Prestadores de discapacidad reclaman un aumento de aranceles que se dilató por un “error de redacción”

El insólito caso ocurrió con una resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad para no otorgar los aumentos “acumulativos”. Desde abril, los prestadores esperan definiciones para cobrar los servicios prestados con los nuevos valores. Nahuel Amore

Los prestadores de discapacidad de todo el país siguen reclamando para que el Estado nacional les reconozca un incremento en los aranceles. La promesa de un aumento escalonado del 34% se conoce desde abril, a sabiendas de que el ritmo inflacionario está por encima del porcentaje. Sin embargo, la modificación de los valores permanece suspendida por un insólito “error de redacción” en la respectiva resolución, bajo el argumento de no otorgar los tramos “acumulativos”.

Según supo DOS FLORINES, se trata de la Resolución Conjunta RESFC-2021-7-APN-MS del Ministerio de Salud de la Nación y de la Agencia Nacional de Discapacidad. La misma fue debatida desde abril y quedó firmada el 11 de mayo. Allí se establecía la actualización en los valores de los aranceles del Sistema de Prestaciones de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad para las tres categorías (A, B y C).

La noticia ya había sido difundida entre los prestadores e incluso se comunicó a las obras sociales. En dicho texto se definía el desdoblamiento del 34% en “tres tramos acumulativos”, cuyo 21% se pagaría a partir del 1 de abril, otro 9% desde el 1 de julio y el restante 4% a partir de octubre. Incluso, se reconocía un adicional del 20% sobre el arancel básico por zona desfavorable a las prestaciones brindadas en provincias patagónicas.

Sin embargo, tras la firma de la resolución, se advirtió que en el texto quedó plasmado el término “acumulativo”, que no habría sido consensuado entre las partes. A partir de entonces, la resolución dio marcha atrás y, mientras se resuelve la nueva redacción, los prestadores de discapacidad siguen a la espera de novedades para que el incremento pueda trasladarse a las nuevas facturaciones que realicen.

Problemática

La problemática de los profesionales que trabajan con personas con discapacidad no es nueva. En los últimos años, entraron en un progresivo proceso de ajuste sobre sus aranceles. Los aumentos de valores que conforman el nomenclador fueron quedando muy por debajo de los índices inflacionarios y, peor aún, sin cubrir la Canasta Básica Alimentaria que define la línea de indigencia.

Sólo en 2020 les reconocieron un 10% de incremento, cuando el año cerró en 36,1%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Ahora en 2021, con el 34% de incremento prometido que aún no se efectivizó -a modo de ejemplo-, una maestra integradora cobraría 23.245 pesos en mayo, 25.337 pesos en julio y recién en octubre 26.350 pesos.

Desde el sector incluso vienen reclamando por otro aspecto no menor que deteriora aún más los ingresos. Las obras sociales suelen demorar un mínimo de tres meses para acreditar los pagos correspondientes por el trabajo realizado. Incluso, existen casos de prestaciones que no terminan de cobrarse desde 2020, lo cual pone en evidencia que está en jaque todo el sistema de cobertura de personas con discapacidad.

En medio de esta incertidumbre, los profesionales advierten por los diferentes costos que deben asumir que no son reconocidos. En su mayoría se trata de monotributistas que deben hacer frente a los pagos impositivos y de seguridad social, seguros, telefonía e internet para brindar servicios de modo virtual en pandemia, matrículas, elementos de bioseguridad, entre otros ítems.

Ante esta situación, el sector se convoca para realizar una asamblea nacional el próximo miércoles 26. A través de distintos grupos y foros online, invitan fundaciones, organizaciones, ONG, agrupaciones, prestadores, personas con discapacidad y familias para expresarse “contra la quiebra y el vaciamiento del Sistema de Prestaciones Básicas en Discapacidad”.