El último informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina estima que el Estado se queda con el 56,9% de la renta agrícola.
En otras palabras, de cada $100, $56,9 son para los gobiernos, ya sea municipal, provincial o nacional. Mientras que el promedio ponderado de cultivos a nivel nacional es de 56,9%, la participación del Estado en soja es del 65,3%, en maíz 46,4%, en trigo 50,1% y en girasol 70,1%, precisa el informe.
Los impuestos nacionales no coparticipables explican el 55,7% del total de impuestos que afronta una hectárea agrícola en Argentina. La composición central de estos impuestos son los derechos de exportación, a los que se le suma el impuesto a los créditos y débitos bancarios.
Le siguen los coparticipables (38,7%), luego los impuestos provinciales (4,8%) y por último los municipales (0,9%).
César Litvin destacó sobre el impuesto a las ganancias: “La última reforma impositiva estableció una reducción de la tasa del impuesto que para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2020 se fija en el 25%”.
Carga.
Este beneficio se efectiviza en una disminución de la carga impositiva en la medida que el productor reinvierta las ganancias obtenidas, hecho que caracteriza a la actividad dada la continuidad del ciclo productivo: “Ello se corresponde con la finalidad pretendida por la reforma consistente en promover la reinversión de utilidades. Caso contrario, cuando los resultados se distribuyan, se deberá retener el 13% llevando la carga tributaria total al 35%”, señala Litvin al portal Agrofy.
Por otro lado, Darío Moreira, miembro de la División Fiscal Agronegocios del Estudio Lisicki Litvin & Asociados agrega que en el impuesto al Valor Agregado, la actividad agropecuaria presenta la particularidad de tener alícuotas diferenciales, lo que sumado a la estacionalidad de las compras y ventas genera la acumulación de saldos a favor en el impuesto.
“Si bien representa un crédito, el contexto actual de altas tasas de inflación, interés y devaluación, origina importantes pérdidas por licuación de dichos saldos a favor”, advierte.
En este sentido, destaca que “esta situación debe ir acompañada de una buena planificación impositiva que es la única forma de accionar preventivamente para atenuar este impacto que puede generar efectos muy perjudiciales en los resultados de las empresas”.
Provincias.
En el caso de los impuestos provinciales desde Lisicki Litvin & Asociados aclararon:
– Impuesto inmobiliario rural: en todas las provincias se debe tributar este impuesto que se ve incrementado por el aumento de las valuaciones de los inmuebles rurales, con un escenario más gravoso en provincias como Santa Fe por aplicación de una mayor progresividad del impuesto en base a la cantidad de hectáreas que posee el productor.
– Ingresos brutos: en virtud del consenso fiscal suscripto por las provincias, para el 2019 la alícuota de la actividad primaria no debe superar el 0,75%. A partir del 2020 se prevé la reducción a 0%. Actualmente, Santa Fe y Córdoba mantienen la exención mientras que las demás provincias han fijado el 0,75% como alícuota máxima.
– Aduanas internas: es el caso de jurisdicciones como La Pampa y San Luis que han fijado impuestos de tipo “aduanas internas”, en donde se debe ingresar un pago a cuenta de Ingresos Brutos por la producción que se traslada fuera de la provincia.
Respecto de las tasas municipales, “el mayor impacto es el ocasionado por la tasa vial que abonan los productores como contraprestación del mantenimiento que deben recibir los caminos, situación que en la práctica no siempre se condice con una efectiva prestación por parte del Municipio”, advierte Litvin.
Por otra parte, el CEO de Lisicki, Litvin & Asociados explica que factores como los precios de los commodities o el tipo de cambio, hacen que la presión tributaria en la actividad agrícola aumente o disminuya.
Granos.
En el caso de la cotización de los granos, el contexto se muestra volatil y durante el último mes el maíz perdió mucho terreno en Chicago. Aunque debemos señalar que los valores habían logrado subir frente a los problemas productivos en Estados Unidos.
Al mismo tiempo, la soja se encuentra presionada por la guerra comercial entre Estados Unidos y China y la fiebre porcina que afecta al gigante asiático. Los operadores se encuentran a la espera de señales que permitan comenzar a definir el volumen de la cosecha en la nueva campaña, como el informe del USDA que se publicará la próxima semana.
En un análisis más general, “hasta los vertiginosos aumentos post-PASO en el tipo de cambio, éste último había mantenido pequeñas variaciones al alza. Esta tendencia, en actividades con cotizaciones directamente atadas al patrón dólar reduce el impacto relativo de los impuestos en la economía del productor agropecuario”.
Por último, “como materia pendiente se advierte la falta de políticas públicas orientadas a crear incentivos que, por ejemplo a través de beneficios fiscales, puedan estimular y generar mayor competitividad a las economías regionales”.
“La importancia de dichas economías radica, entre otras cuestiones, en que son actividades que se caracterizan por ser mano de obra intensivas, con alta generación de valor agregado y principalmente en el impacto que tienen en el desarrollo de toda la cadena agroindustrial”, concluye César Litvin.
Fuente: Iprofesional
