Julio Rodríguez Signes y todo lo que siempre quiso saber sobre la Copa y nunca se atrevió a preguntar- Es el hombre que designó el gobernador Gustavo Bordet para llevar la voz cantante en el intríngulis más complejo que debe resolver en términos políticos, económicos y fiscales y, en una semana clave donde todos las provincias firmaron un acta de intención para llevar al Congreso el debate, describió con precisión qué se está discutiendo, cúal es el escenario político y cuál es el rol que juega la Corte Suprema en un debate donde Buenos Aires pide tener más participación en la Coparticipación Federal de Impuestos. Gustavo Sánchez Romero / sanchezromero@arnet.com.ar
Es el dirigente que, desde que ingresó a la vida política institucional como un joven concejal de la UCR, mejor se ha reconvertido en el tiempo. Con gran capacidad interpretar los procesos en la provincia, ha de reinvertarse gestión a gestión y de este modo el abogado Julio Rodríguez Signes estará siempre en los temas sensibles de la agenda pública. Hoy es el hombre que ha elegido Gustavo Bordet para llevar adelante la posición de Entre Ríos en tan complejo e intrincado tema de la reforma en el sistema de coparticipación federal de impuestos. En la misma semana donde se produjo un encuentro clave entre los gobernadores –exceptuando a la bonaerense María Eugenia Vidal- y se logró emitir un documento común pidiendo su tratamiento en el Congreso, el Fiscal de Estado provincial conversó con DOS FLORINES, describiendo minuciosamente el devenir un tópico muy complejo, que involucra miles de millones de pesos y al que nadie se animó a ponerle el cascabel. En un momento disruptivo donde los presupuestos provinciales están exangües, se reaviva un debate donde el consenso será clave, pero las diferencias políticas y jurídicas atentan contra un acuerdo general. Un recorrido de los últimos 25 años con leyes, excepciones, pactos fiscales, decisiones erróneas y desidia han puesto al país en un punto críptico, al borde de la implosión.
-¿Qué hay de sobreactuación política y qué de defensa genuina de las provincias ante el reclamo de Vidal?
-Creo que hay una situación muy seria. Realmente, hoy, ninguna provincia argentina está en condiciones de seguir cediendo un peso más de la coparticipación.
HISTORIA.
-¿A dónde hay que remontarse para entender esto de “seguir cediendo”?
-La historia arranca en el año 1988. Nosotros tenemos una ley de Coparticipación Federal de Impuestos de ese año. Se establece que las provincias van a recibir aproximadamente el 56 % de la coparticipación. La ley 23548 dice que a las provincias le corresponde este porcentaje, y a la Nación el 44% de los ingresos coparticipables, restados los recursos de la seguridad social (entre 700 y 800 millones de pesos) y los derechos de importación y exportación que son alrededor de 150 millones de pesos, entendiendo que estos tributos al comercio exterior no son coparticipables, así como los aportes personales y contribuciones patronales de la seguridad social. Todos los demás impuestos son coparticipables. Dentro de ese 56 % a la provincia de Entre Ríos le correspondía el 5,9 % del total que iba a las provincias. Tuvimos hiperinflación del año 1989, Plan Bonex 1991 y llega el año 1992 que fue fatídico con el Plan de Convertibilidad que cambia drásticamente el escenario. Empieza a gestarse el nuevo escenario para las jubilaciones.
-La ley 24241…
-Tal cual. La misma impone el régimen de capitalización. Por ese momento ocurren dos cosas: por un lado la Nación transfiere competencias a las provincias, fundamentalmente educación (de allí la transferencia de docentes secundarios en Entre Ríos) y lo más gravoso de todo es que comienza la secuencia de pactos fiscales y asignaciones específicas. El pacto fiscal establece en 1992 (Mario Moine firma el primero con un espíritu de época de desregulaciones y privatizaciones en todo el país) y se concreta la cesión del 15 % de la coparticipación. En el tiempo representó una suma de dinero inimaginable. Aquí aparece un actor que no estaba en la escena nacional: El Anses. Las provincias ceden al Anses este 15 % y se da otra asignación sobre la Ley de Impuestos a las Ganancias. Esta es una asignación específica. De la recaudación del Impuesto a las Ganancias se detrae el 20 % para el Anses, el 2 % para ATN (Aportes del Tesoro Nacional) y el 10 % para el Fondo del Conurbano Bonaerense. Aquel fue un pacto que hicieron Eduardo Duhalde y Carlos Menem y las provincias acompañaron. Eso fue por asignación específica.
-Con diario del lunes las provincias evalúan hoy a esto como un hecho muy injusto pero reconocen que Buenos Aires venía cediendo una masa importante de recursos…
-Sí, pero eso es una teoría. La ley 23548 le asigna a Buenos Aires el 19,9 % más un coeficiente que tiene la provincia ya en esta ley. Ya le da un coeficiente que actúa sobre toda la masa de recursos coparticipables.
-Pero si ya le había asignado un 20%; ¿Para qué otro coeficiente?
-Para reparación. Eso está en la ley. En el artículo 2 se establece cuáles son los impuestos coparticipables y en el artículo 3 se establece cuánto corresponde a las provincias, ante de la distribución de la misma. Allí se define que “corresponde el 2 % en forma automática para el nivel relativo de las provincias de Buenos Aires, Neuquén, Chubut y Santa Cruz” y el 1% para ATN. Esto es para recuperación paulatina del nivel de Buenos Aires y estas provincias.
-Este 1,5 % para Buenos Aires, al tratarse de la coparticipación bruta, debe ser de niveles impresionantes de recursos.
-Por supuesto. Es muy importante. La recaudación del año 1996 fue de dos billones de pesos. Hay que restar seguridad social que son 700 mil millones y los derechos de impo y expo y queda más o menos un billón 300 mil pesos, y de allí aplicar este coeficiente.
INJUSTICIA.
-Aquí se funda su concepto de injusticia…
-Por supuesto. Fue un arreglo político al que las provincias accedieron. Fue, además, una asignación específica que según la ley deben tener objeto determinado y plazo fijado. Porque el sistema de coparticipación es un tipo de derecho mucho más duro que el derecho común. El derecho de la distribución de los recursos se construye a partir de pactos, que se celebran entre los Estados provincial y nacional y tienen que ratificarse por ley provincial y nacional con mayorías especiales. Entonces, para modificar ese tipo de tratados internos de los Estados, no lo puede modificar por una ley común, que este será el pecado de Néstor Kirchner más adelante. La Constitución establece que se pueden disponer de asignaciones específicas para casos excepcionales con estas características.
-Por ejemplo…
Por ejemplo, la que le dieron al Anses dentro de la ley de Impuesto a las Ganancias del 20 % para recuperarlo y vigorizarlo. Esto terminaba cuando el Anses estuviera fortalecido financieramente. Este es un buen ejemplo de cuándo se disponen las asignaciones específicas. Si no tienen plazos o son eternos -25 años es una locura- modifican en su esencia el sistema de coparticipación. Que es un derecho duro. Entonces, vuelvo. 1992 se le quita a las provincias el 15 % y se dictan estas asignaciones para el Anses, el 10 % para el Fondo del Conurbano… conclusión: queda el 64 % del Impuesto a las Ganancias para distribuir. Entre el ’92 y la actualidad, las detracciones que fueron sufriendo las provincias fueron exorbitantes. De miles y miles de millones de pesos. Garat Pablo María), el asesor de la Comisión Nacional de Impuestos dio el jueves un número astronómico de las transferencias al Anses.
-Con un Estado nacional cada vez más grande y torpe…
-Claro, que además iba delegando la prestación de servicios.
-¿De allí debemos inferir porque Cristina tampoco nunca mejoró el esquema ni tocó el Impuesto a las Ganancias?
-Y si.. a ver. Qué pasa con Kirchner. Esos pactos fiscales se fueron prorrogando hasta que vencieran en el año 2006. Todo debía volver a cero. Quedaba el núcleo duro de la coparticipación. Había que hacer nuevos pactos fiscales, pero la Nación lo prorroga por ley de Presupuesto (26078), pero antes hay que ver el laberinto de la coparticipación. Esto debe ser conocido por tres o cuatro personas, y no mucho más. Porque pasamos de un esquema que era muy simple, el de la 23548 a todo un régimen de asignaciones laberínticas. En el año 2006, Néstor Kirchner, en vez de reunir a todos y hace un nuevo pacto fiscal, prorroga por ley de presupuesto.
DILACIONES.
-Por lo tanto sigue la maraña, siguen las asignaciones, y casi nada de federalismo kirchnerista…
-Sigue todo. Y en el medio la reforma constitucional de 1994, que dijo que había que establecer un régimen de coparticipación nuevo y fijó una fecha tope en el año 1996. Y nunca se cumplió. Pero aunque no se dicte un nuevo régimen, está vigente la ley 23548. Cuando se vencieron los pactos fiscales, debimos haber vuelto a la ley 23548. Sin embargo, se prorrogaron y las provincias siguieron cediendo recursos. Con un agravante; algunas provincias transfirieron cajas de jubilaciones y otras no, como Entre Ríos. Las que transfirieron cajas, como Córdoba, Santiago del Estero, Mendoza, no tienen un régimen previsional a cargo, aunque hacen sus aportes de ley siguen en la órbita nacional. Nosotros nos quedamos con la caja con la promesa que nos iban a financiar el déficit, hasta cierto punto.
-En algo se cumplió…
-Muy poco. Pero hay algo más. En 2006 se prorroga por ley de presupuesto 26078 y hay dos provincias que se rebelan: Santa Fe y San Luis. Se trata de dos provincias que están fortalecidas porque no emitieron cuasimonedas y no estaban endeudas con la Nación. El resto había emitido bonos, la Nación las había rescatado y quedaron en otra situación.
-Santa Fe y San Luis, mal que nos pese, son fiscalmente ordenadas…
-Sí, efectivamente es así. Las otras provincias quedaron endeudados, y Entre Ríos también quedó en esta situación y la Nación te decía: yo te refinancio la deuda pero vos me firmás la prórroga de los pactos. Actualmente hay deuda de aquellos Bonos Federales… Entonces los gobernadores firmaban.
-He allí el motivo por el cual los gobernadores nunca dijeron ni Mu durante el gobierno de CFK…
-Sí claro. Fueron ratificando los pactos de la forma irregular que la Nación los venía prorrogando. Santa Fe y San Luis adoptan otra postura, y van a la Corte Suprema. Están años y años litigando y dos días después de las elecciones de segunda vuelta, sale la sentencia que hace lugar a la demanda de estas dos provincias. También le hacen lugar a Córdoba. Conclusión: todas las provincias decidieron demandar. Y allí se volvió a poner al descubierto cuánto le transferimos a la Nación por vía de la cesión de la Coparticipación. La verdad es que si esa cesión no se habría producido, Entre Ríos sería hoy superavitaria. Y todo este problema del déficit provincial nunca hubiese existido en otro contexto. Mientras tanto el Anses se volvió fuerte y superavitaria.
-Cristina podría decirle: “No está contando los miles de millones que llegaron a Urribarri por vía de excepción”…
-Sí, transferencias excepcionales a Entre Ríos y todas las provincias. Yo le diría que eso también está estudiado. Son recursos del Tesoro Nacional, del presupuesto que corresponde a la Nación. La Nación tiene obligaciones con Capital Federal y las provincias concurriendo al desarrollo económico, y otros conceptos.
DEBATE
-¿Ustedes consideran abiertamente que esto es deuda?, por eso sería un debate legal, y no político…
-Es que son las dos cosas. En el año 2016 se firmó este pacto, el de la ley 27260, que ratifica un acuerdo que se hizo el 23 de mayo de ese año. Allí la Nación se comprometió a restituir paulatinamente, luego del fallo de la CSJN. En 2016 restituyó el 3 %, en 2017 restituyó el 6 %, hasta que en 2020 habrá cumplido su compromiso. Desde el 2016 en adelante. Pero hay un artículo –el cuarto- que dice que la suscripción del acuerdo no implica en modo alguno desconocer las controversias para atrás. Mendoza hace una reserva especial, en este caso.
-Se supone que hay un acuerdo político implícito que implica no mirar hacia atrás de 2016 y la CSJN lo tendrá en cuenta.
-Correctísimo. Eso es lo que está en pleno debate o proceso judicial en la Corte. Qué está pasando: las provincias dicen que no renuncian a los años anteriores. La Nación dice: “Señores, tenemos un acuerdo”. Bueno, en eso estamos. Esa será la discusión jurídica. La Nación dirá que el acuerdo extingue las obligaciones retroactivas; las provincias dirán que no las extingue.
-¿A eso se refiere Bordet cuando habla de un acuerdo político?
-Él habla del Conurbano. Esto es el retroactivo, y el monto total llega al billón de pesos. Allí es donde yo digo que es imposible que la CSJN dicte sentencia sobre un tema que cuesta un billón de pesos. Ni siquiera les han pagado a Santa Fe y San Luis con sentencia firme ni se han puesto de acuerdo cuánto le deben. En consecuencia, todos estos juicios son de gran magnitud y hay que ver cuándo terminan. Y ahí es cuando Bordet dice que estos son temas que hay que llevar al Congreso. Habrá que hacer un nuevo pacto. Esto supera la magnitud del problema.
-¿Hay consenso?; Porque no es lo mismo lo que piensen Bordet o Urtubey a lo que piense Rodríguez Saá…
-Sí, y se nota en las reuniones fiscales. Ellos dicen que quieren seguir discutiendo, y los que estamos en debilidad fiscal entendemos que debemos acordar. Sí, claro, hay diferencias políticas que lo endurecen. No obstante, Rodríguez Saá fue a la reunión del miércoles y firmó el documento donde se busca el debate en el Congreso. Fueron todas las provincias, menos Buenos Aires.
POSICIÓN.
-¿Usted está de acuerdo con eso?
-Sí, claro.
-¿En qué Congreso?
-En este. Ahora mismo. Es un tema que no puede esperar. La provincia de Buenos Aires mete la demanda. Para el año 2016 eran 53 mil millones de pesos ese 10 %. En el año2016 le pusieron un tope: 556 millones de pesos, convertibles. Es decir, dólares al año. Eso quedó desactualizado muy pronto. Buenos Aires lo dice y pide el 10 %. Eso implica, según la recaudación del 2016 del Impuesto a las Ganancias, cerca de 53.000 millones de pesos. Y pide un retroactivo equivalente al 3,02 % del PBI; alrededor de 280 mil millones de pesos. Por eso Vidal habla dice que le “deben 300 mil millones de pesos”. Quién se los debe: Las provincias, dice ella. Porque el excedente de esos 650 millones de pesos se distribuye entre todas las provincias, excepto Buenos Aires. Si vos sumás los reclamos anteriores, más el reclamo de Buenos Aires, más los futuros reclamos a los que estamos obligados las provincias, se hace una masa insostenible.
-También es cierto que Buenos Aires es el que más aporta, en volumen…
-Sí, ese es su argumento. Dicen que es el distrito que más aporta y el que menos recibe. Pero se olvidan de decir que el sistema de coparticipación no es un sistema de capitalización ni proporcional, sino que es solidario. Jujuy no tiene puertos, Jujuy no tiene aduanas, Jujuy no tiene riquezas… y no se puede medir con este argumento.
-¿Cómo incide el mapa político en este debate?
-Incide. Hay un debate técnico en la CSJN porque todos tenemos que presentarnos y defendernos. Y es un debate político porque han concurrido todos los gobernadores, y ha logrado que todos se plieguen en la estrategia de no ceder un peso. Desde 1992 las provincias vienen retrocediendo, y ahora además le quieren sacar Ingresos Brutos, que es casi el único impuesto que quedó en manos de las provincias. La estimación de lo que perdería Entre Ríos en 2017 por el Fondo del Conurbano sería de 3.500 millones. Para el año 2018 serían más de 4.000 millones. Encima nos sacán la posibilidad de Ingresos Brutos diferenciales, que son 1.200 más –que dicho sea de paso está muy discutido por las empresas en la CSJN-, y ahí nomás tenés 5.700… es una situación que hay que defender en el plano jurídico y en el plano político.
-Implosionó el sistema y obliga a discutir todo de nuevo…
-Obviamente. Cómo va a hablar el ministro de Economía Dujovne de una reforma tributaria sin considerar esto. Es imposible. No se puede discutir si vos tenés 1.5 billones de pesos de impuestos en discusión caliente entre todas las provincias y la Nación. Con 30 juicios en la Corte. Cualquier definición inclina la balanza de este vulnerable equilibrio. Es casi la recaudación total de un año en la República Argentina. Estos conflictos sólo se resuelven con pactos fiscales. No hay otro modo.
Anses, jubilaciones e inversiones
La pregunta inevitable es qué es lo que puede pasar con este debate en términos políticos en un contexto de inestabilidad y hostilidad permanente. Julio Rodríguez Signes asegura que hay un gran interés de Buenos Aires que planteó una medida cautelar. Esto, para el Fiscal de Estado, es lo “lo más peligroso que se avecina en el escenario. Buenos Aires dice: “Mientras estos temas se discuten páguenme el 10 % completo”. Ante esto, desde Entre Ríos se piensa que el peligro reside en que la CSJN baje una medida cautelar. Para cualquier provincia esto implica un colapso, porque todas están al límite colocando bonos en el mercado para poder cumplir con sus compromisos. Todas esperan que se recupere el nivel de recaudación y se nivelen los presupuestos. Hay un peligro allí, y por eso el mensaje de los gobernadores es muy importante porque le dice a la Corte que es un tema de resolución política institucional y que el ámbito es el Congreso. La Ley crea, además, la comisión bicameral de reforma tributaria y le da 365 días para un dictamen. Y están corriendo, y ese es el ámbito. Ahora, cómo se resuelve el tema… esa es otro tema. En el fondo todos tironeamos sobre asignaciones especiales del Anses, que recibe el 44 % del presupuesto la Nación, explica el abogado.
-Pero fue el principal impulsor de las inversiones del Kirchnerismo, y ahora también…
-Sí, claro. Entonces si le retirás al Anses esta masa de recursos tributarios y lo dejás sólo con los aportes y contribuciones, no le alcanza. Por eso Garat dice que lo que hay que discutir primero es la reforma del sistema previsional. Sin esto, discutir la coparticipación nacional es un ejercicio inútil. Y yo agregaría que antes hay que discutir cómo hacer crecer la economía.
-Pero antes habría que debatir otro tema: ¿Cómo crecer con un Estado que asfixia al privado con los impuestos?
-Bueno, ahí hay distintas estimaciones. Hay unos que dicen que la presión es del 34 %. La pregunta sería qué pasa con la evasión. Hay un trabajo de la Cepal que estima que hay un 40 % de actividad que se evade y elude. Es decir que si los ingresos en 2016 fueron dos billones. Hay unos 800 mil millones que se evaden y no van al erario público.
Cuánto cedió Entre Ríos
-Sí, otro sería el cantar con los 1.200 millones que recibe Santa Fe mensualmente…
-Una vez que Santa Fe y San Luis obtienen sentencia, todas vamos detrás y empezamos a plantear las demandas. Hay en este momento 31 demandas en la Corte Suprema. Había otros conceptos del laberinto que también se judicializaron. Entonces el 15 % entre 2006 y 2015 incluido, porque esa prórroga de Kirchner fue inconstitucional, las provincias aportaron 168 mil millones, más 56 mil millones, más 991 millones de ATN. Estamos arriba de los 220 mil millones de pesos sólo en este período. Más 30.268 millones de la AFIP. Todo esto a valores de 2006. La Asociación Argentina del Presupuesto lo actualizó a valores del PBI. Dijo que la deuda retroactiva llega al 9.9 % del PBI. Si el PBI es 546 mil millones de dólares. Son 54 mil millones de dólares. Si de eso el 5,9 % corresponde a Entre Ríos, podemos afirmar que la deuda a Entre Ríos asciende a 2.700 millones de dólares. Estamos arriba de los 50 mil millones de pesos sólo a Entre Ríos. Eso sería una actualización por PBI de la actualización. Ni imaginemos desde 1992 hasta 2015. Tampoco están computadas las asignaciones especiales. Es mucho dinero.
