Productores entrerrianos expusieron en el marco de un panel sobre Buenas Prácticas Agropecuarias. Dos Florines
Las Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA) tuvieron su lugar en la 133ª Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria, donde se dispuso un panel para el abordaje de la “Guía para Ganadería” y “Soluciones para las aplicaciones#.
Allí convergieron varios actores entre los cuales hubo productores y docentes de Entre Ríos, ocupados en exponer la situación que se ha generado ante las restricciones para la aplicación de fitosanitarios en cercanías de escuelas rurales impuestas por la Justicia entrerriana.
Fabio Schneider, productor de Colonia Merou; Mariela Gallinger, presidente de la Filial Crespo de la Federación Agraria Argentina; y Susana Shro, directora de una escuela rural, compartieron sus testimonios.
“Lo que nos pasa es inédito en el país y en el mundo. Están infundiendo miedo en toda la sociedad y poniéndola en contra de todos los productores a partir de un caso de intoxicación en una escuela rural –que nunca se llegó a comprobar fehacientemente– y la Justicia falló por el humor social”, explicó Schneider.
“En todas las actividades están los que hacen las cosas bien y los que no”, dijo Schneider, productor tambero.
“No puedo hacer aplicaciones de productos homologados por Senasa, cumpliendo las buenas prácticas, para controlar enfermedades de la hoja. No puedo hacer reservas de pasturas para cuando termine el invierno. Estamos atados de pies y manos”, objetó.
“No tiene sentido este fallo. No se puede aplicar cerca de las escuelas porque están los niños, pero esos niños después se van al campo y allí sí se puede aplicar. No es por la salud de los chicos. Hoy estamos abandonados, discriminados, a la buena de Dios, porque lamentablemente el Gobierno es débil en la provincia y está especulando hace meses con qué medida va a tomar. Ya se perdió toda la cosecha de trigo y tendríamos que volver a labores en la tierra que destruirán décadas de conservacionismo”, describió Schneider.
Exhibiendo otra cara de la moneda citó los casos de las provincias de Santa Fe y Córdoba, que tienen sus leyes de aplicación de fitosanitarios. “Se puede hacer, pero acá estamos totalmente indefensos”, insistió el productor entrerriano.
“El mejor ambientalista es el mismo productor”, apuntó Mariela Gallinger, que vive en el campo con su familia. “No voy a estar aplicando productos que envenenen a mis hijos y nietos. La acusación que se nos hace es irracional”, sentenció.
“Desde la mirada de mujer, que defendemos la vida y trabajamos por los niños, por los adultos mayores, nos duele que no nos permitan trabajar. Lamentablemente se nota la ausencia del Estado y de un gobernador (Gustavo Bordet) que está jugando con fuego. El productor debe afrontar muchos compromisos, pero si no podemos producir el trigo, ni mantener una pastura, ni preparar el barbecho para la campaña gruesa, entonces el Gobierno tiene que saber que esas trescientas mil hectáreas no van a producir nada. El daño económico lo va a sentir”.
Schneider, en la misma línea, citó informes de especialistas del INTA, del Conicet, de técnicos becados de Alemania, que confirman que “en las aguas del río Paraná no hay restos de nada tóxico, y los niveles de oxígeno están por encima de los estándares mundiales como agua de calidad. Está lleno de vida”, completó.
Por su lado la docente Susana Shro aclaró que hace veinte años se desempeña en escuelas rurales. “Estamos involucrados en una cuestión que no era nuestra, pero afecta a los productores, que son nuestros vecinos y los padres de los estudiantes que concurren a las escuelas”.
“Puedo testimoniar que los productores son altamente responsables, siempre lo han sido. Se lo he manifestado a las autoridades cuando salieron a recorrer las escuelas rurales por este conflicto”, dijo Shro.
Paralelamente le envió una nota al fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, citando su vivencia y a partir de ahí otras directoras comenzaron a hacer lo mismo “aclarando que no son todas las escuelas las que puedan tener problemas sino que serán casos muy puntuales. Doy fe que los productores no van a hacer daño a sus propios hijos”, manifestó.
“Es un disparate. La restricción es excesiva y lo vemos con preocupación, porque las escuelas rurales se crearon para evitar el desarraigo –fue un gran logro para la comunidad– y que los chicos no se tengan que ir a otras ciudades”, dijo. En su caso particular, la escuela tiene nivel inicial, primario, secundario y un anexo de secundario para adultos.
“Veo con preocupación que se pueda generar un daño en el vínculo entre las escuelas y la comunidad. Ni el Foro Ecologista, ni el gremio docente, que son los que pidieron el amparo a la Justicia, nunca fueron a visitarnos o a consultarnos”, añadió.
“Nos está faltando comunicación. Y de parte de los organismos estatales la población está mal informada, temerosa y desconfía de los productores. Hay una responsabilidad del Estado en haber llegado a este punto”, reflexionó, coincidiendo con los productores en la demanda al Estado provincial por una política de BPA.
