La principal preocupación del Gobierno: esta economía no resiste cuarentena prolongada

Son 10 millones los que se desempeñan en el ámbito informal o el cuentapropismo. Y ante una crisis prolongada, será inevitable la ruptura de la cuarentena.

Tal vez la imagen más elocuente sobre el momento que vive el país haya sido la de cientos de empleados de los shopping centers protestando en los pasillos del centro comercial y reclamando el cierre del establecimiento.

No se recuerdan antecedentes de asalariados pidiendo que se cierren los locales donde trabajan y gracias a los cuales obtienen su ingreso económico. Pero nadie se sorprendió, dado que el reclamo estaba más que justificado: los empleados temen por su salud, sobre todo si se tiene en cuenta que buena parte de los clientes son turistas llegados de los países donde la epidemia está ampliamente difundida.

En esa disyuntiva terrible entre priorizar la preservación de la salud o la continuidad laboral, los empleados no dudaron en elegir la primera opción. Pero claro, la protesta tiene su lado B: porque nadie planteó que el cierre de los locales viniera acompañado por una suspensión en los pagos, como si se tratara de una licencia sin goce de haberes. Ni tampoco se planteó que estos días fueron computados como a cuenta de las vacaciones futuras.

Por el contrario, el reclamo es el de la paralización con la continuidad del cobro de haberes. Y la masividad y fuerza del reclamo fue lo que llevó al Gobierno a apurar la medida de la cuarentena generalizada, cuando algunas de esas situaciones particulares estaban amenazando con transformarse en situaciones conflictivas.

Es así que se llega a la situación actual: la resignación a una paralización económica –con su posible saga de ruptura en la cadena de pagos y consecuente desempleo masivo-, que pone en la lista de prioridades problemas nuevos y urgentes.

 

Cuentapropistas.

Solamente en el convenio laboral del comercio –el sector a primera vista más afectado por la obligatoriedad de aislamiento social- están incluidos un millón de trabajadores.

Y es naturalmente el rubro del que más se habla. Pero hay otros, acaso más grandes, que generan menos ruido por el hecho de que se compone por individuos que trabajan por su propia cuenta y que en la mayoría de los casos no se encuentran sindicalizados.

Se trata de los cuentapropistas, entre los cuales se cuenta a los pequeños comerciantes (negocios de barrio, remiseros, etc.), a los prestadores de servicios a domicilio (plomeros, electricistas), a las empleadas del servicio doméstico (sólo este rubro se estima en un millón de personas) y a una vasta gama de trabajadores de la economía informal.

Los datos que manejan las consultoras privadas es que de los 20 millones de puestos de trabajo, apenas la mitad corresponden a asalariados registrados, mientras que unos 4,8 millones son informales y unos 5,2 millones cuentapropistas.

Hay cierto consenso respecto de que el monto de la economía informal es no menos de un tercio del total de la actividad productiva. Y no por casualidad, en su alocución del jueves, al anunciar la cuarentena, Alberto Fernández reconoció que se debía atender especialmente el caso de los trabajadores no asalariados.

 

Salvataje al empleo.

De manera que la dimensión de los problemas a los que se enfrentará el Gobierno recién están empezando a percibirse.

El primer problema que se planteará es de los empresarios del área comercial obligados a cerrar y que deben pagar sueldos. Por lo pronto, ya se supo de los primeros casos en los que empresarios comunicaron al personal que justificarían las licencias pero sin pagar los jornales. Y ya hay un debate sobre qué tan clara es la normativa legal al respecto.

Pero más allá de lo que diga la ley, el Gobierno sabe que se enfrenta a un enemigo más poderoso: la fuerza contundente de las cajas vacías en los negocios. Sin ingresos, no hay forma de pagar. Y la ruptura en la cadena de pagos está a la vuelta de la esquina para los rubros más golpeados, como restaurantes o agencias de viajes, que según estimaciones empresariales perdieron en la última semana un 80% de sus ingresos. 

Con lo cual, las alternativas que se presentan son preocupantes: suspensiones, despidos, embargos, cierre. Para evitar ese colapso ya se empezaron a tomar algunas medidas, como las que anunció el Banco Central para permitir que las empresas problemáticas no caigan en la categoría de deudores que les impida ser objeto de crédito. Y además se establecerán líneas especiales a baja tasa de interés para quienes necesiten un refuerzo para pagar sueldos.

Pero de momento todo luce insuficiente. Porque aun cuando la parte de la economía formal pudiera ser rescatada, falta la otra parte.

“Hay que realizar un plan para estas personas que no son jubilados, no tienen Asignación Universal por Hijo, son trabajadores que en muchos casos viven al día y de conseguir trabajos eventuales que hoy han desaparecido”, escribe en su último informe el consultor Salvador di Stefano, influyente en el ámbito de los productores rurales.

Y precisamente allí en la actividad agropecuaria es donde las mismas agremiaciones que hace dos semanas se levantaban en protesta contra las retenciones a la exportación acaba de emitir una declaración apelando a la unidad.

“El bien común y la unidad nos presenta una oportunidad para trabajar juntos y producir más”, reza el comunicado, en cuya entrelínea se lee que, ahora más que antes, el Gobierno debería considerar aflojar la presión impositiva al sector que motoriza la economía.

En un sentido similar pero desde la industria, el directivo de Fiat Cristiano Rattazzi sostuvo que el país se enfrenta a “un momento épico para dejar de hablar de subsidios y empezar a hablar de creación de trabajo”.

Estado.

Pero la realidad marca que el Gobierno se moverá en sentido absolutamente inverso. No sólo tiene una convicción ideológica en ese sentido, sino que ahora hasta siente que su postura pasó a tener una legitimidad otorgada por el hecho de que grandes líderes europeos como la alemana Angela Merkel y el francés Emmanuel Macron han virado a un estatismo sin rubores.

Es por eso que se empiezan a escuchar insinuaciones de medidas más drásticas, tales como estatizaciones en áreas esenciales, como servicios públicos. Lo mencionaron miembros del kirchnerismo duro, como Amado Boudou, quien ya en otro momento de crisis histórica había sugerido la reestatización del sistema jubilatorio.

En Europa, ya directamente se habla de salvatajes masivos de empresas, incluyendo la estatización de aerolíneas y empresas automotrices. Está claro que el objetivo político número uno pasó a ser la preservación de las empresas como activo nacional y el empleo como factor de paz social.

En Argentina, gradualmente ese discurso está permeando, al punto que figuras que siempre combatieron al estatismo y proclamaron la ortodoxia, hoy plantean la necesidad de cambiar la mirada.

Entre ellos se destaca Carlos Melconian, para quien la prioridad es “garantizar la tranquilidad del trabajo y del salario”. Y, en una advertencia sobre que Argentina no podrá contar con los recursos fiscales ni monetarios con los que cuentan las grandes potencias a la hora de hacer políticas contracíclicas.

“La Argentina es un país sin mercado de deuda y sin moneda, cuando vemos y queremos imitar lo que están haciendo en el mundo, nosotros no tenemos con qué”, afirma el siempre candidato a ministro. Y advierte sobre el error que implicaría el querer volcar los recursos a estimular el consumo en vez de proteger el empleo.

Un límite natural.

Pero la parte más difícil de resolver es cómo se garantiza la tranquilidad para la mitad de los trabajadores que son cuentapropistas o que se desempeñan en el vasto sector informal. Para esos casos, las medidas clásicas de contención a la europea no parecen efectivas ni viables.

Y es ahí cuando se plantea la verdadera pregunta de la hora: cuánto resiste la economía argentina una paralización a la europea sin los recursos de Europa y con un tejido social mucho más frágil.

Y el temor principal, que así como el Gobierno fue corriendo atrás de hechos consumados -tuvo que decretar la suspensión de clases cuando ya varias escuelas habían decidido cerrar por su cuenta, restringió el tránsito cuando las provincias estaban cerrando los pasos limítrofes y decretó la cuarentena cuando los empleados pedían cerrar los comercios-, también se encuentre que, en determinado momento sea la propia población la que decida en los hechos levantar la cuarentena.

No se tratará de una falta de toma de conciencia sino de la imposición de un problema más contundente. A fin de cuentas, es la aplicación de un cálculo de probabilidades: mientras uno está sano, el contagio de coronavirus es una mera posibilidad; pero cuando uno está sin ingresos, la probabilidad de pasarla mal es una certeza.

Fuente: Fernando Gutiérrez / Iprofesional