida. En mi opinión, desde el Estado se tienen que tomar medidas ya.  Creo que esta dicotomía entre salud y economía, es una falsa dicotomía. Son dos problemas que hay que enfrentarlos simultáneamente. No creo que haya que enfrentar lo sanitario primero y la economía después porque vamos a enfrentar el Coronavirus y cuando nos demos vuelta igual vamos a estar en el cementerio.

-¿A cuánto estamos de esta masividad que usted vaticina?

-Yo creo que la secuencia empieza con la crisis económica. En situaciones normales, la crisis patrimonial comienza con los primeros signos de que la cosa no anda bien, por razones macro o micro. Empezás a ganar menos, se pierden márgenes, y hay un momento en que el estado de cesación de pagos comienza. El primero que lo advierte es el propio empresario. Lo que puede aguantar va a depender de muchos factores. Normalmente no hay mucho tiempo entre que comienza el estado de cesación de pagos y el punto donde se hace inmanejable la situación. En esta situación menos todavía. Acá hay un elemento clave y es la necesidad de generar recursos genuinos, y cuando esto sucede no hay ninguna posibilidad de salir del atolladero. Si le sumamos que no va a tener financiamiento. Si antes, durante o después del concurso no se empieza a mover la rueda y se generan recursos, no hay salida.

-¿Su olfato profesional qué le dicta?

-En gran medida depende de que el empresario reconozca esto, tome las medidas necesarias y no se enloquezca. Pero además se necesita de los poderes públicos. Que de una vez por toda entienda que sin actividad privada que genere recursos no hay sector público que subsista. Esto es anterior al Coronavirus. La pandemia vino a poner en evidencia algo que era evidente pero para mucha gente y es que si el sector privado no genera recursos, no puede pagar impuestos.

Más allá.

Sergio Reggiardo es más bien callado y tiene un semblante taciturno. Siempre cortés y respetuoso se lo reconoce en el ambiente como un caballero que prefiere las sombras del perfil bajo a las grandes radiaciones de la exposición. Sin embargo, su contundencia acerca del momento no lo encuentra con dudas, y sólo se refugia en la prudencia cuando la realidad no está aún del todo definida.

“Es muy difícil describir la nitidez de la foto actual cuando estamos viendo la película”, asegura contradiciendo la metáfora común. Para la larguirucha entrevista se ha procurado un ayuda memoria que tiene junto a sí todo el tiempo, pero al que casi no recurre. Le fluyen los conceptos y sólo frunce el ceño y se afinan los ojos, como queriendo acompañar las palabras. Por lo demás, se mantiene siempre con monocorde tono. Sobre el final acude al par de hojas impresas que lo acompañaron, como apelando al remate escénico.

“Debemos preocuparnos todos de cuidar el empleo. Cuidemos las empresas. Estamos bailando en el Titanic. Desde el punto de vista jurídico hay que declarar una emergencia productiva y crediticia a nivel nacional. Postergar el vencimiento de las obligaciones, parar todas las ejecuciones, parar todos los pedidos de quiebra, y que nadie pueda quebrar compulsivamente. Estoy recordando la ley de 2002 donde el concurso se alargó en el período de exclusividad que tiene el deudor y los 90 días se extendieron a 180; se prorrogaron los vencimientos de los que estaban cumpliendo. Estoy pensando en lo que ya se hizo en la Argentina y lo que se está haciendo en todo el mundo. Compartimos la misma preocupación y algunas ideas pueden andar acá. Un problema que ya lo teníamos de antes pero que se destaca hoy es el tema del financiamiento postconcursal. La empresa pudo haber entrado en concurso y tuvo un concurso exitoso, pero no encuentra financiamiento, porque la normativa del BCRA lo castiga. Las empresas necesitan renegociar los acuerdos, porque los escenarios cambiaron, refinanciar deudas impositivas (aunque vale destacar el esfuerzo que hace la AFIP en casos de concursos) y deudas financieras. Otra de las medidas es que los aportes de los socios a las empresas se consideren créditos y no aportes. Porque si son aportes van a la cola como acreedores subordinados. Entonces los socios no tienen motivación de seguir poniendo dinero. En Europa se lo pone en paridad de condiciones con los otros acreedores. Sino no pone un peso más. Es importante que el financiamiento postconcurso tenga algún grado de privilegio si la empresa definitivamente se cae, no quede mezclado con los otros acreedores.

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