La defensa de la universidad pública se replicó este miércoles en distintos puntos del país, incluida Paraná y Concordia. Este jueves el Presidente vetó la ley. Dos Florines
La Marcha Federal Universitaria concentró a miles de personas en distintos puntos del país. En Paraná y Concordia, las dos ciudades más importantes de la provincia, también se movilizaron estudiantes, docentes, graduados y vecinos que salieron en defensa de la educación universitaria pública, con consignas para reclamar por una mejora real del financiamiento y de los salarios docentes.
Tras este masivo reclamo, el Presidente Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario. La medida fue publicada en el Boletín Oficial. Allí argumenta que se busca “dañar al gobierno políticamente” y al equilibrio fiscal, mediante la ampliación de partidas presupuestarias no previstas.
En un comunicado, el jefe de Estado ya había anticipado su decisión en las redes sociales. En una publicación, acusó a referentes políticos de la oposición que asistieron a la protesta de conformar “un nuevo frente de izquierda populista”.
Mediante el decreto 879/2024, el presidente Javier Milei avanzó con el rechazo a la normativa sancionada por el Congreso, que apuntaba a incrementar el presupuesto del sector universitario y los salarios de los trabajadores docentes y no docentes. La medida era respaldada por un importante sector de la sociedad civil.
El texto publicado en el Boletín Oficial señala que “el proyecto de ley en análisis no pretende defender ni garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales, sino que procura dañar al gobierno políticamente“. Además, denuncia que “es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”.
En otra parte del documento, el Gobierno justifica el veto para “limitar la discrecionalidad del Poder Legislativo Nacional que debe actuar con sensatez institucional, de forma responsable, cuidando de no emitir disposiciones cuya aplicación sea inconveniente para las cuentas públicas, o que contradigan la proyección de ingresos y distribución de gastos prevista en el Presupuesto Nacional”.
Y agrega: “la administración de los recursos públicos debe ser realizada en forma responsable y conforme a los fines públicos y principios de buena administración que debe perseguir toda acción de gobierno, procurando alcanzar el bien común que debe guiar toda política de gobierno”.
