Industriales y empresarios alzaron la voz contra los impuestazos

UIER y CEER se manifestaron contra la suspensión del Consenso Fiscal 2017. También apuntan a municipios. Dos Florines

Las dos entidades empresariales más importantes de la provincia alzaron su voz contra la suspensión del Consenso Fiscal 2017 acordado por Alberto Fernández con Gustavo Bordet y el resto de los gobernadores. En este sentido, saben que se vienen “impuestazos”, por lo cual advirtieron por las consecuencias de suspender la rebaja impositiva y pidieron morigerar la presión tributaria de los tres estamentos de gobierno: Nación, Provincia y municipios. 

De esta manera, tanto la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), como el Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER), toman posición y se plantan ante las nuevas políticas fiscales que bajan desde el Gobierno nacional, adopta sin titubeos la Provincia y sigue en los municipios. Saben que Fernández aumentó impuestos para financiarse y que las provincias tienen la potestad para hacer lo mismo en sus jurisdicciones, al igual que los municipios por su autonomía.

Las entidades cuestionaron que para el Consenso Fiscal 2017, que establecía la baja gradual de tributos como Ingresos Brutos, Sellos y Ley 4.035, ya habían aumentado las alícuotas. Dos años después, advierten por un “cambio en las reglas de juego” y por la “asfixia de la red de impuestos y tasas”. Por ello, también solicitan que las Municipalidades hagan lo propio, para nivelarse con sus pares de Córdoba y Santa Fe.

Los empresarios saben que será otra vez el sector privado el encargado de realizar el ajuste, con una redistribución de ingresos vía impuestos. Por ello, cuando la palabra solidaridad aparece en la escena pública, también interpelan al poder político para que se sume con gestos acorde a los tiempos. Dejan en evidencia, incluso, que tienen en la manga la generación de empleo privado registrado y las inversiones para volver a crecer.

Comunicado de la UIER

La Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) manifiesta su preocupación por los incrementos impositivos que comienzan a aplicarse en los diferentes estamentos del Estado y los que vendrán, de la mano de la suspensión del Consenso Fiscal 2017 que definía su reducción gradual. Dada la necesidad de reactivar la economía, generar valor y volver a crear puestos de trabajo, la industria ya no soporta mayor presión tributaria que la existente.

Tanto Nación, como Provincia y municipios, generan una red asfixiante de impuestos y tasas que significan, en promedio, el 50% de los costos de los bienes y servicios que se consumen en la Argentina. Por ello, más aumentos y otra vez cambios en las reglas de juego cercenan la posibilidad de realizar nuevas inversiones y de impulsar políticas expansivas dentro de las empresas, lo que termina limitando el desarrollo de las fuerzas productivas que dan vida a nuestros pueblos y ciudades de Entre Ríos.

Es clave comprender que la industria es el sector que genera más empleo registrado privado. Cada trabajador industrial implica otros dos puestos indirectos. Además, en su conjunto representan los mejores salarios del mercado laboral. Por ello, cuando la industria crece, es generadora no sólo de riqueza, valor y empleo, sino de una cultura de trabajo que beneficia directamente a las comunidades.

Por todo ello, la baja impositiva comprometida hace sólo dos años por Nación y Provincia debe continuar. Del mismo modo, es indispensable que los municipios entrerrianos se comprometan con un Pacto Fiscal que reduzca estratégicamente los porcentajes de tasas y contribuciones, hasta igualar a los de municipios como Córdoba y Santa Fe con mayor competitividad e impulso productivo.

Ante un contexto difícil, el sector privado no puede ser el único actor solidario de la economía argentina. El poder político debe sumarse con medidas que traccionen la economía, justamente cuando la intención es reactivar los eslabones de una cadena con limitaciones, roturas y hasta paralizada. En este sentido, desde la entidad se considera que la salida no es por otro lado que recreando las posibilidades de crecimiento y generación de empleo. Reducir el gasto público improductivo, morigerar la presión impositiva y lograr previsibilidad en las reglas económicas, son algunas de las condiciones necesarias para lograr un desarrollo competitivo de la economía.

Comunicado del CEER

A fines del 2017 se sancionó por ley nacional y provincial el Consenso Fiscal. El espíritu de este acuerdo era la disminución paulatina de la presión fiscal provincial, a cambio de una mayor coparticipación nacional.

Uno de los aspectos a lo que se comprometió Entre Ríos era la reducción, hasta la eliminación de las alícuotas del impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB) en determinadas actividades. También se acordó la eliminación del impuesto a los sellos, que recae sobre los contratos en todas las actividades y, para el caso particular de Entre Ríos, la eliminación del impuesto provincial al salario.

Con este consenso, la economía provincial sufrió un aumento temporario de la presión tributaria, ya que, para financiar la transición, el gobierno provincial subió las alícuotas en varios sectores económicos con la promesa de que se reducirían en otros sectores de manera gradual. El acuerdo era que a partir del año 2020 las alícuotas de Ingreso Brutos se eliminarían para las actividades primarias e industriales.

El impuesto a los Ingresos Brutos es el que mayor perjuicio causa a la economía porque grava todos los eslabones de las cadenas productivas. Por esto sus alícuotas se acumulan en cada eslabón gravado, encareciendo en exceso los costos de producción y el costo de vida del ciudadano.

En estos días el gobierno provincial, junto al nacional, decidió la suspensión de la aplicación del Consenso Fiscal sancionado por ley. Esto significa no cumplir con la promesa asumida frente a todos los entrerrianos de eliminar el impuesto a los sellos y el impuesto a los Ingresos Brutos en la producción primaria e industrial. Y además esta ley de suspensión del Consenso Fiscal, concede la posibilidad de incrementar las alícuotas del impuesto a la transferencia de inmuebles, automotores y la implementación de nuevos tributos específicos que graven la transferencia de energía y servicios sanitarios.

Por esta razón, el Consejo Empresario de Entre Rios, una institución que vela por el desarrollo sostenible de la provincia, solicita el cabal cumplimiento del Consenso Fiscal sancionado por ley en 2017. Entendiendo que la reducción de la presión fiscal y la eliminación de los impuestos distorsivos de la economía así como también el reclamo genuino de coparticipación nacional que le corresponde a Entre Ríos, son indispensable para motorizar un desarrollo genuino y sostenible de la provincia.