DOS FLORINES

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“Vamos a tomar el toro por las astas, vamos a hablar de la deuda externa. En primer lugar anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa”, corría el 23 de diciembre de 2001 cuando el entonces presidente Adolfo Rodríguez Saá decía estas palabras en su discurso de asunción, ante una Asamblea Legislativa exultante que coreaba “Argentina, Argentina, Argentina”. Y así comenzó todo.

Abelardo Del Prado (*)

 

 

En el contexto caótico de una de las peores crisis sociales de nuestro país, en Nochebuena de aquel año, y durante las cinco semanas siguientes, se suspendió el pago de 150 bonos emitidos por el Estado nacional y otras siete provincias por un monto cercano a los 93 mil millones de dólares. Se trató del default más grande de la historia mundial. Aproximadamente unos 700 mil tenedores de aquellos bonos argentinos dejaron de recibir el pago de la deuda de capital e intereses previamente acordados.

El resto, como suele decirse, es historia. Desde 2002 en adelante la economía argentina repuntó consistentemente y el país buscó resolver el conflicto que implicó tamaña cesación de pagos, a saber, disputas legales que le impedían el financiamiento internacional, junto con las amenazas constantes de embargos internacionales y diversas sanciones económicas.

 

2005, primer canje.

Bajo la administración de Néstor Kirchner se dio el primer gran paso a la normalización de la situación del país con sus acreedores. La operación encabezada por el exministro de Economía, Roberto Lavagna, y el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, fue un éxito. Se reestructuraron deudas por un valor equivalente a US$ 62.500 millones de valor nominal, canjeadas por nuevos títulos por un valor nominal equivalente a US$ 35.300 millones. Entraron al canje cerca del 76,1% de los bonistas en default, aceptando una quita nominal de entre el 58 y 63% acorde al bono.

Para persuadir a los bonistas sobre la fiabilidad del canje, el país sancionó la Ley Cerrojo e implementó la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers), que prohibían al gobierno reabrir el proceso de canje o mejorar la oferta en los 10 años siguientes a los tenedores de deuda en default. Asimismo se les ofreció el “cupón PBI”, atado al crecimiento del país y que pagaba una suma a los bonistas cada vez que el PBI del país creciera más de un 3%.

Se consideró como la operación financiera de canje de deuda más importante de la historia mundial, con la mayor quita en una deuda soberana jamás implementada, 73% según el FMI. Este primer paso no solucionó el problema completamente, pero sí redujo considerablemente el conflicto y puso a la Argentina en una situación de mayor holgura.

 

2010, segundo canje.

Bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con el exministro de Economía, Amado Boudou, a cargo, intentó convencer al resto de los bonistas de saldar deudas. El objetivo era solucionar definitivamente el conflicto y así volver a los mercados internacionales a financiarse a tasas razonables.

Para ello Argentina suspendió por un año la Ley Cerrojo y reabrió el canje de deuda en octubre de 2009, y así fue por los tenedores de los US$ 20 mil millones de deuda no reestructurada en 2005.

El canje de bonos de 2010 tuvo una adhesión del 66% y se refinanciaron títulos por US$ 12.000 millones. Se logró así un nivel de adhesión global del 92,4% respecto de los bonos defaulteados en 2001. Implicó una quita del 66,3% para los inversores institucionales y cerca del 50% para los tenedores individuales.

 

2012, “el juicio del siglo”.

Una parte de los bonistas que no se sumaron a ninguno de los canjes previos optó por ir a la justicia de Nueva York, jurisdicción fijada por el país y garante de la legalidad de los bonos en default, para exigir el pago del 100% del valor de los títulos, más los intereses punitorios.

En octubre de 2012, la Corte de Apelaciones de Nueva York emitió un fallo en el que declara que Argentina había cometido una discriminación con los demandantes y obligó al país a pagar US$ 1.330 millones al fondo de acreedores que había iniciado la demanda (NML-Elliot, Aurelius y un grupo minorista). Ante ello, y con la clausula RUFO vigente, en marzo de 2013 la Argentina presentó una nueva oferta de canje a estos holdouts, garantizando las mismas condiciones otorgadas que en canjes anteriores. La oferta fue rechazada por los litigantes e inició una etapa de embargos, apelaciones y de nuevos fallos adversos nuestro país.

Las negociaciones continuaron pero el capítulo final llegó el 12 de junio de 2014, cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió no hacer lugar a la apelación argentina y dejar firme la sentencia de primera instancia de 2012, a cargo del juez Griesa. De allí en más la Argentina se vio obligada a negociar en una posición totalmente adversa, dado que tenía una sentencia firme en contra.

Durante el resto de 2014 y todo 2015 se vivió un estancamiento de las negociaciones, lo que derivó en el congelamiento del pago a bonistas reestructurados por decisión del juez Griesa. Ello significó que el país entrara en default técnico, la adhesión al fallo inicial por parte de otros holdouts que no habían ingresado al canje y nuevos intereses punitorios, por demora en el pago, aumentando el monto a pagar a cerca de US$ 15 mil millones.

La administración de Cristina Fernández de Kirchner endureció su postura ante este escenario, enviando al Congreso una nueva Ley Cerrojo y de Pago Soberano, que buscó modificar la sucursal de pago de los títulos de deuda a la Argentina o Francia para eludir la sentencia de Griesa, las cuales fueron aprobadas pero no tuvieron adhesión por parte de los bonistas.

 

2016, acuerdo.

En diciembre de 2015 asume el presidente Mauricio Macri, quien junto a su equipo económico, con Adolfo Prat Gay al frente, llegó en marzo a un principio de acuerdo con los fondos NML-Elliot, Aurelius y otros bonistas por una quita del 25% sobre la sentencia de la deuda. El acuerdo ratificado por ambas partes implica la solución para un 85% de un total de reclamos judiciales por US$ 9 mil millones, quedando por resolver un 15% que corresponde a fondos minoristas.

El pago acordado con los acreedores fue en dólares, en efectivo, lo que significó el bautismo de fuego del macrismo en el Congreso, dado que tuvo que debatir y aprobar la derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano. El 31 de marzo se logró tal cometido, permitiendo al Poder Ejecutivo emitir deuda para conseguir el dinero en efectivo.

El lunes 18 de este mes Argentina volvió a los mercados internacionales de crédito, colocando 15 mil millones de dólares en bonos, a 5, 10 y 15 años a una tasa anual del 7,5% promedio. Los mercados respondieron con ofertas por más de US$ 60 mil millones, lo que fue considerado como un éxito por parte del Gobierno, dado que sería la mayor oferta recibida para un bono de un mercado emergente, consiguiendo grandes sumas de capital a una tasa de interés más baja de lo que se esperaba.

Finalmente, el viernes pasado con la transferencia de US$ 9.300 millones a los holdouts y otros bonistas, cerca del mediodía el juez Thomas Griesa confirmó el levantamiento de las medidas cautelares que impedían que se efectuaran los pagos, con lo que la Argentina salió oficialmente del default.

La historia de Argentina es la historia de éxitos abrumadores y colapsos de igual magnitud alternados, y el recorrido de estos casi quince años lo demuestra, recapitulemos: el default más grande en la historia del mundo (2001), el canje de deuda más importante de la historia económica mundial (2005), “el juicio del siglo” (2012-2016), el default más prolongado de la historia (2001-2016) y la colocación de bonos de un mercado emergente más exitosa en la historia (2016). Un nuevo capítulo de la historia económica del país nació el viernes pasado, esperemos haber aprendido algo de ella y encontrar un poco de equilibrio de una vez por todas.

 

(*) Politólogo

 

 

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