Financiamiento, impuestos, energía, transporte y reglamentaciones, son los cinco ejes del documento elaborado por UIA. Garciandía de la UIER también participó
Tras un encuentro entre los representantes industriales de todas las provincias, entre ellos Leandro Garciandía por la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), la entidad que dirige Miguel Acevedo presentó un documento con propuestas que giran en torno a cinco ejes: financiamiento, tributario, energía, transporte y logística, y adhesiones y reglamentaciones.
La Unión Industrial Argentina (UIA), en conjunto con el resto de las entidades de las distintas provincias -incluida la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), a través de la representación del presidente Leandro Garciandía-, elaboró un nuevo documento con 10 propuestas para corregir las problemáticas que impiden el desarrollo productivo del país. El texto del decálogo contiene cinco propuestas que dependen del gobierno nacional y otras cinco orientadas a los gobiernos provinciales en torno a los ejes de financiamiento; tributario; transporte y logística; energía y adhesiones y reglamentaciones.
“Durante décadas, la Argentina profundizó brechas regionales que generaron desacoples y desequilibrios en todo el territorio nacional. El camino para solucionar este pasivo histórico debe recorrerse partiendo de acciones que federalicen la producción y el consumo”, enfatizó la central industrial mediante un comunicado de prensa. Y agregó que “la delicada coyuntura industrial, que afecta principalmente a las pymes más alejadas de los grandes centros urbanos, exige acciones con diferentes horizontes temporales: corto, mediano y largo plazo”.
El documento fue enviado en los últimos días a los distintos funcionarios de las áreas de Hacienda, Producción, Interior y jefatura de Gabinete y desde las uniones industriales del interior harán lo propio con los representantes de cada una de sus provincias.
Propuestas
– Financiamiento. Establecer en los acuerdos suscriptos entre el ministerio de Producción y las entidades financieras que el programa que cuenta con el apoyo del Estado deberá distribuirse de manera federal y que exista una distribución en relación a la cantidad de empleo que hay en esa provincia respecto al total del país. A modo de ejemplo, la UIA remarcó en el informe que “doce provincias recibieron menos del 2% de los préstamos contemplados en el régimen de bonificación de tasas”. El dato surgió del propio informe de presentó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en el Congreso. A la vez –agrega el documento–, se debe evitar el uso de la línea con fines comerciales (cross selling para acceder a la misma) y el cobro de comisiones extraordinarias que incrementen el costo total del financiamiento.
– Tributario. Sobre este punto, la entidad reclama la vigencia plena de los beneficios previstos en el Decreto 814/2001 para potenciar generación de empleo en todo el país. Y también pide complementarla con acelerar la rebaja de Ingresos Brutos hasta lograr reemplazarlo por otra herramienta alternativa que resulte de más fácil liquidación y fiscalización, y que no genere distorsiones al superponerse los diferentes regímenes al interior de la cadena productiva. “Existen más de 60 regímenes de recaudación provinciales que no sólo agregan carga tributaria, sino que también incrementan la carga burocrática y aumentan distorsiones entre impuestos municipales con distintos criterios de fiscalización”, explicó la entidad que dirige Miguel Acevedo, quien será reelecto la semana próxima por dos años más.
– Transporte y logística. En función de que los costos logísticos aumentaron 61,5% en 2018, la propuesta es que se creen nodos logísticos en las distintas regiones del país (con eje en el NOA y NEA) que incorporen tanto el desarrollo de infraestructura como de conectividad, permitiendo que arriben trenes de trocha ancha, angosta y todo tipo de camiones. En el caso del NEA, que el nodo permita el acceso desde y hacia la Hidrovía.
– Energía. En esta materia, los industriales reclaman la eliminación de cánones y otros componentes impuestos por las autoridades de jurisdicciones de nivel sub-nacional que forman parte de la tarifa que paga la producción, pero que no están vinculados directamente a la adquisición de electricidad y gas.
– Adhesiones y reglamentaciones. En este caso, el pedido es la adhesión a la Ley de Compre Argentino y desarrollo de proveedores por parte de todas las provincias para que apliquen los mismos criterios. La normativa debe promover la producción local en lugar de priorizar el origen local de los comercializadores, independientemente del origen de la fabricación.
“La estructura general de las propuestas tiene un doble foco que complementa la cuestión nacional y provincial. El gobierno nacional, los gobiernos provinciales, las administraciones municipales y todos los actores del entramado productivo nacional deben ser protagonistas de la concreción de estas 10 iniciativas”, enfatizó la UIA.
Entre los fundamentos planteados por la institución para presentar estas propuestas, señalan que la actividad industrial caerá este año y, así, se habrá contraído en 6 de los últimos 10 años; que por cada $100 que se prestan en Buenos Aires, en las provincias vulnerables se prestan $2; y que en 9 jurisdicciones del país el empleo industrial cayó más del 10% en los últimos 3 años. Tierra del Fuego, La Rioja, Catamarca y San Luis son las que más empleo fabril perdieron.
A su vez, la Argentina está entre los países con menor crédito bancario de la región en relación al tamaño de la economía, y apenas una pequeña porción del mismo derrama sobre el aparato productivo. La disparidad regional en la Argentina muestra distritos con el PBI per cápita de uno de los 25 países más ricos del mundo que conviven con otros que presentan un PBI per cápita similar al que existe en las regiones más pobres.
