Si después de ese lapso no hay novedades, habrá medidas gremiales. Los dirigentes de la Mesa de Enlace debieron esforzarse para contener a las bases que querían salir a las rutas. Danilo Lima
Luego de dos horas de intenso debate, más de 120 productores agropecuarios, reunidos anoche en asamblea en un local próximo a Crespo, decidieron esperar unos diez días –hasta después de las elecciones del 9 de junio– para la adopción de eventuales medidas gremiales si es que para esa fecha no está vigente el nuevo decreto a través del cual el Gobierno provincial espera superar los fallos judiciales que prohíben las pulverizaciones en cercanías de las escuelas rurales.
De esta manera quedan suspendidas las movilizaciones que los chacareros pensaban realizar a partir de este jueves en las rutas de la provincia. Algunos, por ejemplo, proponían protestar en la zona del túnel subfluvial, como en 2008.
El debate entre los productores y los dirigentes de la Mesa de Enlace fue duro –“bastante caliente por momentos”, según la definición de una de las fuentes consultadas por DOS FLORINES–, se escucharon muchas quejas, críticas al accionar gremial y hasta “pases de facturas” por parte de los chacareros, en especial de aquellos que viven momentos de angustia ante la imposibilidad de trabajar.
Los dirigentes, no sin esfuerzo, lograron finalmente que las bases comprendieran que la redacción de un decreto lleva un tiempo prudencial –algunos sólo estaban dispuestos a ofrecer una “tregua” de tres días– porque de lo contrario se correría el riesgo de que la norma no fuera correctamente fundamentada y se volviera, otra vez, a fojas cero.
El mandato de las bases es “meterle presión” a los funcionarios, “estar encima” de ellos, para que aceleren los tiempos administrativos y el decreto esté listo lo antes posible.
También se acordó abrir el diálogo con los directivos de las escuelas rurales para que comprendan los perjuicios que los fallos ocasionan en la actividad productiva, y, asimismo, hablar con los candidatos a cargos ejecutivos y legislativos.
Otras de las decisiones adoptadas anoche fue la de confeccionar un listado con los productores afectados por la prohibición de aplicar fitosanitarios –hasta hoy no se sabe exactamente cuántos son– y pedir al Gobierno provincial que sean exceptuados del pago de Ingresos Brutos y del Impuesto Inmobiliario Rural.
La posición de Bordet.
Mientras, el gobernador Gustavo Bordet, unas horas antes de la reunión de productores de este miércoles, fijó su postura respecto de este polémico tema.
Los conflictos, señaló, se resuelven “con buena voluntad” de las partes porque “no hay ningún conflicto que resuelva de manera unilateral, con una sola parte”
Aquí, prosiguió, hay dos sectores y “los dos tienen razón” por lo que ante esta disyuntiva “hay que encontrar una norma que genere los consensos básicos, en primer lugar, para que no se caiga el sistema de producción, y segundo, para que no se dañe la salud de nuestros niños y de los vecinos que están en los poblados cercanos a las zonas donde se realizan pulverizaciones”.
Bordet, en este sentido, confirmó que se redactará un nuevo decreto que luego deberá ser ratificado por una ley porque, afirmó, “hay que encontrar un ordenamiento legal” en esta materia.
Se lamentó porque en la Legislatura, durante todo este tiempo, no se pusieron de acuerdo para encontrar una norma. “Se aprobó un proyecto en el Senado y después hubo otro criterio en Diputados”, recordó, al tiempo que se comprometió a convocar a todas las partes, a todos los sectores, para encontrar “un término medio” y “medidas que sean graduales” porque, advirtió, “hay sistemas de producción que en el tiempo no van a ser más sustentables” dado que “han cambiado hasta los hábitos de consumo y de ventas, en determinados países, con relación a determinados productos que son tratados con agroquímicos”.
Con Etchevehere.
Por otra parte, algunos dirigentes se encuentran organizando una reunión entre las entidades vinculadas al sector agropecuario, públicas y privadas, con el secretario de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, para continuar con el análisis de la situación.
La idea es que a ese encuentro que, en principio, se concretaría el lunes 10 de junio, asistan también funcionarios provinciales, en especial el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.
Se maneja, asimismo, la posibilidad de que sean invitados otros nucleamientos, como Unión Industrial de Entre Ríos y el Consejo Empresario de Entre Ríos, para que puedan informarse de algunos detalles de esta problemática que, al menos hasta el momento, no encuentra una solución que permita superar las diferencias entre los sectores en pugna.
