Las fumigaciones, tema de análisis entre el campo y la Justicia entrerriana

El presidente del STJ, Emilio Castrillón, visitó la Bolsa de Cereales y, entre otros temas, se refirió a los “vacíos legales” en materia de aplicaciones de fitosanitarios. Danilo Lima

La dura polémica por los fallos judiciales que prohíben las aplicaciones de fitosanitarios en los alrededores de las escuelas rurales –3.000 metros en los casos de fumigaciones aéreas y 1.000 metros cuando se trata de fumigaciones terrestres– fue uno de los temas abordados por el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Emilio Castrillón, y dirigentes de entidades agropecuarias durante un encuentro desarrollado en la sede de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos.

Miguel Pacheco, el gerente de la Bolsa, presentó un mapa donde estaban georreferenciadas todas las escuelas rurales de la provincia, tras lo cual se analizó la implicancia que tendría la aplicación de la medida adoptada de limitar el trabajo de la agricultura en áreas menores a 3.000 y 1.000 metros, según el tipo d fumigación, de establecimientos educativos, lo que significa una superficie de importancia en la que no se podría producir con los métodos actuales.

Tras el intercambio de opiniones, Castrillón –un hombre que conoce bien la producción agropecuaria– agradeció la información aportada por los dirigentes y subrayó que la aplicará en su labor. “Es gratificante estar en la Bolsa de Cereales, conocer sobre su actividad, la proyección y el servicio que presta a la comunidad. En especial, poder analizar temas de actualidad desde la percepción de la sociedad, la producción y la Justicia, desde distintos lugares pero buscando el mismo fin que es una Entre Ríos productiva, respetando los derechos de todos los entrerrianos”, expresó el titular del máximo tribunal provincial.

Sobre los fallos que prohíben las aplicaciones de agroquímicos en cercanías de las escuelas rurales entrerrianas, Castrillón remarcó que “todos tenemos derechos” y se pronunció a favor de “llenar los vacíos” legales en esta materia, si es que la Justicia así lo considera.

“Seguramente uno tendrá una opinión y otro tendrá otra opinión. Mientras tanto, la Justicia toma medidas paliativas hasta que estén regulados y asegurados los derechos de los entrerrianos”, agregó Castrillón al justificar el fallo del juez Oscar Daniel Benedetto, ratificado por el STJ con los votos a favor de los jueces Miguel Ángel Giorgio y Daniel Carubia, y el voto en disidencia de la jueza Claudia Mizawak.

Para Castrillón, “estos últimos fallos refieren al reclamo de las distancias de aplicación de las escuelas”. Consideró, no obstante, que “los productores y comercializadores están en todo el derecho de plantear autolimitaciones para, conjuntamente con el Gobierno de la Provincia, poder salir adelante, llegando a un acuerdo entre todos los sectores para hacer una convivencia en paz”.

El presidente del STJ, sin decirlo en esos términos, instó a buscar una solución política que satisfaga a los actores involucrados en esta controversia. La pelota, para usar una comparación futbolística, está ahora en el campo de juego de los otros dos Poderes del Estado.

Participaron del encuentro, además de los dirigentes de la entidad anfitriona, referentes de la Cámara Arbitral de Cereales de Entre Ríos (Cacer), la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), la Federación Agraria Argentina (FAA), la Federación Entrerriana de Cooperativas (Fedeco), el Centro de Acopiadores de Granos de Entre Ríos (Cager), Cooperativas Agropecuarias de Entre Ríos (Cafer)y la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA) de la Universidad Nacionales de Entre Ríos (UNER).