Por Fabián Rogel – Ex diputado nacional
No quería dejar de opinar, como cualquier argentino, máxime siendo un hombre político, de lo que ha sido el debate durante estos últimos días, y particularmente la última semana, sobre lo que algunos han denominado las tarifas eléctricas o más bien la suba de las tarifas eléctricas en el país. Todo lo que pueda decir fue dicho a partir de 2003 hasta 2007 mientras fui diputado provincial y presidente de la bancada de la Unión Cívica Radical. Lo mismo ocurrió mientras fui diputado de la Nación desde 2011 a 2015.
En este sentido, y está registrado en los libros de sesiones de la Cámara de Diputados de la provincia, advertí más de una vez al Gobierno nacional, en ese entonces en manos de Néstor Kirchner, a través de los diputados peronistas de la provincia, que debían dejar de quejarse de lo que ellos denominaban la herencia de 2001, y que deberían aprovechar el llamado “veranito económico” que se vivía en el país a partir de la asunción de Néstor Kirchner, fundamentalmente por la diferencia de los precios internacionales de nuestra producción primaria, que no se registraba desde hacía casi cien años en el país. En ese entonces, decía que deberían aprovecharse esos tiempos, no sólo para incorporar a los miles de hermanos nuestros que prácticamente habían quedado fuera del sistema con otro gobierno peronista como el de Carlos Saúl Menem, sino que había que dedicarse a modificar las estructuras de fondo que hacían a la matriz productiva del país.
Señalaba entonces que se abocaran a reconstituir el transporte de cargas por ferrocarril que había sido destruido por el gobierno de Menem; que no había posibilidad de tener competitividad con un 23% de costo, en un país tan extenso, del traslado de la producción primaria y de toda la producción. Que el país debía tener un sistema financiero que alentara la producción, y no como ocurrió en los doce años del kirchnerismo, donde los que más ganaron fueron los bancos.
Todo esto si fijábamos como objetivo que nuestra matriz productiva duplicara nuestra actual producción, debíamos además recomponer nuestra matriz energética desarticulada en esos años 90.
Por supuesto, mi pequeña voz como legislador provincial y presidente del bloque no tenía ninguna incidencia ni nunca se tuvo en cuenta; pero los testimonios son los que hacen a la vida política de un dirigente. Nada se hizo sobre estos temas que señalo.
Durante diez años el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández convivieron con esa política energética establecida por el gobierno menemista, hasta que advirtieron que el presupuesto nacional se llevaba casi 12 mil millones por el déficit energético.
Es allí donde tomaron la decisión de estatizar el 51% de las acciones de YPF. Tuve el honor que el bloque me designara como miembro informante de dicha estatización. Lo que sostuve en esa oportunidad está en el libro de sesiones de la Cámara de Diputado de la Nación, y en el libro “Volver a Empezar” ( Pasado, Presente y Fututo de los Hidrocarburos en la República Argentina), de mi autoría. Las advertencias que hiciéramos en ese momento, junto con Gustavo Calleja y Alejandro Olmos, tampoco fueron tenidas en cuenta.
La estatización sólo se produjo del 51% de las acciones, no del 100%, y de una empresa que a diferencia de la empresa que dejáramos funcionando en 1989 con Raúl Alfonsín, que, aunque deficitaria, con problemas de inversión y endeudada como la había dejado el proceso militar, era una empresa que se plantaba en el escenario energético manejando el 70 % de la producción nacional. La empresa que esa noche estatizamos era una empresa muchísimo más pequeña, y que solamente tenía una incidencia del 29% de la comercialización del mercado de los hidrocarburos de la República Argentina.
¿Y esto por qué? Porque Carlos Saúl Menem, además de privatizar sin tasación ni balance la empresa más grande de Hispanoamérica, como era YPF, realizó otra modificación sustancial: estableció una figura de la concesión de las áreas, cuestión que desde el inicio de la producción de petróleo jamás se había realizado. Es decir, se le otorgó por decreto a las empresas petroleras áreas para que ellas pudieran hacer lo que quisieran. Además de violentar la Ley de Hidrocarburos que tenía expresamente prohibido que una empresa tuviera más de cinco áreas. La mayoría de las empresas tuvieron no menos de 15 áreas, llegando a tener Panamerican Energy hasta 36 áreas, todas ellas otorgadas por decreto y sin licitación, cuestión que expresamente prohibía la ley.
Es decir, para ser contundente, durante los doce años del gobierno anterior, prácticamente se mantuvo la matriz energética del menemismo, donde las áreas no fueron recuperadas como única manera de capitalizar a una YPF descapitalizada.
¿Por qué hago este recordatorio? Porque advierto que el debate, desde mi punto de vista, cuando se hace sobre la base de la coyuntura y sobre un aumento de tarifas pierde perspectiva y es mentiroso. El pueblo, que es el que está afectado con el aumento de las tarifas debe tener la posibilidad de conocer la película completa, y desde una posición, como en mi caso, de alguien que siempre sostuvo esta posición en esta materia, tratando de mantener, con aciertos y con errores, el pensamiento de quienes han anhelado para el país un modelo energético al servicio de las grandes transformaciones.
El país, sus dirigentes políticos, sus diputados y senadores, deben decirle al pueblo argentino que están dispuestos a discutir la complejidad de una matriz energética, donde el aumento de tarifa es la conclusión de una desatención de varios años, donde las responsabilidades deben asumirse a la hora de un debate honesto.
La Argentina, con políticas coherentes, que gobierno tras gobierno más allá de su diferente identidad política, supo lograr para el país el autoabastecimiento durante muchos años.
Todos sabían que en las políticas de tarifas, que se aplicaron en los 12 años del último gobierno, no tenían justificativo ni desde el punto de vista económico ni social. Tener una tarifa social para los sectores más desprotegidos y de menores recursos es una cosa, pero tener un desbalance tarifario donde los hombres del interior pagábamos una tarifa, y Capital Federal y la provincia de Buenos Aires pagaban tarifas que nadie en su sano juicio podía admitir que con esos montos se estaba abonando el valor real del consumo energético, establecían una desigualdad injustificada.
Párrafo aparte merece la ausencia total de control de lo que hacían las empresas con los miles de millones de pesos que recibían de subsidio del Estado nacional, y que nunca se controló un proceso de inversión al cual debían destinar parte del dinero de los subsidios.
Si desde la oposición se cree que el actual Gobierno solamente practica un sinceramiento tarifario a rajatabla, en todo caso llama la atención de por qué el discurso que se escucha por estas horas no plantea el debate de fondo. Mientras tanto, en nuestra provincia se arman videos, desde el Gobierno, tratando de echar la culpa de los aumentos tarifarios al Gobierno nacional, sin dar ningún tipo de explicación de qué ha hecho el Gobierno provincial para modificar la matriz energética en esta provincia en lo que es de su competencia y responsabilidad. La posibilidad de incorporar plantas generadoras de energía que insuman menor costo en la generación o la puesta en marcha de energías renovables que vayan modificando los costos, no han sido ni siquiera incorporadas al discurso oficial.
Si hablamos de tarifas, hablamos de coyuntura, y no le decimos al pueblo de dónde vienen los problemas, como si nadie tuviera responsabilidades, sólo nos dedicamos a una conquista electoral de votos, pero más temprano que tarde el problema de fondo deberá afrontarse al margen de toda especulación política menor.
