Para redactar el decreto, el Ejecutivo buscará argumentos sólidos y para eso pedirá informes científicos rigurosos. El objetivo es que la nueva ley sea sancionada por la actual Legislatura. Danilo Lima
“Necesitamos una ley”, les dijo el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, Emilio Castrilllón, a los productores y dirigentes agropecuarios cuando el último jueves los recibió en el Palacio de Tribunales, junto a los vocales Martín Carbonell, Bernardo Salduna y Miguel Giorgio.
Aquel día, además, Castrillón había subrayado que encontrar una solución al diferendo por la prohibición de aplicaciones de productos fitosanitarios en cercanías de escuelas rurales escapaba al Poder Judicial, con lo cual quiso significar, claramente, que la solución es política, y si es política hay que buscarla, inexorablemente, en las esferas de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
Ante este escenario, y mientras continúan vigentes los fallos que prohíben las pulverizaciones, el secretario de Producción, Álvaro Gabás, y el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, se reunieron este lunes con representantes de entidades agropecuarias. Participaron del encuentro Raúl Boc-hó, presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer); Daniel Kindebaluc, titular de la Federación Entrerriana de Cooperativas (Fedeco); Matías Martiarena, vicedirector de la Federación Agraria Argentina (FAA) en Entre Ríos; Walter Feldkamp, director por Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina (SRA); y Miguel Pacheco, gerente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos.
El decreto.
Según pudo saber DOS FLORINES, el Gobierno provincial insistirá con la vía del decreto para tratar de salir del pantano donde se encuentra el debate, pero, en forma paralela, buscará activar la discusión en la Legislatura para que antes del cambio en la composición de las cámaras, esté sancionada una nueva ley.
El decreto aparece como una herramienta necesaria ante la urgencia de los tiempos productivos que, las más de las veces, son más rápidos que los tiempos políticos. Un decreto bien fundamentado, entienden en el Ejecutivo, permitiría salir de la encrucijada mientras se debate la nueva legislación. Si el decreto “zafa” de las miradas de los jueces, los productores podrían volver a trabajar en las zonas actualmente vedadas.
Para la elaboración del decreto, el Ejecutivo buscará argumentos sólidos y para eso se pedirán informes técnicos y científicos a la Facultad de Ciencias Agropecuarias, el INTA, el Conicet, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Ambiente. De esta forma, confían los funcionarios, se superarían las objeciones que planteó el juez Giorgio en el fallo que ratificó las decisiones judiciales anteriores que prohibieron las pulverizaciones aéreas a menos de 3.000 metros de escuelas rurales, y de 1.000 metros en el caso de aplicaciones terrestres.
“Hay que hacer un estudio acabado, científico, que demuestre sin dudas que se puede hacer una pulverización a una distancia menor. Eso es precisamente lo que queremos, lo que se pretendió y ese fue el motivo del fallo”, les había recalcado Giorgio a los productores el último jueves.
Castrillón, en este sentido, había subrayado “la necesidad de que se acredite, a través de estudios científicos, que los agroquímicos no dañan la salud” porque “esto no ha sido acreditado”.
La ley.
Mientras se trabaje en la redacción del decreto, sobre la base de los estudios técnicos y científicos que serán requeridos, el compromiso de la administración del gobernador Gustavo Bordet es reactivar el debate en la Legislatura para sancionar una nueva norma que reemplace a la Ley de Plaguicidas actualmente vigente.
El desafío es que la nueva norma sea rápidamente tratada por las cámaras y sancionada antes del fin de esta Legislatura, es decir, antes del 10 de diciembre cuando asuman los legisladores electos en los comicios del próximo 9 de junio.
Funcionarios y dirigentes agropecuarios, en este sentido, consideran que los actuales senadores y diputados están perfectamente al tanto de la problemática y eso ayudaría a tratar con premura el proyecto.
“Salimos con una razonable expectativa positiva”, le dijo a DOS FLORINES, uno de los dirigentes del sector agropecuario que participó del encuentro con Gabás y Rodríguez Signes, especialmente, enfatizó, “por la presencia del fiscal de Estado que para nosotros es muy importante”.
Reunión.
Mientras, este miércoles 29, a partir de las 20, en el Centro Comercial de Crespo se desarrollará una nueva reunión de productores con los integrantes de la Mesa de Enlace de Entre Ríos.
El objetivo del encuentro es analizar las gestiones y resultados obtenidos tras la movilización del último jueves a los Tribunales, al tiempo que se debatirán eventuales pasos a seguir.
