Entre Ríos, sin políticas energéticas orientadas al desarrollo productivo

Por Ing. Alejandro Di Palma, Cr. Roberto Domingo y Dr. Rubén Pagliotto – Integrantes de ETER (Entre Rodos Entre Ríos) y de la Mesa Federal Energética

Es evidente que en Entre Ríos, la falta de políticas energéticas orientadas al desarrollo productivo y social ha sido una constante a lo largo de las últimas décadas, una suerte de vaso comunicante entre las distintas gestiones, tanto de uno como de otro color político.

Fue esa distinción transversal y sostenida en el tiempo, la que selló fatídicamente el destino de subdesarrollo provincial, demostrando una manifiesta incapacidad de la clase política entrerriana, para comprender cabalmente la importancia vital de una política energética orientada al desarrollo.

Así fue como Entre Ríos, sostuvo en forma dogmática, casi religiosa, una política energética que se limitó a proponer tarifas de las más altas del país, y una de las resultantes negativas de esta errática “decisión política” puede verse a través del éxodo de productores de arroz y citrus, quienes emigraron hacia provincias vecinas (Corrientes y Santa Fe), persiguiendo condiciones energéticas mucho más favorables.

De manera tal, que esa acción puede sintetizarse como: el uso de una tarifa eléctrica como vector de transferencia de rentas, y fue como se señaló anteriormente, una decisión política que trascendió a todos los gobiernos de las últimas décadas, es decir, una triste coincidencia cuyo resultado es la realidad. Dicho lo cual, para aquellos escépticos e incrédulos o desconfiados, la sola comparación con provincias vecinas puede resolver cualquier duda o perplejidad.

Dicho lo anterior, resulta evidente que, tanto los reclamos sobre:

1- las resultantes hidroeléctricas de Salto Grande;

2- los daños generados como producto de las obras inconclusas de la represa;

3.- o los producidos por los impactos negativos resultantes de la construcción de la represa no resueltos jamás o, hasta inclusive,

4- la creación de una empresa con capacidad de comercializar la energía de la represa (la última idea de quienes nos trajeron hasta este punto y dejaron el gobierno hace 120 días, energía que consideramos de propiedad entrerriana), por la que nunca se entabló una disputa formal con la Nación, no son elementos que, en sí mismos, garanticen un cambio radical de esa “decisión política” que hemos señalado por viciada en lo referente a la incomprensión esencial sobre el fenómeno “desarrollo”, el que no responde (y nunca lo hará), al paso del tiempo sino que es la resultante de un proceso dirigido por un Estado administrado por un objetivo político, que en el caso de Entre Ríos, evidentemente nunca existió.

Sintéticamente reclamamos que el objetivo político sea el desarrollo provincial y para que eso ocurra, es necesario (pero no suficiente) que la tarifa eléctrica definida, resulte inferior a la del AMBA (la región más desarrollada del país y vecina a nuestra provincia), para lo cual se requiere trazar una estrategia tal que permita alcanzar ese objetivo.

Esa tarifa eléctrica señalada, que es parte indivisible y medular de una política energética, es la que debería hacer viable toda actividad productiva e industrial y a la vez, la que debería surgir de los costos reales, una vez alcanzado el objetivo de obtener y utilizar razonablemente las resultantes energéticas de nuestros recursos naturales, y nunca como resulta ahora, de la arbitrariedad de un burócrata de turno, quien discrecionalmente garantiza una renta a las empresas distribuidoras eléctricas, impidiendo el desarrollo provincial y asociando a los municipios en esa transferencia dolosa. O sea, atender a la utilidad o renta social, antes que a la de naturaleza económico financiera, como si se tratase de una empresa privada.

Para que este análisis no se convierta en algo abstracto y meramente enteléquico, es importante y necesario señalar que las tarifas resultantes del actual tarifazo decidido por el gobierno de turno, no tienen fundamentos. La falta de transparencia en su cálculo o estimación es evidente. Nadie, seria y realmente sabe cómo se calcularon, puesto que no hay justificación de costos, ni se conoce qué rigurosidad legal tienen estas nuevas tarifas, de tal suerte que, como se señaló, resultan ostensiblemente gravosas por trasladarse a todos los usuarios y formar parte de la matriz de costos de nuestra producción provincial.

El reclamo

Entre Ríos, por el hecho de ser copropietario de un recurso natural como es el rio Uruguay, que permitió la construcción de la represa hidroeléctrica Salto Grande, debería tener (como lo tienen las provincias petroleras) un beneficio por su carácter de propietario del mismo, y esta propiedad en conjunción con una acción política orientada en el sentido indicado, debería “asegurar” que la energía en Entre Ríos, sea mucho más barata que en el resto del país, incluyendo al AMBA.

El proceso de desarrollo que reclamamos (recién después de más de 40 años de funcionamiento de la represa), fue el objeto principal del proyecto de la represa hidroeléctrica y formó parte de los fundamentos del “desarrollismo” en todo el mundo, y eso puede verificarse en otros lugares, por ejemplo, después de la creación de parte de Roosevelt, durante el “new deal”, del Tennesse Valley Authority (TVA), un proyecto que desarrolló una gran región de EEUU a partir de un conjunto de represas hidroeléctricas y el control del flujo fluvial.

En contraste con lo anterior, vemos el caso de la provincia de Entre Ríos, donde se sostiene una situación de extractivismo neocolonial que lleva más de 40 años y que fue la resultante de la incomprensión de la política provincial, que permitió, por acción u omisión, una flagrante distorsión del proyecto original que, como se dijo, perseguía el desarrollo de esa zona en particular y de la provincia en general, y en cambio de eso, tenemos a los pies de la represa la ciudad más pobre del país (Concordia).

Nuestra posición es federal, y por ello creemos en la necesaria solidaridad de las provincias que tienen recursos naturales, pero aun así no podemos dejar de señalar que debe existir un necesario grado de razonabilidad, es decir que, en este caso, la energía eléctrica utilizada en la provincia y que permitiría el desarrollo de industrias electro intensivas, debería tener una importante incidencia del costo de Salto Grande, algo parecido al costo puro de generación, sin el agregado de un peaje (desde Ezeiza) tan ridículo como distorsivo.

Esto anterior, como se dijo, considerando la solidaridad con las provincias o regiones que no tienen el recurso, por ejemplo, el AMBA.

Los modelos

Debemos señalar que, en nuestro caso provincial, existen dos modelos en tensión para la gestión de esos bienes naturales (Energía). Por un lado, uno netamente extractivista con una planificación pública básica y lineal, flagrantemente rústica, que priorizo la renta por regalías, es decir, desestimó el agregado de valor en origen, sin orientación de las ganancias generadas por la explotación del recurso energético en sinergia con la inversión productiva. Es decir, un modelo donde la posibilidad de industrializar la región es mínima y exclusiva de los segmentos concentrados del capital, sin distribución de la riqueza y con aumento de las brechas de desigualdad.

Por el otro, un modelo donde la conducción de la política energética está en manos de un Estado inteligente y a través de su planificación, centralización y jerarquización para la acumulación de capacidades tecnológicas provinciales, se orienten los esfuerzos a maximizar la equidad energética y la potenciación de la estructura productiva y tecnológica provincial mediante alianzas que permitan intercambios comerciales con agregado de valor local, es decir, con una importante inclusión de trabajo entrerriano. Un modelo donde las fortalezas que devienen de la inigualable dotación de recursos energéticos (los ríos más caudalosos del país), sea aprovechada para el crecimiento económico y el desarrollo de la provincia.

Es un imperativo categórico ineludible, reflexionar respecto a qué modelo debe impulsar nuestra política provincial en materia energética para alcanzar el desarrollo (que debería ser el objetivo político económico por antonomasia), lo cual requiere comprender la necesaria sinergia que se debe alcanzar entre la producción primaria y los recursos energéticos que nuestra provincia posee en grandes cantidades.