Impuesto Inmobiliario Rural de Entre Ríos, el más caro de la región

Por José Ignacio Colombatto, presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer)

Durante el corto tiempo transcurrido de 2021, las entidades rurales ya nos sentamos a la mesa con las autoridades provinciales a discutir respecto del incremento del Impuesto Inmobiliario Rural, debate que esperemos no termine –como ha ocurrido muchas veces– en una decisión unilateral del Gobierno.

El nudo gordiano de la cuestión siempre está dado por la fórmula que el Estado entrerriano aplica para disponer el porcentual de aumento, ya que ésta siempre justifica las necesidades financieras y las traslada al tributo. Es tan discrecional la avidez del Estado que llegó a justificar en 2012 el incremento de hasta el 600 %.

Las enormes consecuencias de la pandemia, la diferencia del tipo de cambio para los productores, la histórica sequía y la gigantesca presión tributaria, deberían servir de aliciente a la hora de pensar en aplicar una suba en el impuesto.

En realidad, semejante combo implicaría, desde el sentido común, mantener estables o aplicar un incremento que no termine siendo un nuevo castigo al que invierte y arriesga en esta provincia.

En la reunión mantenida el 17 de febrero pasado, entre la Mesa de Enlace entrerriana –que integra Farer– con las autoridades provinciales encabezadas por el ministro de la Producción, Turismo y Desarrollo Económico, Juan José Bahillo, el Estado panza verde se comprometió que el incremento sería menor a la inflación de 2020. No obstante, solicitamos que independientemente de la fórmula de cálculo y teniendo en cuenta que la misma tiene un componente discrecional, se empiece a analizar un camino de desacople que vaya bajando paulatinamente el costo del tributo año a año, para llegar a un costo similar o en relación a otras provincias de la región, porque en la actualidad el Inmobiliario Rural entrerriano es el más caro de todos en relación a rindes y productos.

Con datos fehacientes, distintas entidades han hecho público –en reiteradas oportunidades– que Entre Ríos lamentablemente lidera la lista de las provincias que más presión tributaria sufren, al punto que más del 65 % se escurre en impuestos, superando el 70 % en el caso de la actividad agrícola.

En ese escenario, buscar fórmulas intrincadas o atar las subas a índices inflacionarios no refleja para nada la realidad.

En primer lugar, por la inédita situación que se atraviesa y por la raquítica inversión estatal en los caminos de la producción, que en muchas zonas están a la buena de Dios con la ayuda momentánea de un fuerte período de sequía. Los puentes, los abovedados, los ripios, entre tantas obras más, siguen esperando.

La devolución del Estado en el marco de este tributo es prácticamente inexistente por lo que someter al campo a un nuevo incremento desligado del sentido común, sería otro golpe más a un sector que como casi ningún otro, sigue apostando por una provincia más moderna, desarrollada y próspera. Mantener un Estado ineficiente y sobredimensionado nunca puede ser la excusa para castigar al sector productivo.

Ya es tiempo de empezar a incentivar la producción y dejar de lado los apetitos meramente recaudatorios que son un espiral inconducente y que sólo retraen la inversión.

Es hora que Entre Ríos empiece a despegar, pero para ello el Estado debe dejar de mirarse el ombligo.